Revista El Observador - Vecinos de la cementera de Financiera y Minera temen por su salud tras el informe de Greenpeace y critican que el aval para quemar 62.000 toneladas de basura al año se ha concedido a sus espaldas

PP y PSOE evitan pronunciarse sobre la incineración mientras que IU y Los Verdes critican sin paliativos la medida. Vea estas IMÁGENES de la fábrica de La Araña

15/02/08. Medio Ambiente. “Los políticos se han preocupado muy mucho de ocultarnos que la cementera iba a funcionar como una incineradora. Nos parece una canallada que con nuestros impuestos y a nuestras espaldas se ayude a una empresa privada, que gana mucho dinero, para que realice acciones que afectarán a nuestra salud. Estamos enormemente preocupados”. La Asociación de Vecinos de la barriada malagueña de El Candado expresó ayer a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la “rabia e impotencia” que siente ante el permiso concedido a la fábrica de Financiera y Minera de La Araña para que queme 62.000 toneladas de residuos frente a sus casas, sobre todo después de conocerse el reciente informe de Greenpeace ‘La contaminación en España’, del que informó esta revista ayer. EL OBSERVADOR ha consultado a los candidatos por Málaga al Parlamento de Andalucía de las diferentes formaciones políticas (PP, PSOE, IU) y al cabeza de lista de Los Verdes a la Junta sobre este asunto. Esperanza Oña y Rosa Torres dieron la callada por respuesta. José Antonio Castro y Andrés Sánchez criticaron sin paliativos la medida. Vea en esta GALERÍA DE IMÁGENES las instalaciones de la playa de La Araña.

“LOS malagueños no son conscientes que van a convivir con una incineradora que no debería estar tan cerca de los núcleos habitados. Numerosos estudios científicos han demostrado el daño que puede provocar estas instalaciones en enfermedades cancerígenas, respiratorias y en el aparato nervioso”, sostienen desde la Asociación de Vecinos de El Candado, barriada malagueña aledaña a la fábrica de Financiera y Minera, donde no dudan en exigir la denegación del permiso para que estas instalaciones operen como incineradora. El reciente informe de Greenpeace ‘La contaminación en España’, del que informó esta revista ayer, y que sitúa a dicha cementera como uno de los puntos negros de la contaminación en España no ha hecho

sino corroborar lo que los vecinos ya venían denunciando tiempo atrás.

ESTA comunidad vecinal señaló que el permiso concedido por la Junta de Andalucía “se ha realizado a nuestras espaldas. Una política de hechos consumados que se ha hecho sin consultar a la parte más afectada, que vamos a ser nosotros. Y mientras, con nuestros impuestos se ayude a una empresa privada, que gana mucho dinero, a realizar acciones que afectarán a nuestra salud”, apuntan en clara referencia a la subvención de 1,2 millones de euros concedida por el gobierno andaluz para la remodelación de estas instalaciones, de las que hoy le ofrecemos esta GALERÍA DE IMÁGENES.

POR su parte, Ceferina Cantalejo, alias tras el que se esconde la autora del blog http://nocementera.blogspot.com/ incidió que “es inaudito que Málaga a día de hoy deba soportar un anacronismo contaminante y antipaisajístico de la envergadura de la fábrica de La Araña: creo que la campaña electoral en ciernes no debería dejar pasar por alto este trascendental tema para la ciudad y la salud de los malagueños”.

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EN este sentido, y tras las consultas realizadas ayer por esta revista a los candidatos por Málaga al Parlamento Andaluz de las distintas formaciones políticas, las posturas han quedado claras: frente al expresivo silencio de la ‘popular’ Esperanza Oña y de la socialista Rosa Torres, José Antonio Castro, de Izquierda Unida, y Andrés Sánchez (este último candidato de Los Verdes a la Junta) mostraron una oposición frontal a la incineración en las instalaciones de Financiera y Minera en La Araña.

JOSÉ Antonio Castro recordó ayer que en su formación “no estamos de acuerdo con la quema de residuos. La ley, además, no recoge con rigor los problemas ambientales que plantea. La quema de basuras no sólo afectará a los vecinos de la zona, sino que afectará a toda la provincia y provocará daños al medioambiente generando nuevos contaminantes. Aunque la legislación establece unos filtros, eso no es garantía y supone esperanza_ona

añadir un riesgo innecesario”.

RESPECTO a las subvenciones a Financiera y Minera, Castro resaltó que quienes más contaminan “no sólo no deben recibir las ayudas, sino que deben ser penalizados. Defendemos la existencia de una fiscalidad ecológica que restaure lo deteriorado. No hablamos ya de quien contamina paga, sino que vamos más allá y quien contamina, restaura para evitar que las empresas incluyan la sanción a su cuenta de resultados y sigan contaminando sin mayores problemas”.

EN términos muy parecidos se expresó Andrés Sánchez, de Los Verdes, que recordó que “la política de residuos en Andalucía excluye completamente la incineración. La autorización que se está dando a las cementeras para permitirles la incineración de residuos supone incumplir lo establecido en el Plan Director de Residuos Urbanos y además la Junta lo hace a escondidas y por la puerta de atrás, siguiendo una política de hechos consumados y ocultando las decisiones. Las cementeras no son instalaciones para la gestión de residuos (ni funcionan con protocolos específicos), sino plantas industriales. Es un riesgo para los trabajadores de la planta, además de para la población colindante”.

SANCHEZ coincide en exigir una fiscalidad ambiental: “Quien contamina, debe cerrar; y quien hace uso

de recursos naturales, o provoca impactos sobre ellos, debe pagar, nunca cobrar. Hoy vivimos el mundo al revés: se subvenciona a quien destruye el medio ambiente, y se le ponen trabas al desarrollo de las alternativas ecológicas en energía, o en gestión de residuos”, subrayó al tiempo que adelantó que Los Verdes “vamos a revisar las autorizaciones ambientales integradas, porque a la Junta se le ha hecho tarde, y creemos que se están concediendo sin el suficiente rigor. En particular, les retiraremos las autorizaciones para la incineración de residuos a las cementeras por tres motivos: porque es una pésima política para gestionar los residuos; porque incrementa la contaminación del aire en nuestras ciudades; y porque supone un riesgo adicional a la salud y seguridad laboral para los trabajadores”.