La Junta ni aporta subvención ni permite excavar hasta que se sepa qué es lo que se quiere hacer en las cuevas de La Araña

20/03/07 MÁLAGA. Que la empresa Financiera y Minera se publicite ahora como la defensora de la arqueología malagueña viene a ser como cuando Julián Muñoz se presentaba como un modelo de transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Marbella: una contradicción insalvable. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ya publicó cómo en los terrenos de la fábrica en La Araña existen cuevas prehistóricas y que las extracciones y el funcionamiento de las canteras de la multinacional habían causado serios e irreparables destrozos en varias de ellas (AQUÍ nº 46 de EL OBSERVADOR). Con estos antecedentes, la semana pasada Financiera y Minera anunció que iba a aportar 15.000 euros, el Ayuntamiento de Málaga otros 15.000 y la Fundación Málaga otro tanto para la “promoción del yacimiento arqueológico”. La Junta de Andalucía dijo que no pagaría un euro para este proyecto. La justificación, en palabras del delegado de Cultura en Málaga, se debe a que “no hay proyecto”, es decir, a que el gobierno andaluz no sabe exactamente qué hay que financiar. No sólo eso, como institución responsable, la Junta tampoco da permisos para realizar excavaciones en las cuevas de La Araña. Cabe preguntarse entonces para qué se destinarán los 45.000 euros en unas cuevas en las que hasta ahora, quien se había adentrado en ellas, lo había hecho de manera clandestina al estar en un recinto privado.

EL presidente de la Federación Andaluza de Espeleología, José Antonio Berrocal, es un buen conocedor del patrimonio geológico y arqueológico que atesoran los terrenos en La Araña de la empresa Financiera y Minera, sociedad a la que no duda en señalar responsable de la destrucción sistemática durante varios años de “al menos 15 cuevas, que tengamos constancia y evidencias fotográficas”. Calcula Berrocal “que unas tres o cuatro de ellas tenían restos arqueológicos” y recuerda que el acceso a las mismas “ha estado prohibido desde hace mucho tiempo por ser un recinto privado”.

EL pasado miércoles la empresa cementera junto al Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Málaga firmó un convenio “para que los secretos del yacimiento” salieran a la luz, como declararon a los medios locales representantes de estos organismos. Cada institución aporta 15.000 euros. El gobierno andaluz acudió al acto pero adelantó, en palabras de su delegado de Cultura en Málaga, Francisco López, que no aportaba dinero al plan: “No hemos podido firmar porque no hay un proyecto adaptado al reglamento de actividades arqueológicas”, declaró.

NO sólo eso. López dijo que las actividades que se podrán desarrollar en La Araña “serán de promoción y protección mediante ciclos de conferencias, pero no podrán continuar las excavaciones en el yacimiento”. Y no ha sido precisamente pródigo el gobierno andaluz en la concesión de permisos para realizar excavaciones arqueológicas, proyectos para los cuales se necesitan unas líneas de investigación muy consolidadas y que se cuentan con los dedos de una mano.

ANTE la explicación de Francisco López ( “necesitamos que se defina qué se quiere investigar, cómo y con qué metodología, porque la Consejería de Cultura no puede apoyar una cosa que no existe”), cabe preguntarse si desde el consistorio malagueño o la Fundación Málaga conocen algo más de los objetivos del convenio alcanzado y si sabían que las detonaciones y extracciones de las canteras habían dañado el patrimonio arqueológico existente.

PUEDE leer aquí el reportaje del nº 46 donde se informaba del destrozo del patrimonio histórico:
- EL OBSERVADOR nº 46. Crimen contra el patrimonio histórico

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