EL OBSERVADOR gana el tercer juicio al que se enfrenta tras las victorias contra Aifos y el gerente del Cervantes, Salomón Castiel
El demandante Domingo Leria no se presentó al juicio en el que solicitaba que se rectificara una información sobre las recalificaciones urbanísticas de Ardales
26/07/07. Tribunales. Tres
de tres. Ése es el balance de victorias que lleva la revista EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en los juicios que ha
tenido que afrontar por la labor periodística que realiza denunciando en sus
noticias todo lo que cree necesario sin importar de quién se trate ni el
‘tamaño’ del protagonista. Tres demandas de las que ha salido victorioso en
todas. La última tuvo lugar la semana pasada: se pedía a este medio de
comunicación que rectificara una información publicada el año pasado sobre las
recalificaciones urbanísticas de Ardales. Domingo Leria, el demandante, no se
presentó al juicio que debía tener lugar el pasado lunes 16 de julio. Antes
también perdieron la constructora Aifos, que demandó a EL OBSERVADOR por sus
informaciones sobre la promotora antes de que se conociera nada sobre la
‘Operación Malaya’, y el gerente del municipal Teatro Cervantes y máximo
responsable del Festival de Cine de Málaga, Salomón Castiel. Esta revista aún
tiene pendiente el juicio por la querella criminal interpuesta por una de las
empresas que llevan a cabo el macroproyecto urbanístico de Los Merinos en
Ronda. Se exige una indemnización de seis millones de euros.
veracidad de una de las
informaciones que este medio de comunicación dio el año pasado sobre las
recalificaciones urbanísticas que se hicieron en el municipio malagueño
mediante la firma de tres convenios para construir miles de viviendas y varios
campos de golf, entre otras edificaciones. Proyectos que en la actualidad
siguen vigentes. El procedimiento verbal 913/2006 se falló ese mismo 16
de julio cuando la parte demandante no compareció en el juicio y perdió todo
derecho de rectificación. En este caso no había indemnización posible de por
medio.TAMPOCO compareció en el juicio la promotora Aifos porque en la misma mañana en que debía celebrarse retiró la demanda que había puesto varios meses antes. En este caso, la empresa del imputado Ruiz Casado llevó a EL OBSERVADOR a los tribunales por varias informaciones publicadas sobre las actividades de la inmobiliaria cuando aún ni siquiera se conocía la ‘Operación Malaya’ y mucho menos la implicación de Aifos. Lejos de amedrentarse, este medio de comunicación siguió con su labor informativa y meses después se destapó el caso de corrupción urbanística de Marbella en el que hay cuatro imputados de Aifos, entre ellos el dueño Ruiz Casado y el director general Jenaro Briales. La empresa pedía 20.000 euros de indemnización.
LA demanda del gerente del Teatro Cervantes y director del Festival de Cine Español, Salomón Castiel, es la primera en el tiempo y su fallo se produjo en el 2005. Castiel acusó al
director de esta revista, Fernando
Rivas, de intromisión ilegítima en su honor y su religión por
los contenidos de una serie de artículos publicados en los números 32 y 33 de EL OBSERVADOR. En un
primer momento, el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Málaga falló a favor
de Castiel en febrero de 2004, pero finalmente la sección 5ª de la Audiencia
Provincial de Málaga dio la razón a EL OBSERVADOR y además obligó a Salomón Castiel a pagar las costas del juicio. En su
fallo podía leerse, entre otras expresiones, lo siguiente: "En modo alguno
supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor y religión de Don
Salomón Castiel Abecasis, y sí por el contrario una expresión del derecho a expresar
y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra o
cualquier otro medio de reproducción..." El gerente del Cervantes no
recurrió.EL único juicio que tiene pendiente este medio de comunicación es por la querella criminal interpuesta por JM Legión Española, una de las sociedades promotoras del macroproyecto urbanístico de Los Merinos en Ronda. JM Legión Española acusa a EL OBSERVADOR de un presunto delito de calumnias e injurias y le exige en compensación la cantidad de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas). La redacción de este medio quiere manifestar que esta demanda (al igual que las otras) no es otra cosa que un intento de coartar el derecho a la libertad de expresión e información. La intención de EL OBSERVADOR es seguir informando como mejor le parezca de todo el proceso que rodea al macrocomplejo de Los Merinos.
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