OPINIÓN. Pasados presentes. Por Fernando Wulff Alonso
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Málaga

fernando_wulff.jpg26/03/12. Opinión. “La Ley de Amnistía del 15 de Octubre de 1977 es de una indiscutible legalidad, pero también de una indiscutible injusticia (…) Hubo ya aquí un primer capote que olía y huele a sangre. El que se pasó por la cara de los que se enfrentaron a tanta vesania, los antifranquistas represaliados, los mantenedores de la decencia y la libertad, cuando se aprovechó su amnistía para impregnarlos del olor a sangre que rezumaba de sus perseguidores. El que se pasó por la cara

de la Justicia en nombre de la nueva legalidad. El que se produce cuando se confunde a torturadores con torturados, víctimas y delincuentes”. Fernando Wulff recurre en esta colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com a las letras flamencas -“sintetizan en unos pocos versos toda una historia”- para recordar capítulos no cerrados de la memoria de España.

El Tribunal Supremo y un capote que huele a sangre

HAY muy variadas razones por las que me siguen sorprendiendo las letras flamencas. Quizás es la necesidad de sintetizar en unos pocos versos toda una historia lo que hace que tantas veces nos encontremos en medio de un relato mínimo pero restallante, que funciona como si, al pasear, el resquicio de una ventana nos mostrara una escena antes de cerrarse rápidamente. Muy pocas veces  la regla de oro del juego, que cada estrofa ha de ser única y autosuficiente, genera por sí misma la sorpresa. Éste es el caso de un cante de Cádiz, una romera, que empieza situándonos en una escena bucólica, casi edulcorada:

Debajo de los laureles
Tiene mi niña su cama
Y cuando se va a dormir
Viene la luna y la llama

ASI que los laureles, el dulce sueño de la niña, la luna que habla con ella… Pero, inmediatamente, ya multiplicando el ritmo, y la dificultad del cante, la otra letra:

Qué disparate
Qué disparate
Vaya capote
vaya un capote
que huele a sangre

Y uno siente que la niña que duerme dulcemente en su cama entre los olores del laurel no va a recibir la visita de la luna, sino el roce amargo del capote que inevitablemente la despierta para verse impregnada de esa sangre que sale de repente de ningún sitio.

PIENSO en todo esto cuando me pregunto qué ha podido pasar para que, treinta y cinco años después del final del franquismo, más de setenta años después de acabada la guerra producida por el golpe militar de 1936 que lo elevó al poder y que acabó con un régimen legítimo y democrático, la instancia jurídica más elevada del país se permita acusar a un juez por haber intentado en su momento ofrecer tutela jurídica a quienes pretendían encontrar los cadáveres de gentes torturadas y asesinadas en ese golpe militar y en los terribles años que siguen y enterrarlos dignamente. Y a un juez, además, que ya había desistido de hacerlo.

SE entenderá que me resulte -casi- indiferente que hayan decidido finalmente absolverlo. Una lectura detenida de la sentencia del 27 de Febrero del 2012 me deja dos sensaciones claras.

LA primera es que los magistrados de la Sala II del Supremo conocen muy bien su oficio, el Derecho, porque, dejémoslo claro, su oficio es el Derecho y no la Justicia. No se les escapan las doctrinas que sostienen la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, y no dudan siquiera en que lo ocurrido en el bando franquista durante y después de la guerra entre en esa categoría, por más que sostengan como argumentos decisivos en sentido contrario que en el sistema español no cabe investigación judicial sin acusado, la prescripción de los delitos o el papel de la amnistía de 1977. Saben mucho estos jueces de jueces, sin duda satisfechos de hallarse en lo que muy bien pudiera considerarse la cumbre del sistema judicial.

garzon

LA segunda es la sensación de absoluta banalidad que deja su despliegue de saber porque, finalmente, lo importante, que la acusación de prevaricación contra Garzón no se sostiene, queda nítido en apenas unos párrafos. No hace falta más. Hay, aseguran, una aplicación errónea de la norma cuando el 16 de Octubre de 2008 Garzón, desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional asumió la competencia para investigar lo que se le solicitaba. Pero hay argumentaciones, no arbitrariedad, ni hay sentencia injusta a sabiendas de que lo es, con lo que no hay base ninguna para calificarlo como un delito. El propio Garzón se había inhibido, además, poco después, cuando se le comunicó que los 35 acusados estaban muertos, y, adicionalmente, la aplicación errónea de la norma habría quedado sin valor cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 2.12.2008 dejó claro que la Audiencia Nacional, y por tanto el Juzgado de Garzón, no tenía competencias para el tema.

ASí de simple. Con todo ello uno se pregunta a qué esa lanzada innecesaria y a toro muerto, por qué el Supremo no se había limitado a rechazar la querella, tal como le solicitaba el mismo Ministerio Fiscal, esgrimiendo estas argumentaciones tan nítidas. Y uno se pregunta qué puede pasar por las cabezas de sus miembros para hacernos pasar, una vez más, por tanta vergüenza propia y ajena, y más en un sistema judicial profundamente ineficaz en el que no escasean insensateces ni insensatos, a los que muy difícilmente se llama al orden. Capaces, según nos cuentan en su texto, de entender los sentimientos de los descendientes de las víctimas de tanta violencia y tortura, no se han visto capaces de aprovechar la magnífica oportunidad de callarse, y de haberle evitado a Garzón y a todos nosotros -un nosotros que incluye a buena parte de quienes en España y fuera de ella creemos en los derechos humanos-  este espectáculo al que su erudición no hace sino añadir fanfarria. Y es que los señores magistrados que se han explayado tan innecesariamente en el Derecho que les es propio, han hurgado con todo ello en las heridas de la Injusticia.

PORQUE no puede ser más obvio que, para empezar, una de las bases esenciales de todo este juego, la Ley de Amnistía del 15 de Octubre de 1977, es de una indiscutible legalidad, pero también de una indiscutible injusticia.

LO que centralmente dice la ley es simple: en su artículo 1º a se asegura que quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuere su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de Diciembre de 1976 (a continuación se matizan algunas fechas posteriores). Y en su artículo 2º e y f precisa que, en todo caso, están comprendidos en la amnistía: Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la persecución de los actos incluidos en esta ley y Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

EN sus apenas dos páginas se articula una curiosa sopa de contradicciones, que comienza con el hecho obvio de que se habla de dos legislaciones distintas, una que existía y otra que no. 

EN base a una legislación enemiga de los derechos humanos y bien real se iba a acusar o ya se había acusado y condenado, torturado, encarcelado, perseguido a quienes luchaban por la libertad y la dignidad. Y ahora a éstos (a estas víctimas) se les concede la gracia de quedar amnistiados de tales delitos y faltas (Amnistía: “Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”). No se ponía en cuestión esa brutal legislación, no se revocaba su condena, no se consideraba injusta, no se les compensaba ni siquiera moralmente, no recibían las disculpas de sus verdugos, sencillamente se les perdonaban las penas ligadas a su condición de delincuente (delincuente: “el que delinque”; delinquir: “cometer un delito”).

LA otra legislación, la que da cuerpo a los derechos y a la dignidad humanas, aparece tan sólo para evitar su aplicación sobre esos verdugos: quedan amnistiados esos delitos y faltas que pudieran haber cometido o que hubieran efectivamente cometido policías, jueces y fiscales y, muy en particular, quienes les mandaban -la clase política franquista- contra el ejercicio de los derechos de las personas. Nótese que se reconoce que eran delincuentes (delincuente: “el que delinque”; delinquir: “cometer un delito”), pero sólo para lo que en realidad se hace aquí: concederles la amnistía (Amnistía: “Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”).

ASÍ que quedan impunes los auténticos delincuentes, que podrían continuar y continuaron sus vidas felizmente, medrar en el nuevo régimen como si nada hubiera pasado, sin ser juzgados ni pedir perdón a sus víctimas siquiera. La Declaración de Derechos Humanos nos puede servir ahora para recordar los más importantes de sus delitos, porque hablamos de gentes que durante cuarenta años habían cometido crímenes contra el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las persona, que habían sometido a otros a torturas, a penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que habían detenido arbitrariamente, metido en prisión, sometido a tribunales que no eran independientes ni imparciales a decenas de miles de ciudadanos, que habían atacado brutalmente la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión y de asociación, y habían negado a todos el derecho a participar en el gobierno del país.

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HUBO ya aquí un primer capote que olía y huele a sangre. El que se pasó por la cara de los que se enfrentaron a tanta vesania, los antifranquistas represaliados, los mantenedores de la decencia y la libertad, cuando se aprovechó su amnistía para impregnarlos del olor a sangre que rezumaba de sus perseguidores. El que se pasó por la cara de la Justicia en nombre de la nueva legalidad. El que se produce cuando se confunde a torturadores con torturados, víctimas y delincuentes.

¿FUE conveniente la amnistía de 1977 en pro de lo que en la sentencia se denomina  “justicia transicional”? Los casos nombrados por el Supremo para corroborarla, con Sudáfrica por delante, van unidos a dos cosas claras: no hay reconciliación sin solicitud de perdón por parte de los únicos y auténticos criminales y no la hay sin que pública y colectivamente  se acepte y defienda de la manera más clara el horror de lo pasado, la perfidia intrínseca de regímenes que se han basado en la destrucción de los derechos y la dignidad humanas. Nada de eso ha pasado aquí. Y esto no permitió, ni permite, limpiar el enrarecido escenario de tanta infamia, ese mundo donde ahora, con razón, se le exige a ETA el reconocimiento de sus crímenes, pero donde entre quienes lo hacen encontramos a gentes que han saludado como un terrible acontecimiento la muerte de responsables directos de todo esto, delincuentes que nunca pidieron perdón, y que no dejan de lanzar guiños sobre el franquismo. Tanta ambigüedad viene de tanta miseria moral. Dejando a un lado la guerra -sin olvidar que hablamos de un sanguinario golpe militar dirigido al exterminio- dudar de los asesinatos, torturas y persecuciones masivas con que inauguraron su paz y los asesinatos más selectivos y los delitos permanentes que hemos visto contra los derechos humanos, es un acto contra la verdad, la reconciliación y la justicia, y se sigue haciendo día a día sin consecuencias ni penales ni políticas. El tránsito del franquismo de ser un régimen que se basaba en el asesinato y la tortura a ser un régimen basado en la tortura y el asesinato no quita un ápice de lo que fue.

SE sigue dejando en el olvido cuarenta años de delitos y delincuentes enseñoreados del país. Y, a la vez, se sigue permitiendo que haya decenas de miles de muertos sin enterrar dignamente al borde de los caminos, otro amargo fruto de aquel horror, y que sus parientes sufran esperando una decisión política o judicial de verdad efectiva que no parece llegar nunca. Y se sienta en el banquillo de los acusados a un juez que en su momento apuntó la necesidad de hacer algo por ellos desde la justicia y desde la legalidad.

¿HAN sentido alguna vez sus señorías el olor a sangre cuando convivieron, allá en lo alto del sistema judicial, con la importante proporción de magistrados del Tribunal de Orden Público que llegaron al Tribunal Supremo y de fiscales de la misma procedencia que tuvieron igual fortuna? Incluso la pacatería típica de una de los grandes culpables y pergeñadores de todo esto, el PSOE, no pudo menos que reconocer, por más que de la manera desmañada que les caracteriza, en la ley 52/2007 lo radicalmente injusto de las condenas y sanciones de organismos como el Tribunal de Orden Público a los que se consideraba sencillamente ilegítimos. ¿Cuando se sentaban sus señorías a su lado en el alto tribunal, olían las muertes, los años de prisión, las torturas ocultadas sistemáticamente, saliendo de las togas de unos compañeros de tal distinguida procedencia?

Y me pregunto también si no hubieran podido encontrar razones para una decisión bien distinta -o, por lo menos, para no haber sentado en el banquillo de los acusados a Garzón, cuando a su lado habían tenido, felizmente sentados, tan excelentes candidatos para ocupar su lugar- en el propio derecho, ya que no en la justicia. Hasta quienes se lo inventaron tuvieron muy claro que por encima de la legalidad estaba la equidad. Quizás, en el fondo, les faltó también algo de saber a tan eruditos e insignes juristas, que podían no haber olvidado a Cicerón cuando señalaba que la equidad es tan parte de la ley como el derecho, el Código de Justiniano que insta a que en todas las cosas se atienda más a la justicia y a la equidad que al estricto derecho, o el Digesto, en el que Antonino Pío recomienda que incluso el procedimiento judicial se altere por razones de equidad, y en el que Ulpiano insiste en la necesidad de observar la equidad en el derecho, incluso en un caso concreto defendiendo en nombre de la equidad que, aunque no hubiera posibilidad de acción civil, no debería haber impunidad.

PERO a qué añadir erudición inútil a más erudición inútil. Lo claro, ya lo he dicho, es que perdieron los miembros de tan alto tribunal, ellos, la cumbre de nuestro sistema de derecho, una magnífica  oportunidad de callarse y, en cambio,  despliegan, a toro pasado, un saber innecesario sobre un juez valiente. Remueven así la miseria moral que rodea todo esto. Hacen que desde el mundo entero se les mire con estupefacción. Nos hacen preguntarnos cuál es verdaderamente su papel en la estela de tantos horrores, ambigüedades, complicidades y cobardías, en la estela, en síntesis, de tanta injusticia, de tanto capote que huele a sangre.

NOTA: se encontrarán las referencias a los textos latinos señalados (Cicerón, Top. 31; Off. 1, 30; Cod. Iust. 3, 1, 8; Dig. 4, 1, 7; Dig. 50, 17, 90) y a otros en el magnífico libro del Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Santiago de Compostela Gerardo Pereira Menaut, Topica. Principios de Derecho y Máximas Jurídicas Latinas, Madrid, Editorial Rasche, pp. 60 ss. (par. 41). Sobre el Tribunal de Orden Público y las carreras de sus magistrados en democracia es esencial el libro del Magistrado Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Editorial Planeta, 2001.

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