Los recortes de la universidad pública corren paralelos a la expansión de centros privados que no siempre garantizan criterios de calidad y una mínima investigación

16/11/12. Sociedad. Con un mercado de trabajo cribado por los requerimientos de títulos universitarios para acceder a determinados puestos, la educación superior se ha convertido en un lucrativo negocio. Mientras la universidad pública española sufre los recortes más profundos de la historia democrática, los centros privados de educación superior aumentan su cuota de mercado, pero no siempre cumpliendo unos mínimos estándares de calidad. Al hilo del anuncio de la posible llegada a Málaga de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com analiza los riesgos de entender el ciclo superior como un negocio de expedición de títulos.

TITULITIS. Término popular que hace referencia al fenómeno de curriculums engordados de licenciaturas, masters y cursos superiores; en sentido peyorativo, ansia de calificación excesiva. Término que hace referencia también a una realidad incuestionable, la de que una inmensa cantidad de jóvenes -y sus padres- buscan un título universitario como parte indispensable de su formación, que les garantice el acceso a un puesto de trabajo a la altura de sus expectativas. Esta demanda genera en nuestro país un negocio de miles de millones de euros.

LAS universidades privadas surgen en España para cubrir aquellos huecos de este mercado que deja la universidad pública. Cada año, miles de alumnos quedan fuera de los estudios a los que aspiran porque no les alcanza la nota mínima. Esta situación, junto a otras de corte ideológico -afinidad con la política educativa y doctrina del centro- y otras, el prestigio de la institución o las facilidades para completar los estudios, derivan a una riada de estudiantes a los centros privados. Sector en el que en España se encuentran desde entidades de reconocida calidad, como la Universidad de Navarra, ligada al Opus Dei, hasta otras con mucha peor prensa, como la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), que recientemente ha anunciado su intención de establecer una de sus sedes en Málaga.

EN
la capital de la Costa del Sol no han proliferado aún los centros universitarios privados que sí funcionan en otros puntos de la geografía nacional. Con una universidad pública jovencísima, de apenas 40 años recién cumplidos, al anuncio de la UCAM -de momento solo una declaración de intenciones- se le suman los rumores de que también otras privadas, la Universidad Europea de Madrid (CEES) o la Fundación Universitaria San Pablo CEU tienen a Málaga en el mapa de sus procesos de expansión. No obstante, con 36.000 alumnos censados en la UMA, parece que hay mercado para un sector privado que de momento solo está representado por la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE).

EADE
es una delegación de la Universidad de Gales, que desde 2001 intenta sin éxito que la Junta de Andalucía le reconozca como universidad privada española. Por eso, buena parte de sus alumnos se ven obligados tras acabar sus estudios a que les homologuen sus títulos, proceso que puede durar desde varios meses a varios años. “La homologación de un título extranjero es siempre competencia exclusiva del Ministerio de Educación del país que recibe al graduado. Por tanto, la homologación de títulos extranjeros en España no es competencia de la Universidad de Gales”, especifica EADE. Claro que esta institución también se cuestiona “para qué sirve en realidad la homologación (…) Prácticamente ya sólo abre puertas de la Administración, pues sigue siendo un requisito exigido en la convocatoria de algunas oposiciones”.

LA UCAM está reconocida como universidad privada. Sin embargo, no ha estado exenta de polémica. Una sonada fue cuando La Verdad de Murcia destapó que el centro ultracatólico había ayudado a licenciarse por la vía rápida a 1.400 abogados italianos. “La matrícula íntegra del curso 'on-line' y del examen para homologar el título le cuesta a cada alumno 3.000 euros”, informaba el rotativo murciano. Una maniobra que proporcionó cuatro millones de ingresos a la entidad ligada con el movimiento religioso conocido como los ‘kikos’.

CASOS como estos hacen fijar la mirada en la esencia del debate entre lo público y lo privado en la educación superior, que no está sino en los diferentes criterios de garantía de calidad docente que se perciben entre unos y otros actores. Por hacer una analogía, es como comparar al Instituto Cervantes como una academia de idiomas.

SE calcula con un alumno de la UMA asume el coste real de un 25 por ciento de lo que realmente cuestan sus estudios, el resto lo proporciona el Estado. Una descomunal inversión en profesorado, instalaciones, programas de intercambio, etcétera… y también en dotar al sistema público de un control de calidad de sistemas, y sobretodo, de una capacidad de investigación científica en diferentes materias. Y es la investigación lo que diferencia y marca la calidad entre centros y posiciona el prestigio. El ejemplo de la universidad privada de Navarra, que sí garantiza y potencia estas investigaciones dista mucho de ser comparable con otras instituciones privadas, que como empresas que son marcan sus directrices y programas en base a criterios de rentabilidad y ajustes entre gastos e ingresos. Cuestión esta que el sector público asume en principio como deficitario, pero que a la larga genera un movimiento económico considerable. Por ceñirnos a Málaga, basta con observar como el barrio de Teatinos ha sido el área de crecimiento urbano más destacable de las últimas décadas a la estela del crecimiento de la UMA, conformada como un auténtico vivero de creación de empresas, profesionales autónomos, patentes… ya a su vez como un cliente de primer orden, directo o indirecto, para otras tantas empresas locales.

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