Un día después de las diligencias abiertas por la Fiscalía y tras rechazar reunirse con los vecinos amenazados, el Consistorio ofrece ahora “colaboración”

31/05/13. Sociedad. El Ayuntamiento de Málaga ofreció ayer una rueda de prensa para intentar limpiar la imagen de la empresa municipal de aguas EMASA, investigada por la Fiscalía por la comisión de un presunto delito de coacciones al contratar una empresa de cobro de morosos que amenazó con penas de cárcel a los vecinos que se negaran a firmar reconocimientos de deuda por el suministro de este bien básico. El Consistorio del PP se hizo acompañar en esta comparecencia pública por tres asociaciones de consumidores -Al-Andalus, Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) y la Unión de Consumidores- que según comprueba EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com reciben dinero de EMASA para campañas de sensibilización en el ahorro de agua.

EL coste del agua en Málaga pasó en julio de 2012 de ser una tasa pública a ser un precio privado. Tres asociaciones de consumidores, Al-Andalus, Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) y la Unión de Consumidores, apoyaron expresamente esta iniciativa. “A medio-largo plazo esta medida tendrá como desenlace un incremento en las tarifas, ya que la ley impide que las tasas se cobren por encima del coste del servicio, mientras que con la nueva forma sí se puede hacer”, alertó entonces el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla.

LAS tres citadas organizaciones tienen firmado un convenio de mediación con la sociedad municipal de Aguas EMASA para el cobro de facturas. Este acuerdo ha sido renovado. Es más. Los tres colectivos trabajan para el Consistorio llevando a cabo centenares de jornadas de divulgación en institutos y diversos centros sociales para fomentar el ahorro de agua, labor por la cual reciben dinero del Ayuntamiento.

LA Unión de Consumidores ha otorgado incluso premios a EMASA “por su buen servicio de atención al ciudadano como consumidor y usuario” (sic) y defiende que la calidad del agua del grifo en Málaga es mejor que la embotellada.

CON estos antecedentes se entiende la rueda de prensa, video, comunicado y mensajes vía Twitter que ayer difundían los servicios de prensa municipales. Este era el mensaje: “El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y tres asociaciones de consumidores afincadas en Málaga colaborarán en los procedimientos de reclamación de deuda que les planteen los clientes de EMASA en Palma-Palmilla. Los concejales de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, y del distrito en cuestión, María del Mar Torres, han respaldado públicamente el ofrecimiento realizado por los representantes de los consumidores, quienes en calidad de ‘terceros imparciales’ revisarán aquellos casos que les planteen los clientes de EMASA. Las tres entidades, Al-Andalus, FACUA-Málaga y UCE, han puesto a disposición de los ciudadanos sus respectivos gabinetes jurídicos para prestarles el asesoramiento que necesitan”.



LOLA
Fernández, presidenta de FACUA, señala por su parte que los convenios con EMASA no interferirán en la atención a los vecinos de La Palmilla que recurran a sus servicios y precisa que ha seguido el caso por la prensa, pero que a día de hoy no tiene ninguna documentación al respecto ni de la empresa municipal, ni de los ciudadanos.

LA comparecencia pública de ayer fue un día después de que se conociera que el fiscal jefe de Málaga Juan Carlos López Caballero ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado 17 de mayo por el abogado José Cosín contra el Ayuntamiento de Málaga por coacciones y amenazas a 1.800 vecinos del barrio de La Palmilla. Las diligencias de investigación penal 217/13 dilucidarán si el Consistorio del PP delinquió al contratar una empresa de cobro de morosos que amenazó con penas de cárcel a los vecinos que se negaran a firmar reconocimientos de deuda por el suministro de agua, en gran parte ilegítimos.

COSÍN señaló ayer a esta revista que ha solicitado la suspensión de todos los procedimientos judiciales abiertos hasta que la Fiscalía se pronuncie al respecto, y que está a la espera de que los responsables políticos del Ayuntamientos acepten una reunión para llegar a una solución negociada, algo que de momento ha sido denegado.

LA Palmilla es un barrio fruto de un gran realojo que se levanta a mediados de la década de los sesenta al norte de la ciudad de Málaga, como parte de un plan para erradicar el chabolismo y reubicar a vecinos afectados por planes urbanísticos en otras zonas como La Trinidad o El Perchel. Uno de los fenómenos que se ha producido desde su constitución es la transmisión de las viviendas, sin que exista escritura de estas transacciones, por lo que las deudas, impuestos y cargos de suministro han ido rebotándose y acumulándose de inquilino en inquilino. Todo ello con conocimiento de la administración local, que ha permitido esta situación de irregularidad general.

HASTA que hace unos meses y a la estela de la crisis y de la situación económica de la empresa municipal de aguas (EMASA), el Ayuntamiento de Málaga decidió atajar la situación y gestionar estos impagos cortando por lo sano. Para ello contrató a una empresa especializada en el cobro de morosos -Tracasa- que envió a su personal a realizar visitas casa por casa en el barrio, instando a los vecinos a que firmaran reconocimientos de deuda, bajo amenazas de cárcel en caso de no hacerlo. Deudas que en muchos casos eran ‘heredadas’ de anteriores inquilinos, o que se calculaban a base de estimaciones al carecer de contadores.

A las demandas civiles presentadas por EMASA siguieron cortes de suministro. Y los cortes de suministro provocaron nuevos enganches ilegales, por parte de ciudadanos que en su mayoría presentan un perfil próximo a la exclusión social: parados de larga duración, con escasos o nulos ingresos, que sobreviven de la beneficencia y la solidaridad vecinal, sin formación, de familias desestructuradas… Lo cual generó una respuesta de EMASA en forma de interposición de querellas criminales. Así hasta llegar a la situación actual en la que hay 1.800 procesos abiertos por esta causa.

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