El Área de Comunicación que dirige Jesús Espino actúa como un servicio de propaganda del gobierno local y hace de cortafuegos ante cuestiones incómodas

28/06/13. Opinión. Decir transparencia y Ayuntamiento de Málaga es un oxímoron, una contradicción en los términos. Son incontables las ocasiones en las que a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com se le ha denegado información pública cuando la ha requerido al gobierno local de Francisco de la Torre. El último ejemplo de opacidad tiene que ver con los permisos para actuaciones musicales en el chiringuito La Moraga de Antonio Martín. El Área de Comunicación municipal que dirige el periodista Jesús Espino es un servicio público travestido en el departamento de propaganda del partido en el gobierno, el PP, a la vez que hace de cortafuegos ante cuestiones incómodas.

EL mal funcionamiento del Área de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga obedece a un problema de salud democrática y a la continuación de prácticas partidistas y oscurantistas en un servicio que se mantiene con fondos públicos y que como tal debiera estar al servicio del conjunto de los ciudadanos, pero que en realidad se sufraga para mayor loa y protección de un equipo de gobierno y un alcalde concreto, en este caso del PP y de Francisco de la Torre.

EL Área de Comunicación tiene en su plantilla a tantos periodistas, o más, como un medio de comunicación local. Está dirigida por Jesús Espino y forman pare del equipo Marcos Bonastre, Azucena Cervantes, Nekane Cuevas, Juan Teno y Elvira Palomares, además de la especialista en redes, Lakshme Aguirre.

CUALQUIER análisis mínimamente riguroso de las notas y comunicados que envía el Ayuntamiento sacará a relucir el triunfalismo ridículo por el que cualquier acción municipal se presenta como referencia mundial que sitúa a Málaga a la cabeza de la tecnología, la cultura, la accesibilidad universal... Además de que no hay ningún atisbo de autocrítica y de que se propagan cifras falseadas, como por ejemplo las del impacto económico del Palacio de Ferias, además de que se utiliza este servicio para uso partidista, como por ejemplo para criticar la gestión del PSOE en la Junta, el problema fundamental es que el Área de Comunicación es la mayor enemiga de la transparencia. De esa misma transparencia de la que tanto presume.

ESTA revista puede dar fe por su propio desempeño diario de las innumerables ocasiones en que los intentos de contrastar u obtener información del Ayuntamiento se quedan en agua de borrajas, en esfuerzos inútiles. Es algo que viene de lejos, una especie de tradición que se ha mantenido por los diferentes directores de comunicación: Ana Benavides, Fernando Leguina, Carlos Pérez Ariza, Juan Carlos Jiménez Laz, Isidro Cuberos, y el propio Jesús Espino.

EL último ejemplo de opacidad tiene que ver con los permisos para actuaciones musicales como las que se están haciendo en el chiringuito La Moraga de Antonio Martín. EL OBSERVADOR ha preguntado si tiene licencia para dar conciertos, quién concede estas licencias, en base a qué criterios se conceden. La respuesta diletante -“nos pondremos en contacto cuando sepamos algo”- es lo que cubre la ocultación de información, estos datos no van a llegar, como tampoco llegaron a pesar del “estamos trabajando en ello” cuestiones planteadas el pasado abril como estas: Cuántos chiringuitos y kioscos tiene autorizados en Ayuntamiento de Málaga? ¿Quiénes son los propietarios de esos chiringuitos y kioscos?
¿Qué procedimiento se ha utilizado para adjudicar la concesión de estos chiringuitos y kioscos? En el caso de que el procedimiento sea un concurso público, ¿Cuándo se realizó este concurso? ¿Cuáles eran las condiciones del mismo: canon de explotación, periodo de explotación y condiciones de uso

Y que nieguen a los ciudadanos esta información jode. Jode mucho porque son datos que debieran ser conocidos por todos y porque no hablamos de una empresa privada o una formación política, los sueldos de ese equipo de comunicación municipal se pagan por el conjunto de la ciudadanía y sin embargo se está instrumentalizando este servicio para actuar contra el interés general.

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