En una acción sin precedentes el órgano colegial solicita esta medida de gracia basándose en las condiciones en las que fue detenido el letrado, no en su inocencia

09/07/13. Opinión. En la operación Ballena Blanca un abogado de Marbella, Fernando del Valle, ha sido condenado por un juez a cinco años y medio de prisión por un delito fiscal y de blanqueo de capitales. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, encabezada por su decano, Francisco Javier Lara, se ha sumado a la petición de indulto para este letrado que ha sido elevada al Gobierno. Una decisión polémica y excepcional que merece un comentario de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

EN noviembre de 2012 un notable grupo de 200 jueces firmaron un manifiesto “contra el indulto como fraude, en defensa de la independencia judicial” a raíz del decreto de clemencia con el que el Gobierno evitó la entrada en prisión de cuatro agentes de policía condenados por un delito de tortura.

LA Ley del indulto rige en España desde 1870. Durante los últimos años se han producido varios casos en los que banqueros, concejales o kamilkaces al volante se beneficiaban de esta extraordinaria medida de gracia sin una argumentación jurídica sólida, resaltando las razones políticas que escondía cada caso. El citado manifiesto de los jueces entronca con el sentir de la opinión pública, que entiende esta medida como un as en la manga ilegítimo para que el Gobierno salve por la puerta de atrás las decisiones judiciales con las que no comulga. Una opinión pública que también pide más mano dura contra los delitos de cuello blanco, como el blanqueo de capitales.

LAS razones por la que el abogado Fernando del Valle ha sido condenado a cinco años y medio de cárcel son claras y están dictadas por un juez tras la instrucción de un sumario: delito fiscal y de blanqueo de capitales. No es inocente. Los jueces dicen que es culpable.

LAS razones por las que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, con su decano, Francisco Javier Lara, a la cabeza, pide el indulto para uno de sus miembros no están tan claras. Argumenta el órgano colegial que las condiciones del arresto de Fernando del Valle, y las circunstancias en las que se produjeron las entradas y detenciones en varios despachos de Marbella por la policía fueron anómalas, ocasionando un desprestigio injustificado e innecesario. “La entrada en prisión le colocaría nuevamente en un difícil situación social y económica que causaría graves perjuicios tanto a sus clientes como a su familia”, advierte también el Colegio de Abogados. Algo que suele ocurrirle al 99% (por no decir el 100) de los que van a prisión y de los que nunca han hecho comentario alguno esta Junta de Gobierno del Colegio.

EN Francia está prohibido que los detenidos salgan esposados en los medios de comunicación. Es una medida de protección que en España no se aplica. En el caso de Ballena Blanca, como en otros, se ha apreciado la complicidad entre policía y prensa para que las detenciones sean atendidas por reporteros y fotógrafos que han sido avisados previamente. Es, sin lugar a dudas, un fenómeno execrable y humillante, que debe ser evitado para salvaguardar la imagen y el honor de la persona, y su protección de inocencia. Aún con eso, no es algo ilegal.

Y el caso Ballena Blanca puede haber tenido estas anomalías y otros fallos de instrucción, por cierto, también objeto de numerosos artículos de prensa. Pero hay un hecho indiscutible, pese a estas circunstancias, un juez ha dictado condena, y pese a los recursos presentados, tanto para el abogado Del Valle como para los narcos encausados, hay pena de cárcel ratificada por el Supremo. Consideran culpable a Del Valle. No es inocente. Ha cometido un delito según la magistratura.

LAS razones humanitarias que expone la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados son las mismas a las que se enfrenta cualquiera que vaya a parar a la cárcel. Son argumentos propios para ser esgrimidos por el letrado particular de Del Valle, más que por un órgano que representa un colectivo muy diverso, en el que no faltan voces críticas con esta petición de indulto, de la que por otro lado, esta revista no encuentra antecedentes en Málaga.

ASÍ como ha habido indultos del Gobierno que han resultado “impropios de un sistema democrático de derecho, ilegítimos y éticamente inasumibles” –como expresaba el citado manifiesto- el alineamiento del Colegio de Abogados a través de su Junta de Gobierno, encabezada por el decano Lara, en pos de esta extraordinaria medida de clemencia, sitúa al órgano como un sindicato corporativista en el que por encima del bien común y la defensa de la justicia, parecen primar los intereses individuales de sus colegiados. Por lo que esta decisión lastra y penaliza al colectivo frente a una sociedad que sospecha si este mismo posicionamiento se hubiera producido en otros supuestos. Con otros profesionales (que han sido condenados) y con otras profesiones. Pudiéndose preguntar si mantiene algún tipo de relación, más allá de la corporativa, Del Valle con los miembros de la Junta de Gobierno y el decano Lara, los instigadores de esta iniciativa.