OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

12/02/13. Opinión. “No es exacto que la Junta de Andalucía vaya a proteger el litoral, en el sentido de blindarlo contra la tendencia urbanizadora precedente. De hecho lo que está haciendo es simplemente apretar las tuercas a los ayuntamientos para que actualicen sus PGOUs (…) Esta ley -Decreto de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía- lo que está consiguiendo es justo todo lo contrario: crear una urbanización difusa lineal, de edificios de hormigón distanciados cada 200 metros (con los abusivos kioscos entre ellos) por todo el estrecho arenal del litoral andaluz”. Un nuevo análisis de Rafael Yus para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre el urbanismo andaluz.

Cómo desproteger el litoral andaluz pareciendo lo contrario

DESDE hace meses se viene discutiendo mucho acerca del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía (BOJA nº 233, de 28 de noviembre 2012), básicamente una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía para incluir un Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía y otras medidas agilizadoras de la tramitación de los planeamientos urbanísticos. El asunto ha tenido la bienvenida cauta de los ecologistas, y en este artículo se comentarán nuestras reservas. Pero en el contexto de la clase política se ha convertido en un arma arrojadiza de la oposición (PP), protagonizada especialmente por los alcaldes de municipios del litoral malagueño de ese partido político. En este artículo comentaremos estos asuntos y mostraremos nuestra impresión acerca del alcance de esta supuesta protección del litoral.

Qué pretende el decreto-ley

ESTE decreto-ley pretende activar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Este plan establece desde su aprobación criterios para un desarrollo sostenible de las ciudades. Sin embargo, la propia Administración regional ha aplicado en tiempos pasados criterios “flexibles” que los ayuntamientos han aprovechado para eludir las limitaciones o se han mantenido vigentes los PGOU antiguos, que no se veían afectados por la nueva norma. Son los conocidos como los “planes durmientes”. De esta forma, en estos momentos, y tras seis años de vigencia del POTA, solo el 10 por ciento de los planes municipales cumple con la normativa. El resto se mantiene en proceso de revisión o adaptación (73 por ciento) o ni siquiera ha comenzado la andadura a la nueva legalidad (16,5 por ciento). De los 62 municipios costeros sólo 10 han revisado sus planes para adaptarse al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Entre ellos, en la provincia de Málaga los morosos son los municipios de Algarrobo, Benalmádena, Casares, Estepona, Manilva, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga. Y este porcentaje no es superior en el conjunto de Andalucía donde de los 595 municipios con planeamiento sólo 68 (11 por ciento) se han aprobado con posterioridad, y están, por tanto, adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en Málaga: Marbella, Fuengirola y Málaga)

PERO estos “planes durmientes” tendrán que despertar, ya que el nuevo decreto-ley obliga, en su Artículo 3, a adaptar su planeamiento para someterse al POTA en los plazos previstos en los propios planes urbanísticos o, si este periodo no está establecido, en un máximo de ocho años desde su entrada en vigor. La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos que superen los límites regulados en el POTA. Igualmente, se reducirán a tres meses los plazos para la aprobación del planeamiento urbanístico, cuya tramitación se ha hecho más compleja en los últimos años por la existencia de numerosos informes preceptivos exigidos por las distintas normativas sectoriales, con diferentes procedimientos y tiempos para su emisión.

SE parte de la premisa de que los modelos urbanísticos de los planeamientos municipales, responden, en su mayoría, a expectativas justificadas por demandas exógenas propias de otra situación socioeconómica (en alusión a la anterior burbuja inmobiliaria). Ello implica que en las zonas próximas a la costa, a veces con valores ambientales o paisajísticos reconocidos como valiosos por la sociedad actual, existan importantes superficies de suelo urbanizable, en muchos casos sin integración alguna con los núcleos urbanos existentes, que deben jugar un papel relevante en la protección y revalorización del frente litoral.

PUES bien, este Decreto-Ley crea la figura del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía con el objetivo de salvaguardar estos intereses autonómicos (paisaje, medio ambiente, calidad de destino turístico, etc.), presentes en esta zona de forma que se garantice la protección y puesta en valor de la franja más próxima a la costa, y mantener libres de urbanización los espacios no edificados que no sean necesarios para la normal expansión de nuestros pueblos y ciudades, propiciando un desarrollo urbanístico sostenible adecuado a la capacidad de acogida del territorio. Su ámbito incluye los terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar.

Lecturas interesadas

EN principio, desde el punto de vista del ecologismo, esta decreto-ley concuerda con muchos de nuestros anhelos y demandas desde hace decenios: controlar el desarrollo urbanístico del litoral, y proteger los numerosos enclaves naturales existentes en esta franja, frente al todo poderoso avance del ladrillo. Sin embargo, como veremos más adelante, tenemos nuestras reservas sobre el alcance del mismo, pero en principio no nos oponemos, sino que incluso lo felicitamos, ha sido valiente y, lo lamentable es que no se haya hecho antes.

EN Andalucía solo ha trascendido la oposición del PP de los municipios del litoral malagueño. Sospechosamente, todas las declaraciones insistían en los mismos argumentos, como una lección aprendida: que la Junta “persigue a los ayuntamientos del PP, invade sus competencias urbanísticas y limita el futuro crecimiento de muchos municipios”, y todo ello “sin consensuar nada con los ayuntamientos andaluces del litoral”.

VEAMOS qué hay detrás de estas inflamadas palabras. Al principio afirmaban que este decreto-ley “es una artimaña dirigida al PP” por la polémica urbanización de Valdevaqueros (Tarifa), aunque pronto tuvieron que retractarse cuando se les aseguró que este decreto-ley no tiene carácter retroactivo, es decir no paraliza proyectos ya tramitados y aprobados como éste. En palabras del mismo consejero, todos los planes urbanísticos que estén aprobados antes de la puesta en vigor del POTA no se verán afectados por la protección cautelar. Ante este revés, los alcaldes del PP tuvieron que cambiar el discurso, para indicar que el decreto-ley paralizaba proyectos de los ayuntamientos del PP del litoral malagueño, aunque en la práctica el único proyecto que estaba en marcha, pero aún no aprobado, era de la urbanización de lujo de la casa real de Arabia Saudí, en Estepona, porque en el resto (Rincón, Vélez, Nerja) no había ningún proyecto en marcha, tal vez en la imaginación de los alcaldes, que se estaban limitando a esperar que empezara una nueva burbuja y vinieran nuevos inversores para tales proyectos. Por otra parte, es un tanto irracional sostener que esta medida iba contra los alcaldes del PP, cuando el litoral también tiene alcaldes del PSOE y de IU. Por ello, el plantón institucional que hicieron a la Junta cuando trataba de explicarles el alcance real del decreto-ley no tiene más justificación que una pataleta de niño contrariado que no quiere que se le desmonten sus creencias. Pero sus denuncias denotan que, o bien no se han enterado del alcance del decreto-ley, o se han enterado de forma interesada para convertirlo en arma arrojadiza contra el gobierno andaluz de PSOE-IU, es decir han politizado el asunto, pero de forma muy chapucera, que solo engaña a los fanáticos que ya tienen engañados.

OTROS políticos del PP, como el Presidente del PP Andaluz, Juan Ignacio Zoido, llegan a afirmar que el decreto “ahuyenta el turismo y la creación de riqueza así como de empleo en Andalucía, golpea de una forma directa la marca Andalucía, además de agredir el turismo y lo que es más importante al empleo”. Lo que con toda seguridad trasluce el concepto que tiene este destacado dirigente de lo que es el turismo, ya que vincula turismo con urbanismo, es decir, con ladrillo, seguramente es de los que afirman que existe ese sin sentido llamado “turismo residencial”, que en la práctica no es más que negocio inmobiliario, especulación y ruina para el auténtico turismo, el que precisamente necesita espacios públicos y paisajes libres y no comprados por grandes inversores centroeuropeos o rusos para su disfrute exclusivo. Pero la misma lección, y el mismo error, repitió luego el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, cuando afirmaba que: “parar el urbanismo, es paralizar la economía de Andalucía, ya que esta tierra vive fundamentalmente de su clima, sus playas, en definitiva del turismo, y muchas personas acuden a esta tierra por su clima y su litoral”. «Lo único que mantiene a flote a Andalucía es la promoción turística». Fíjense ustedes: ¿qué tiene que ver la protección urbanística del litoral con el turismo?, en este discurso subyace el mismo error que Zoido: para Bendodo el turismo es libertad para construir grandes urbanizaciones “de manera sostenida” como les gusta decir a los del PP. Precisamente, como indicábamos anteriormente, uno de los objetivos del decreto-ley va justamente en la dirección de cualificar los destinos turísticos, evitando la masificación urbanística. Algo que IU, con el Consejero de Turismo Rafael Rodríguez, defiende con este decreto: «los que apuesten por el turismo como industria a medio y largo plazo verán en este decreto un aliado fundamental para mantener su negocio y su competitividad y para ganar cuotas de mercado», criticando al PP por “no querer enterarse de que  el desarrollo turístico de Andalucía nunca podrá pasar por llenar las costas de cemento y hormigón”, destruyendo los pocos espacios libres que quedan en el litoral.

OTRO de los argumentos utilizados, como lección aprendida, por todos los cargos públicos del PP es que el decreto-ley supone un exceso de legislación, que “si el litoral andaluz no está bien protegido no es por falta de normativa, sino porque la Junta no sabe o no quiere aplicar la normativa vigente...así está el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que lleva seis años desde que se aprobó” (José Luis Sanz). Se olvida que el POTA no se puede aplicar si no se hacen PGOUs (que son competencia de los ayuntamientos), y ya hemos visto que éstos no se han actualizado, principalmente por la crisis. Pero con independencia de ello, cualquiera puede advertir aquí una clara contradicción en el discurso del PP, pues por una parte acusa a la Junta de no haber sabido aplicar el POTA, porque a la vista está que sólo se han adecuado al POTA una cantidad ínfima de los PGOUs. En cambio, entre otras finalidades la Ley lo que pretende es que los ayuntamientos adecuen sus PGOUs al POTA, como condición necesaria, aunque no suficiente (en realidad es una protección cautelar), para poder tramitar nuevos crecimientos urbanísticos. Es decir, asumen (con ellos mismos como alcaldes) no haber hecho los deberes de adecuar sus PGOUs al POTA, pero tampoco les gusta que un decreto-ley les obligue cumplir este trámite. Es como si reconocieran que hay suficientes normas para resolver estos problemas pero que no cuenten con ellos para cumplirlas (!).

AQUÍ se llega a recurrir incluso al discurso liberal, tan característico de la ideología del  PP. Algunos dirigentes, como el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, llegan a confrontar la política del gobierno de la nación (PP) sobre el litoral (en referencia a la modificación de la Ley de Costas por Arias Cañete), con la autoritaria de la Junta de Andalucía. Dice que mientras el PP lo que hace es “flexibilizar la normativa para que la industria turística sea más potente», el Gobierno andaluz «es un gobierno que da la espalda a la realidad económica de Andalucía y que ha tomado una decisión que afecta directamente a su economía». Pero no se pierdan lo que dice a continuación: "La diferencia entre los gobiernos populares y los socialistas es que éstos tienen un carácter intervencionista en vez de colaborativo. Nosotros intentamos que la sociedad participe en la toma de decisiones, de ahí las políticas de liberalización, pero el socialismo tiene la característica de inmiscuirse en las competencias". Fíjense el alcance de esta palabras, que deberían aparecer con letras de molde. Ahora nos enteramos de que el liberalismo es sinónimo de colaboracionismo y que el intervencionismo es autoritarismo. Se olvida que gobernar comporta intervenir, cueste lo que cueste (es muy fácil, pero irresponsable, no hacer nada, tocar la lira y esperar que sean otros agentes los que tomen las decisiones que afectan a los ciudadanos). Precisamente la falta de intervencionismo que ha habido (tanto desde la Junta como desde los Ayuntamientos), dejando que sea el mercado (los grandes inversores, las grandes fortunas) los que decidan qué hacer con los intereses generales, ha sido la que ha llevado a la Costa del Sol ser una megaciudad lineal horrorosa, inflada con la burbuja, y ahora desolada tras su estallido, sobre la que no quedaría más arreglo que aligerarlo con un plan sistemático de demoliciones, o, al menos, con una decidida política de contención.

¿Qué es lo que pretende realmente la Junta?

LA Junta de Andalucía, el PSOE para ser más exactos, ha cometido sucesivos errores a lo largo de su historia de gobierno y luego ha intentado corregir, sucesivamente, las nefastas consecuencias de los mismos. Así, tras consagrarse la autonomía urbanística de los ayuntamientos, pronto se advirtió que ello derivaba en una anarquía total, en la que el único criterio que imperaba era el que dictaban los especuladores en cada municipio. Tuvo que empezar a desarrollar su facultad de ordenar el territorio, salvaguardando los intereses generales, a través de los sucesivos POTs. Pero estos POTs, pese a sus virtudes y potencialidades, tenían también graves deficiencias, como la de desarrollarse con criterios dispares en cada territorio (ej. no tiene nada que ver el POT de la Axarquía con el POT de Costa del Sol). Por otra parte, los POTs se desarrollaron con el máximo respeto hacia el planeamiento que ya tenía cada ayuntamiento, admitiendo los suelos sectorizados aprobados, con independencia de su dimensión y los daños potenciales que pudiera causar. Finalmente, los POTs establecieron numerosos parches urbanísticos como “áreas de oportunidad” precisamente en los lugares de mayor valor del litoral, aún libres, y que en la práctica, de desarrollarse, significarían ya la plena urbanización de todo el litoral. Se perdió así la oportunidad de descongestionar el litoral, protegiendo, simplemente por su interés paisajístico o territorial, todo el litoral que no estuviera construido hasta entonces, invalidando el suelo urbanizable no sectorizado, e impidiendo nuevas urbanizaciones en el litoral. Finalmente, más tarde, tuvo que aplicar el POTA para limitar los desarrollos urbanísticos extraordinarios de algunos municipios, muy por encima del crecimiento de la población, alentando con ello el fenómeno de la segunda residencia, la inmigración climática, y la especulación del suelo. Y el último intento de remiendo lo tenemos precisamente en este Decreto-Ley que establece la protección del cordón litoral, con el que dice querer proteger un territorio, que (ahora sí) contemplan como de alto valor paisajístico, ambiental, turístico, etc., pero que por las matizaciones que han adelantado sobre su desarrollo, parece más bien un mecanismo para instar a los municipios del litoral a que adecuen su planeamiento al POTA, lo cual no carece de importancia, otorga ciertas garantías de contención del crecimiento urbanístico, pero nada tiene que ver con la protección (permanente) del litoral.

EN principio parecía que el objetivo del decreto-ley era proteger lo que queda libre del litoral hormigonado. Pero las matizaciones que se han ido haciendo posteriormente por el Consejero y su equipo aclaran que, más que proteger el litoral (que en todo caso es una protección cautelar, y por tanto temporal), lo que pretende la Junta es obligar a los ayuntamientos a que adapten su planeamiento al POTA. Una vez cumplido este trámite podrán acometer los desarrollos que libremente estimen, obviamente con las limitaciones que impone el POT y el POTA. Bien es cierto que sus técnicos afirman que en lo sucesivo la Junta dirá “dónde no se puede construir” y los Ayuntamientos dónde se puede construir en el territorio restante, siempre que cumplan con la legislación supramunicipal vigente, lo que incluye las directrices y limitaciones del POTA y el POT correspondiente. Queda la duda, aún, de la magnitud y calidad de lo que la Junta dice que va a proteger. Como no lo sabemos, ahí tenemos que concederle un margen de confianza y, por cierto un mano tendida para que se le pueda sugerir lo que a nuestro juicio debería ser protegido de forma estricta.

AUNQUE aún no se debe dar por perdidas las oportunidades que brinda esta nueva ley para proteger de manera definitiva determinados enclaves de nuestro litoral, las aclaraciones que se han venido haciendo, desde el ejecutivo, sobre el alcance de esta protección, en principio nos defrauda, en el sentido de que lo que plantea esta ley es una simple protección cautelar, que como tal es temporal, resolviéndose a favor de la especulación urbanística en cuanto los ayuntamientos adecuen su planeamiento al POTA, lo que incluye también las pastillas litorales que, bajo la denominación de “Áreas de Oportunidad”, han ido dejando los diversos POTs del litoral andaluz. Y en la práctica, el afán de buscar consensos y paz política, nos tememos que esta ley será benevolente con determinados proyectos urbanísticos de cada municipio, que por ahora no se habían desarrollado por falta de liquidez crediticia. Lo único que permitirá cierto grado de protección serán las limitaciones de crecimiento del POTA (aunque lamentablemente ya dispone de mecanismos de flexibilización en su aplicación) y los POTs en cuanto a áreas de interés territorial, que no son muchas.

NO olvidemos que la costa está desprotegida desde que expulsaron a la ministra Cristina Narbona, cuya política de normalización urbanística del litoral, que conllevaba un plan atrevido de demoliciones, fue rechazada no solo por la oposición (PP), sino por su propio partido (PSOE). Situación que se agrava posteriormente desde Arias que Cañete (PP) modificó la Ley de Costas, y si bien la protección urbanística del litoral por la Junta es una paso importante para obligar a los ayuntamientos a ajustarse a los limites que establece el POTA, su política de potenciación de los chiringuitos de obra y fijos en la arena del dominio público marítimo-terrestre supone en la práctica una urbanización difusa del las playas de Andalucía, con el agravante de que se hace en suelo público y, con la Ley de Costas de PP, con posibilidad de especular con él (ej. seguridad jurídica, capacidad de traspaso patrimonial, etc.).

ASÍ pues, ¿es cierto que la Junta de Andalucía ha protegido el litoral? Pensamos que no, en todo caso hablaríamos de una protección cautelar y, por tanto, temporal, con fecha de caducidad, fácilmente superable por el sector del ladrillo, con tan sólo adecuar el planeamiento al POTA y, por supuesto, disponer de financiación. Por otra parte, no se nos escapa que desde que el Ministerio de Medio Ambiente traspasó las competencias de la gestión del litoral a la Junta de Andalucía, esta administración ha ido sorteando, cuando no incumpliendo, la legalidad sobre los usos del dominio público marítimo terrestre, en las tramitaciones de los Planes de Playas de cada ayuntamiento del litoral, autorizando edificaciones en la arena de la playa con un volumen excesivo. Esta situación ha sido multiplicada, a favor de los chiringuiteros, mediante la modificación de la Ley de Costas que acometiera recientemente el Ministerio de Medio Ambiente, con lo que entre una administración y otra se está permitiendo construir, de obra, y por tanto fija para todo el año, multitud de chiringuitos en la arena de las playas, es decir en pleno dominio público marítimo-terrestre, con el consiguiente impacto paisajístico, la usurpación de un territorio público sobre el que todos los españoles tenemos el mismo derecho, y facilitando lo que la Ley de Costas ya permite: la privatización del litoral, la seguridad jurídica necesaria para trapichear, compra-vender o transmitir patrimonialmente algo que es patrimonio de todos los españoles, y todo esto creando una competencia desleal al sector de la hostelería de primera línea de playa, que estando en un suelo urbano, tiene que competir con instalaciones situadas en suelo público, en mejores condiciones que ellas, que sí cumplen escrupulosamente con la ley.

EN conclusión, no es exacto que la Junta de Andalucía vaya a proteger el litoral, en el sentido de blindarlo contra la tendencia urbanizadora precedente. De hecho lo que está haciendo es simplemente apretar las tuercas a los ayuntamientos para que actualicen sus PGOUs, cosa que podría hacer mejor con tan solo amenazarles con retirar las competencias urbanísticas. Y, muy lejos del objetivo de esta ley, que es el de proteger el litoral por su valor paisajístico y por tanto turístico, y muy lejos de ese otro objetivo que dice perseguir con esta ley, el de evitar los efectos indeseables de la modificación de la Ley de Costas por el PP, su política sobre los chiringuitos lo que está consiguiendo es justo todo lo contrario: crear una urbanización difusa lineal, de edificios de hormigón distanciados cada 200 metros (con los abusivos kioscos entre ellos) por todo el estrecho arenal del litoral andaluz. Si esto es proteger el litoral y mejorar su paisaje, cualquier cosa vale. Tal es así que, a nuestro juicio, el problema ahora no es ya proteger el litoral privado, sino cómo proteger el litoral público, la playa, frente al afán liberalizador de un ministro como Arias Cañete con su Ley de Costas y de un Director General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, como Jesús Nieto, con sus Planes de Playa, y todo para proteger esos bienes de interés cultural que parecen ser los chiringuitos de playa.

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