10/07/13. OPINIÓN. Según el propio Fernando del Valle, solo un centenar de abogados de Málaga de los 5.500 colegiados se han adherido al indulto solicitado para el principal inculpado de la operación Ballena Blanca: él mismo. Fernando del Valle, compañero de profesión ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por el Tribunal Supremo por un delito de blanqueo de capitales y delitos fiscales relacionados con 17 narcotraficantes. La decisión de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga encabezada por el decano Javier Lara de solicitar la petición de indulto, cuando de su Junta de Gobierno forma parte la hija de Del Valle, sigue dando de qué hablar. Un artículo de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

EN una reciente entrevista de la periodista Marta Esparza en el diario El Mundo, el abogado Fernando del Valle se preguntaba “¿Qué gana la sociedad con que yo entre en prisión?” La respuesta es de manual: la sociedad gana porque uno de los poderes, el judicial, demuestra que es capaz de actuar también contra los delitos de guante blanco, como el blanqueo o los delitos fiscales, por los que ha sido condenado el letrado de Marbella. Gana la sociedad porque no se criminaliza a la profesión de abogado, como se ha venido manteniendo en el caso Ballena Blanca, lo que se criminaliza son conductas de profesionales que se han ocupado de dar salida a sumas de dinero obtenidas con el tráfico de drogas. Gana la sociedad, en definitiva, porque la no intervención del Gobierno mediante el muy cuestionado procedimiento del indulto, garantiza la separación de poderes del Estado y la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, con independencia de sus riquezas o el poder de sus relaciones.

TRAS leer la citada entrevista –consultar AQUÍ- el conocido abogado malagueño José Cosín, autor del libro “Mafia y corrupción. El gilismo que no muere”, sobre la corrupción en Marbella, sostiene que Del Valle “no da muestras de arrepentimiento. No veo que se estén dando las razones de justicia, equidad o utilidad pública previstas por la ley para ofrecer un indulto. Y hay que hacer notar que los delitos fiscales y el blanqueo de capitales merecen todo el reproche social. Por otra parte, teniendo constancia de que hay familiares directos de Del Valle en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, espero que no exista un conflicto de intereses”.

COSÍN
hace referencia al inusitado posicionamiento de la Junta del Colegio de Abogados de Málaga encabezada por el decano Javier Lara para alinear a la institución colegial en la petición de un indulto a Fernando del Valle. Solicitud que han firmado un centenar de abogados de los 5.500 que ejercen en la provincia de Málaga según manifiesta el propio Del Valle, y que tienen en el Colegio su principal refrendo. Hay que hacer notar, no obstante, que en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados está la hija de Del Valle, también letrada de profesión, si bien la misma no participó en la votación en la que se decidió apoyar la petición de indulto.

EN la web www.elindultometro.es se informa de que desde 1996 el Gobierno ha firmado 10.158 indultos, una media de 600 al año lo bastante elevada como para ridiculizar la adjetivación de “excepcional” con la que se presenta esta medida. Los delitos contra el medio ambiente, la prevaricación de funcionarios públicos, los delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual y la malversación suman los porcentajes más altos de esta medida de gracia.

LA Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) han respaldado el pronunciamiento del Tribunal Supremo en el sentido de regular la concesión del indulto de manera que se exija justificar los motivos que han llevado al Gobierno a otorgar esa medida de gracia, como una de las medidas para eliminar la “sensación de impunidad” que rodea los casos de corrupción que atenazan al país.

LA pregunta que se hace Del Valle en la citada entrevista también puede plantearse al revés: ¿Qué pierde la sociedad si un condenado por blanqueo de capitales resulta indultado por el Gobierno? Y la respuesta también es obvia. La sociedad perdería porque lo que ha decidido un poder independiente, el judicial, puede ser borrado de un plumazo por una decisión política que libra de la pena a ricos y poderosos.

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