OPINIÓN. Tribuna abierta. Por Juan Manuel Mancebo
Concejal de Electores-EQUO
24/01/13. Opinión. “La respuesta escrita de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alhaurín ante la enésima petición de transparencia sobre la Fundación de las Canteras por parte del grupo municipal Electores-EQUO, incluye la frase: ‘no puede accederse a su petición al solicitar una documentación que es ajena a este Ayuntamiento, y además, no estar a disposición del mismo’. Este reconocimiento es especialmente grave si se tiene en cuenta que de los presupuestos municipales se destinan 300.000 euros anuales a este fundación”, señala el concejal Juan Manuel Mancebo en esta Tribuna abierta de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
LA opaca fundación que preside el alcalde y diputado sr. Joaquín Villanova ha escrito un capitulo mas en la ya larga historia de despropósitos e irregularidades que rodea el conflicto de las canteras declaradas ilegales en Alhaurín de la Torre.
LA respuesta escrita de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alhaurín ante la enésima petición de transparencia por parte del grupo municipal Electores-EQUO, incluye la frase: “no puede accederse a su petición al solicitar una documentación que es ajena a este Ayuntamiento, y además, no estar a disposición del mismo”.
ESTE reconocimiento es especialmente grave, si se tiene en cuenta que de los presupuestos municipales, redactados y aprobados en exclusiva por el grupo popular, se destinan 300.000 euros anuales a la Fundación de las Canteras, fundación que el propio alcalde preside y que es dirigida por un ex-cargo de confianza, familiar directo de una de las concejalas del grupo popular, que fue designado por el regidor.
ELECTORES-EQUO ha solicitado sin éxito, en múltiples ocasiones información sobre el destino del dinero público que el Ayuntamiento entrega a la Fundación de las Canteras, que cuenta con representantes políticos (PP) y empresariales y vecinales en su patronato.
FUNDACIÓN que fue una de las consecuencias del acuerdo marco firmado tras la sentencia que declaraba ilegales algunas de las canteras de Alhaurín de la Torre, y que vino a “solucionar” el conflicto entre empresas, sindicatos y administración, comprometiendo a las empresas extractoras a compensar al municipio restaurando la parte afectada de la Sierra de Mijas, y a realizar una serie de aportaciones económicas y actuaciones que en su gran mayoría, seis años después, no se han ejecutado.
LA voluntad de no dar cuenta del estado de esos compromisos, del grado de cumplimiento de la propia restauración, de las aportaciones realizadas por los canteros ni del destino último del dinero público entregado a dicha fundación, se puso de manifiesto también en noviembre de 2011, cuando se cambiaron los estatutos para modificar el mecanismo de elección del representante vecinal, familiar directo de otra concejala del PP, ( que pasó a ser designado por la empresas extractoras y no por el Ayuntamiento) para cumplir con los requisitos que establece la ley que regula las fundaciones y dotarla de carácter privado, evitando así la fiscalización y publicidad de las cuentas que si tendría al ser pública.
LAS respuestas ante las continuas peticiones desde el inicio de esta legislatura de publicación de las cuentas y destino de los casi dos millones de euros que han sido entregados a la fundación desde la firma del acuerdo marco, han sido siempre vagas y evasivas, sin que hasta la fecha se hayan publicado o permitido el acceso a las cuentas de dicha fundación que controla en exclusiva y desde su carácter privado la política de subvenciones del consistorio, que dejo de aportar ayudas a las asociaciones y colectivos deportivos, culturales y benéficos tras la firma del acuerdo, remitiendo a los demandantes a solicitarlas a las oficinas de la fundación que las otorga sin dar a conocer sus criterios, baremos ni destinatarios.
PERO la opacidad de la fundación no es el único despropósito en torno a las explotaciones mineras, el acuerdo marco ha demostrado con el tiempo lo que ya advertíamos desde los grupos ecologistas: el Plan Especial de Reforestación y Restauración de las Canteras, (recurrido en los tribunales españoles y en el Parlamento Europeo, por irregularidades como haber sido tramitado sin la correspondiente declaración de impacto ambiental, entre otras) del que se deriva la Licencia de “Restauración”, buscaba la continuación de la actividad minera, a priori prohibida tras la sentencia del TSJA, ya que durante estos años ha permitido la explotación y comercialización y venta de árido, en función de los intereses de las empresas y de la demanda del mercado.
EXPLOTACIÓN que solo se ha ralentizado al descender la demanda, y por tanto los beneficios de los empresarios, que no solo han incumplido los compromisos adquiridos en el acuerdo, (entre otros mantener los puestos de trabajo que había a la firma) sino que usan la fundación para lavar su imagen y aparecer a la opinión pública como benefactores y protectores del medioambiente en una operación de marketing conocida como ‘Greenwashing’, cuando en realidad ni se está justificando convenientemente la propia restauración, ni se dan datos que permitan conocer el cumplimiento de los plazos. Previsiblemente nos encontremos con una inminente petición de prorroga o aplazamiento del plan de etapas, y por tanto, con una dejación de obligaciones por parte de las empresas hasta que el mercado vuelva a hacerles interesante la extracción de áridos. Petición que, previsiblemente también, contará con la aprobación del Ayuntamiento, gracias a la mayoría absoluta del grupo popular, y a la presión del lobby de las canteras.
EL próximo capítulo, se está escribiendo en estos momentos, en la calle, en las instituciones y en los tribunales.
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