“El Ayuntamiento de Málaga debería esclarecer lo ocurrido y actuar como corresponde” indica la FeSP, que anima a esta revista a “seguir denunciando, con el rigor exigido, todo lo que consideren que es irregular y de interés general”

21/01/13. Comunicación. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), organismo con 3.000 afiliados que representa a más de 15.000 trabajadores de la comunicación en España, ha emitido un comunicado de solidaridad con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en el que “condena las graves acusaciones que ha realizado el director de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Javier Imbroda”, a esta revista e insta al Consistorio andaluz a “esclarecer lo ocurrido y actuar como corresponda”.

ESTE es el comunicado suscrito por la Junta Ejecutiva de la FeSP, que se puede leer también en su web (AQUÍ): “La Federación de Sindicatos de Periodistas rechaza y condena las graves acusaciones que ha realizado el director de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Javier Imbroda, a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, a cuyos profesionales ha llamado ‘sicarios’. La FeSP expresa su solidaridad a esos profesionales de la información y les anima a seguir denunciando, con el rigor exigido, todo lo que consideren que es irregular y de interés general. Esa revista lleva varias semanas informando sobre las relaciones de empresas privadas de Imbroda con el Ayuntamiento malagueño, en las que presuntamente se ha beneficiado de su cargo para el que fue nombrado a dedo por el concejal de Deporte. En repuesta a esas informaciones, él  manifestó a través de la red Twitter que no puede ‘desdecir lo que algunos sicarios de la información manipulan’. La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP lamenta que, una vez más, un cargo público arremeta contra un medio de comunicación porque no le gusta lo que publica de él. Si considera que esas informaciones son erróneas, o calumniosas, puede ejercer el derecho legal que tiene a la rectificación, o incluso interponer en un juzgado la correspondiente demanda o querella, pero no descalificar a unos profesionales que merecen todo el respeto por su trabajo. En unos momentos en que la falta de transparencia es uno de los problemas de la democracia, ante cualquier indicio de favoritismo político o de utilización de un cargo público para beneficio privado es necesario aclarar totalmente los hechos y, si se considera necesario, acudir a la Justicia. El Ayuntamiento de Málaga debería esclarecer lo ocurrido y actuar como corresponda”.

LA Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está integrada por: Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) y Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG). Es una entidad que cuenta con 3.000 afiliados, tiene cerca de 300 delegados sindicales en más de 150 empresas de comunicación. Delegados que han sido elegidos por el voto directo de casi 5.000 compañeros y son los legítimos representantes de más de 15.000 trabajadores de la comunicación.

EL apoyo de la FeSP no ha sido el único recibido por esta revista. El pasado jueves, la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) también salió en defensa de esta cabecera de manera firme y decidida. El organismo presidido por Andrés García Maldonado emitió una nota de condena sin paliativos contra estas “insultantes” acusaciones del alto cargo directivo del Ayuntamiento de Málaga.

DICHO comunicado decía lo siguiente: “La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga, acuerda manifestar públicamente su rechazo a las desafortunadas declaraciones de Don Javier Imbroda en las que insulta gravemente a unos periodistas de un medio digital de Málaga que, en el ejercicio de su profesión, habían informado en dicho medio sobre algunos asuntos relacionados con el señor Imbroda que han sido del desagrado del mismo. Entiende esta junta de la asociación que no son las informaciones las culpables sino los hechos y que, éstos, en su indudable presunción de inocencia, deben plantearse, si corresponde, ante los Tribunales de Justicia. No debe permitirse jamás que se cargue contra el periodista que transmite la información y menos que se haga de manera insultante, como es el caso que nos ocupa”.

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