En el barrio de La Palmilla hay contabilizados 221 casos de deudas generadas hace varios años, aproximadamente un tercio de ellos se reclaman por la vía penal

14/02/13. Sociedad. Enriqueta Porras pasó tres días en el calabozo por una deuda de 800 euros de hace 15 años. Esther Escalona está en libertad condicional porque debe 4.090 euros. A María Dolores Silva le piden un mes y medio de cárcel si no paga 2.600 euros. María José Heredia también está llamada a juicio. Muestra la citación aclarando que no sabe leer. Tiene ocho hijos. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com recogió ayer numerosos testimonios similares a estos. De madres en paro, con hijos a su cargo, sin ingresos, que acuden a diario al comedor de ‘Er Banco Güeno’ de La Palmilla y a las que la Empresa Municipal Aguas de Málaga (EMASA) reclama diferentes pagos. “Se les dice que o firman el reconocimiento de deuda o irán a la cárcel”, aseguran los abogados del movimiento 15-M que las representan. La reunión programada ayer entre EMASA y este colectivo fue cancelada.

DESIRÉ Santiago. En paro, a cargo de tres hijos. La familia se alimenta en el comedor social de ‘Er Banco Gueno’. Lleva un año con el acceso de agua regularizado. Ya ha recibido una citación judicial. Debe 2.500 euros. “Me han dicho que como no pague voy a la cárcel ¿Qué quieren que haga? Tengo que limpiar a mis niños. No quiero que enfermen”.

LIDIA Castro. Un niño de cuatro meses. Tanto ella como su marido no tienen trabajo. Han estado con el agua “enganchada”. Debe 800 euros “y como no pague, voy presa”.



ANA Conejero. Un hijo. Ella y su marido en paro. 1.750 euros de deuda, “ya ahora a juico y quien sabe si a la cárcel”.

MARIA Carmen Jiménez. Ha pagado una multa de 3.000 euros. Ahora le reclaman 1.720 euros. “Me dicen que me van a quitar la casa”.

AYER a las puertas del Hospital Noble, sede de la Empresa Municipal Aguas de Málaga (EMASA) EL OBSERVADOR recogió numerosos testimonios como los citados. Casi todos se pueden resumir en un mismo perfil. En La Palmilla, el barrio más pobre de la ciudad, han existido numerosas situaciones de enganche ilegal a la red de agua. En base a lo asegurado por las vecinas consultadas, estas situaciones se han ido regularizando desde hace unos tres años. Sin embargo, una vez legalizado el cobro, EMASA, a través de una empresa subcontratada –Tracasa- les ha reclamado el pago del periodo de enganche ilegal. En algunos casos, ni siquiera son las personas a quienes se les reclama este pago las que se estaban ilegalmente enganchadas. Son deudas atrasadas que viene de hace lustros y todas las afectadas se preguntan cómo se ha calculado la deuda si no existían contadores. De igual modo, hay unanimidad a la hora de querer ponerse al corriente, de forma legal, pero a partir de la fecha de regularización.



LA situación, no obstante, dista mucho de ser un simple contencioso por unas facturas y se aboca más bien a la chispa que está encendiendo un estallido social de imprevisibles consecuencias. “¡¿No tenemos para comer y quieren que paguemos estas deudas?! ¡¿Nos dicen que el que no firme no bebe o que va a la cárcel? ¡Pues iremos todas a Alhaurín! (de la Torre, municipio donde se ubica la prisión)” La furia y los gritos de la protesta realizada ayer a las puertas de EMASA era la de cabezas de familia sin recursos, en la frontera de la marginación social, cuya alimentación depende de instituciones solidarias como ‘Er Banco Güeno’. El fenómeno además, no es exclusivo de este barrio. Situaciones similares ya se han detectado en zonas deprimidas de Campanillas o El Molinillo, indicaba la concejala de IU, Ana García Sempere.

EL agravante, sin duda, es que las reclamaciones de estas pequeñas deudas se han llegado a llevar a cabo con acompañamiento policial. El abogado José Cosín, uno de los representante de estas madres, señala que tiene contabilizados 221 casos, de los que aproximadamente un tercio se están tramitando por la vía penal.

AYER había programada por la mañana una reunión en la sede de Emasa con el gerente de esta sociedad, José Luis Rodríguez, la concejala de La Palmilla, Mar Torres, la concejala de Medio Ambiente, Ana Navarro y los representantes de los ciudadanos afectados. La cita se canceló porque Navarro se encontraba enferma. Poco después, a las 15:36, el Ayuntamiento de Málaga emitió un comunicado señalando que “están a la espera de recibir la documentación correspondiente” de los vecinos de esta barriada. Sin embargo, esta revista pudo comprobar como la documentación en cuestión, la llevaban en sus manos estas madres a las que el Consistorio no atendió ayer.

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