Sindicatos, oposición y padres de alumnos piden abrir la guardería al público y señalan que nada se ahorrará con su clausura pese a las “artimañas contables” del PP

26/03/13. Sociedad. En contra de su programa electoral, fuera de la negociación del nuevo convenio colectivo de la Diputación, en base a unos argumentos económicos inciertos, y negándose a alternativas como abrir el centro al público general o cobrar unas tasas que los trabajadores están dispuestos asumir. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com informa hoy sobre la decisión del equipo de gobierno provincial del PP que preside Elías Bendodo de cerrar la guardería laboral de la Diputación de Málaga.

LA semana pasada fue la diputada de Educación y Cultura del PP, Antonia Ledesma, la que volvió a recurrir a una cifra que el gobierno provincial presidido por Elías Bendodo esgrime para clausurar la guardería de la Diputación de Málaga. En una carta al director de La Opinión de Málaga, Ledesma insistía: “El coste medio de mercado de una guardería privada es de 3.600 euros anuales por alumno, que choca con los más de 54.000 euros por menor de este centro, según consta en un informe de la Tesorería que hemos puesto en conocimiento de los ciudadanos a través de los medios de comunicación”.

EFECTIVAMENTE, la práctica totalidad de los medios de comunicación locales han reproducido este dato como argumento irrefutable de la insostenibilidad económica del centro y una prueba más de los “privilegios” de los trabajadores de la Diputación. El informe en cuestión al que hacen referencia los dirigentes del Partido Popular no es un estudio como tal. Su contenido se limita a una única página escrita en fuente Comic Sans. Puede consultarlo AQUÍ. Antes de analizar su contenido vale la pena abordar algunas claves sobre el funcionamiento del centro.

LO que hoy se conoce como Centro Infantil abrió en 1981 como un servicio prestación social para los trabajadores del gobierno provincial. Actualmente hay matriculados 80 niños de los que acuden regularmente 48 (el año pasado eran 72). Esta diferencia obedece a que hay matriculados niños de madres embarazadas o en periodo de baja maternal, y a que hay niños matriculados que no acuden a la guardería, cuyas instalaciones tienen capacidad para hasta 350 alumnos, informa el exdirector del centro Juan Manuel Barrero. De hecho, la guardería ha llegado a atender en años anteriores a más de 200 infantes.

EN este centro infantil trabajan actualmente 32 personas, entre cocineros, personal administrativo, dirección, limpieza y puericultores. De este grupo, más de un tercio, 12 trabajadores, se jubilarán en los próximos 3 años, uno de ellos el propio Barrero, para quien la viabilidad de la guardería pasa por abrir la matriculación al público. Bien a colectivos específicos, por ejemplo hijos de guardias civiles o de personal del Ayuntamiento de Málaga o del cercano Hospital Materno Infantil, o bien al público general. Esta misma medida la defienden los sindicatos ASED y CCOO, además de los partidos de la oposición PSOE e IU. También la Asociación de Padres de Alumnos de la guardería comparte la necesidad de abrir este centro al público y aclara que está dispuesta a asumir el pago de las tasas correspondiente. Hay que tener en cuenta que actualmente ni siquiera organismos dependientes del gobierno provincial como Emprovima, Sopde o el Consorcio Provincial de Bomberos tienen acceso a este centro, únicamente abierto a la Diputación y el Patronato de Turismo.

POR otro lado, la clausura de esta guardería es más que un incumplimiento; está en franca oposición a lo que postula el programa electoral del PP. A saber: “Entendemos que es la familia el eje vertebrador del desarrollo de la  persona en todos los aspectos. Por tanto, llevaremos a cabo una apuesta  decidida por la familia haciendo posible Creación de una red de escuelas infantiles para menores de 0 a 3 años” o “Aprobaremos un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de hombres y mujeres, cuya finalidad principal sea la eliminación de obstáculos que limiten esa conciliación. Incorporaremos incentivos fiscales para aquellas empresas que creen guarderías en sus centros de trabajo”. Sin ir más lejos, la ministra Ana Mato anunció el pasado 10 de febrero un Plan Nacional de Guarderías Laborales.

SOBRE el informe de tesorería en cuestión, la diputada de IU, Toni Morillas aclara: “Arroja unos datos a todas luces cuestionables. En ese informe se aplica al gasto de la guardería una serie de gastos indirectos, para cuyo cálculo se aplica un porcentaje del gasto general de la Diputación provincial en sus capítulos I, II y III. Ese gasto indirecto que se le imputa a la guardería asciende a 1.086.387 euros. Sobre esto tenemos que señalar que ese gasto no proviene del gasto de la guardería ni de la prestación de dicho servicio, por tanto, el cierre de la guardería no va a significar la eliminación de este gasto, que va a seguir manteniéndose, pues deriva del gasto ordinario del conjunto de la Diputación, de los intereses de los préstamos que la Diputación tiene que pagar, o los gastos en personal de toda la estructura administrativa, incluido el salario del propio Bendodo. Por tanto, incluir estos costes entre los costes de la guardería no es más que una artimaña contable para inflar los presupuestos reales de la guardería y avalar así el discurso del PP de la insostenibilidad económica del servicio. Es más, si el PP cumple con el compromiso que ha adquirido con los trabajadores de la guardería, y que esperamos que así sea, de reubicarlos y mantener sus puestos de trabajo, el gasto en personal que se imputa a la guardería de 1,5 millones de euros, va a seguir manteniéndose, con la única salvedad de que dichos empleados, van a desarrollar su trabajo en otras instancias de la Diputación provincial. Sospechamos que en alguno de los departamentos ‘estrella’ y absurdos puestos en marcha en el último año”.

EN esta misma línea, el portavoz del PSOE, Francisco Conejo señala que el informe “pone de manifiesto que el coste real es el del coste de personal y los gastos corrientes, esto es, 1,6 millones de euros. Están imputando como costes indirectos el cómputo de costes generales de la diputación. Queda claro entonces que si la Diputación cierra el centro infantil no tendrá apenas ahorro, a la vista que no piensa despedir a nadie. Más aún si los propios trabajadores se muestran dispuestos a asumir los 122.000 euros de gastos corrientes y existiendo como existe una demanda de guarderías en Málaga. Nuestra opción pasa por sacar mayor rentabilidad social a este centro. Tener el edificio cerrado también acarreará costes de mantenimiento. No se producirá el ahorro anunciado. Si lo que se quiere es reducir gastos que se quite la oficina del acalde o el sueldo de 54.000 euros del chofer del presidente cuando hay otros conductores en nómina”.

Y si desde el sindicato CCOO Javier Ordóñez considera que hay fórmulas para hacer viable un centro “que se está dejando caer a pesar de estar valorado muy positivamente y haber suficiente margen para aprovechar sus recursos”, Salvador Palomo, del sindicato ASED, también censura la metodología del informe: “han incorporado una nueva partida de costes indirectos que casi duplica los costes iniciales que nos dieron. Se trata de imputar al coste del cuidado de los niños partidas como los sueldos de cargos de confianza, habilitados nacionales, gastos en master financiados a cargos públicos, etc”.

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