Transmisión de adjudicaciones, entramados societarios, aumentos de ocupación… un poderoso lobby de chiringuiteros se ha hecho con el control de los negocios de playa
03/04/13. Sociedad. Con la nueva Ley de Costas tramitándose en el Senado y los nuevos chiringuitos en construcción en la playa de La Malagueta provocando el rechazo generalizado de la población EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com comienza a publicar hoy una serie de informaciones sobre el poderoso lobby de los empresarios de playa en Málaga, sus vínculos e influencia política y el devenir en las últimas décadas de un negocio prototípico de la Costa del Sol, marcado por las irregularidades, la privatización de un espacio público y la incapacidad de las administraciones para asegurar la protección y el justo reparto de un bien común.
LA Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, y no el Ayuntamiento de Málaga, es la responsable del proyecto de los nuevos chiringuitos que se están construyendo en la playa de La Malagueta. Estos establecimientos están recibiendo fuertes críticas por su tamaño, volumen y diseño por parte de vecinos, oposición y administraciones. La operación se completará con otros dos establecimientos en la playa de Guadalmar de un volumen aún mayor enfocado hacia su explotación como discoteca o bar de copas nocturno.
LA construcción de estas edificaciones y la protección legal que obtendrán con la nueva ley de Costas pondrá un punto y aparte en la situación generalizada de ilegalidad que ha afectado a muchos de los chiringuitos de la Costa del Sol.
LA documentación que obra en poder de esta revista y de la que dará cuenta en sucesivas entregas señala que los incumplimientos legales han sido numerosos en el sector, hasta llegar a la situación actual en la que los ciudadanos se ven prácticamente imposibilitados a gestionar estos espacios que hacen uso de un dominio público.
LA cuna y el origen de esta situación se ubica en el municipio de Torremolinos donde hay constancia de varios casos en los que lo que en principio era una concesión para un kiosco con una plataforma de 142 metros acaba doblando la ocupación inicial concedida, invadiendo dominio público no otorgado, y aumentando la superficie construida más allá del proyecto aprobado.
EL incumplimiento de los pliegos también ha afectado a la intrasmisibilidad de las concesiones. Uno de los principios básicos de estas concesiones de espacio público se basa en que los chiringuitos se adjudican a las personas que los explotan directamente, limitando los subarriendos a familiares directos previa autorización del gobierno local y siendo causa de extinción de la concesión toda transmisión de derechos a favor de otra persona. No obstante, y según indica la información registral consultada por esta revista, a través de entramados societarios se ha burlado esta prohibición acumulándose en unas pocas manos varios establecimientos, algo que además se prohíbe también de manera taxativa en la Ley de Costas de 1988 y es causa de caducidad del título.
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