Tras enjuiciar a un vecino por una deuda de agua de 3.000 euros, el concejal Raúl Jiménez se ofrece a pagar parte de lo que se adeuda días antes de entrar en prisión

26/06/13. Sociedad. La gestión del cobro del agua de la empresa municipal EMASA se ha convertido en una bola de nieve que cada día se hace más grande y tiene impredecibles consecuencias. El descontrol, malas prácticas, abusos e incongruencias del gerente de esta empresa del Ayuntamiento de Málaga, José Luis Rodríguez, puede acabar costando un serio disgusto al gobierno local de Francisco de la Torre. Y el problema de fondo sigue sin visos de solución: la ausencia de contadores, control y regulación del consumo de agua en La Palmilla, junto a la situación de emergencia social de un barrio con muchos vecinos que no pueden dedicar buena parte de sus exiguas ganancias a garantizarse el acceso a un bien básico. Un análisis de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

EL auto del juzgado de lo penal nº 3 de Málaga 724/2012 insta a Justo Rodríguez a que ingrese voluntariamente en prisión -bajo apercibimiento en caso contrario de decretar su búsqueda y detención- por una deuda de 2.300 euros con la empresa municipal de aguas de Málaga EMASA, más una multa de 620 euros.

ESTA ejecutoria se adoptó a instancias de la parte acusadora, EMASA, cuyo gerente José Luis Rodríguez comunicaba hace apenas 11 días al abogado José Cosín, que representa a cientos de vecinos de La Palmilla inmersos en procesos judiciales similares, su disposición a proceder a “la suspensión del procedimiento judicial civil si el usuario recibe cualquier notificación del mismo”. Sólo entre 2008 y 2012 EMASA abonó a cinco despachos de abogados la cantidad de 400.114 euros para reclamar con estos procedimientos el pago de las facturas del agua.

EL caso de Justo Rodríguez es uno más de una situación que afecta a 1.800 familias del barrio más pobre de Málaga. Esta misma semana el nuevo concejal de Medio Ambiente Raúl Jiménez se ofrecía a que el Ayuntamiento abonara 1.000 de los 3.000 euros que debe pagar este vecino con siete hijos y 22 nietos, “y todos comen en casa, lo hacemos por turnos”, explica. Lo cual es una medida del todo incongruente después de haber iniciado y desarrollado todo un procedimiento que está camino de mandar a Rodríguez a la cárcel. La fecha límite es el próximo lunes 1 de julio. Por otra parte, ¿por qué el Ayuntamiento está dispuesto a pagar parte de lo que se le adeuda en este caso y no en los otros cientos de situaciones de corte similar? Una sorprendente pregunta que debería contestar ya el recién nombrado responsable político de EMASA, si quiere estar fuera de cualquier sombra.

PORQUE el problema de fondo sigue sin solucionarse ni tiene visos de hacerse. La Palmilla es un barrio con un índice de paro que ronda el 75 por ciento, con problemas de drogas, exclusión social, hambre, familias desestructuradas…. Fruto de un plan para erradicar el chabolismo y reubicar a vecinos afectados por planes urbanísticos en otras zonas como La Trinidad o El Perchel, uno de los fenómenos que se ha producido en La Palmilla desde su constitución es la transmisión de las viviendas, sin que exista escritura de estas transacciones, por lo que las deudas, impuestos y cargos de suministro han ido rebotándose y acumulándose de inquilino en inquilino. Todo ello con conocimiento de la administración local, que ha permitido, o no ha sabido atajar, esta situación de irregularidad general. 

EMASA contrató a una empresa especializada en el cobro de morosos -Tracasa- que envió a su personal a realizar visitas casa por casa en el barrio, haciéndose pasar por personal de EMASA instaban a los vecinos a que firmaran reconocimientos de deuda, bajo amenazas de cárcel en caso de no hacerlo. Deudas que en muchos casos eran ‘heredadas’ de anteriores inquilinos, o que se calculaban a base de estimaciones al carecer de contadores. Es decir, se ha tratado de cobrar, no de controlar y regularizar el consumo de cara a que este problema no se reproduzca en el futuro. Y no hay que olvidar que estas malas prácticas en el procedimiento de cobro están siendo investigadas por la Fiscalía de Málaga.



RESULTA obvio el afirmar que el suministro de agua debe ser pagado por quien accede a el. Pero se está dejando de lado en toda esta polémica que hay cabezas de familia que son parados de larga duración que no pueden hacer frente al pago de 80 euros de factura de agua al mes, juntando las multas y deudas atrasadas, cuando ingresan apenas 400 euros. Cortar el suministro, por otra parte, es condenar a los pobres a la falta de higiene y ha demostrado ser la vía más rápida que conduce al necesitado al enganche ilegal. No hace apenas dos meses el gobierno local del PP tumbaba una moción para aprobar la  Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) por el derecho al agua, que reconoce un acceso mínimo al agua de 20 litros por persona y día como “un derecho humano que no puede ser negado por cuestiones económicas”. 

PESE a que el nuevo concejal de Medio Ambiente Raúl Jiménez se esfuerce en declaraciones como la de que hay que “humanizar EMASA”, los procesos judiciales -unos 400 van por la vía penal- siguen en marcha. Y el probable paso por la cárcel de Justo Rodríguez ya ha ocurrido con anterioridad con otros vecinos y está camino de suceder con otros.

MIENTRAS, el Ayuntamiento de Málaga sigue abordando este problema como si fuera una mera cuestión de cobro de impagos, en lugar de tomarlo como lo que es: una situación de desregulación generalizada y emergencia social de ciudadanos sin ingresos que no pueden hacer frente al pago del agua, o que pagar este consumo les supone dejar de invertir en cuestiones básicas como salud o educación. Todo ello mientras el principal responsable, el gerente escogido a dedo en EMASA, José Luis Rodríguez, tiene un sueldo público cienmileurista (ha llegado a cobrar 131.000 euros al año), contrata en esta sociedad municipal a una hija del asesor del alcalde y cuando se le piden explicaciones sobre este enchufe manda un documento pdf con fotos de las inundaciones con comentarios grotescos del tipo “putadita pa´los coches” o “empieza el circo”. Es el mismo Rodríguez que se negó, hasta la intervención de la Fiscalía, a reunirse con los afectados y que demuestra tener más poder y margen de actuación que el propio y novato concejal Jiménez.

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