Resultado: más de un millón de euros anuales que acabarían en manos del socio privado EMABESA, sin que ello repercuta en una mejora del servicio. La herencia de Bolín revive en la gestión del agua de Benalmádena

“Las inversiones no las hace Aqualia, sino el propio Ayuntamiento. La empresa se limita al mantenimiento de la red, mientras cobra por un "know-how" que ni se ha documentado ni se ha auditado”

09/06/25. Redacción COSTA del SOL. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. El 16 de junio expira la concesión que ha permitido a la empresa mixta EMABESA gestionar el agua en Benalmádena durante 25 años. Sin embargo, el actual equipo de gobierno, liderado por Juan Antonio Lara, supuestamente puede optar por permitir que la empresa continúe operando sin licitación, sin contrato y...

...sin papeles. El resultado: más de un millón de euros anuales que acaban en manos del socio privado, sin que ello repercuta en una mejora del servicio ni en el beneficio directo de la ciudadanía.

Una herencia política que nunca se fue

El origen de este escándalo se remonta al año 2000, cuando el entonces alcalde Enrique Bolín impulsó la creación de EMABESA como empresa mixta. Quien desempeñó un papel clave fue su concejal delegado de aguas, Enrique Moya, verdadero artífice de la cesión del agua al socio privado.

Hoy, 25 años después, Enrique Moya ocupa el cargo de consejero delegado de EMABESA, y el alcalde es Juan Antonio Lara, sobrino político de Bolín y quien en su día incluso fundó un partido con su nombre: "Bolín". Es decir: los mismos actores políticos y técnicos que ejecutaron la operación original parece que han vuelto para reeditarla.


El "saber hacer" que nunca debió cobrarse

La empresa Aqualia, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim a través del grupo FCC, entró en EMABESA con el compromiso de aportar su experiencia. El pliego de condiciones dejaba claro que ese "saber hacer" justificaba su entrada en el capital.

Sin embargo, se implantó una cláusula fuera del pliego por la que Aqualia cobra el 3% anual de la facturación bruta. En 2023, esa cifra alcanzó los 506.635 euros.


Ese dinero no proviene de beneficios empresariales, sino de lo que pagan los vecinos en su factura del agua. Cada euro que se destina a ese canon privado sale del bolsillo ciudadano, aprobado por el propio Ayuntamiento mediante tarifas.

Y lo más bochornoso: las inversiones no las hace Aqualia, sino el propio Ayuntamiento. La empresa se limita al mantenimiento de la red, mientras cobra por un "know-how" que ni se ha documentado ni se ha auditado.

Una continuidad sin papeles ni pliegos

La concesión termina el 16 de junio. Según la normativa vigente y los propios estatutos, debería haberse licitado o disuelto la empresa. Pero el gobierno local guarda silencio.

No hay decreto de disolución. No hay pliegos para una nueva licitación. No hay plan para asumir la gestión directa. Todo apunta a que el objetivo puede ser seguir igual, pero sin reglas. Una situación que ya ha sido advertida por la oposición y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran inviable.

Un socio privado con historial controvertido

Aqualia no es una empresa cualquiera. Es una filial de FCC, bajo control del multimillonario Carlos Slim. En México, especialmente en Querétaro, Slim ha sido protagonista de escándalos por privatizaciones del agua que han sido denunciadas por organizaciones sociales.


Este mismo modelo de negocio, centrado en la extracción de rentas del agua sin reinversión significativa, se replica ahora en Benalmádena.

Ejemplo revelador: el cortijo del millón

Imaginemos que alguien administra un cortijo en Sevilla que deja un millón de euros al año, propiedad de sus hermanos. De repente, decide cedérselo a un tercero, un empresario extranjero, a cambio de nada, y permite que siga cobrando los beneficios sin contrato, sin canon, sin control.

¿Qué pensaría su familia? ¿Qué pensaría el pueblo? Eso es exactamente lo que está haciendo el Ayuntamiento con EMABESA: regalar una renta pública a un operador privado sin base legal.

El artículo 6.4 del Código Civil establece que los actos realizados en fraude de ley no impedirán la aplicación de la norma que se trata de eludir. Supuestamente no hay pliego, no hay contrato, no hay justificación económica ni jurídica.

El interés público puede ser subordinado a un modelo que enriquece al socio privado a costa del ciudadano, y que ha sido diseñado, ejecutado y ahora reeditado por los mismos responsables políticos y técnicos.