“Es innegable que la nota informativa de la Fiscalía intenta salvar la integridad de la institución frente a la falsedad vertida no por cualquiera, sino por otra institución del estado, presidida por la pareja del afectado”
OPINIÓN. Charlas con Nadie
Por Manuel Camas. Abogado
22/10/24. Opinión. El conocido abogado Manuel Camas escribe su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la investigación contra el Fiscal General del Estado: “Me cuesta entender que el Tribunal Supremo abra una investigación penal al Fiscal General del Estado, por revelación de secreto, en una cuestión hecha pública por los propios interesados con anterioridad y...
...en la que se mentía abiertamente con un relato claramente atentatorio contra la dignidad y honorabilidad de la Fiscalía”.
El Derecho
Me recuerda Nadie que íbamos a hablar sobre vivienda o sobre inmigración, pero la cabra tira al monte y no tengo manera de separarme de los asuntos relacionados con la justicia, ahora la bomba de la investigación de la Sala Penal del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado.
El propio Tribunal Supremo reconoce que la Comunidad de Madrid aseguraba que el fiscal ofreció un acuerdo a la pareja de Ayuso y después ‘le prohibieron cerrarlo’, la Fiscalía ante una falsedad que afectaba a su imagen institucional hizo público que lo que había era un correo del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ofreciendo motu proprio un acuerdo.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (art 4.5) recoge que podrá informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados. En el art 50 establece que deberán guardar el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan. Cómo se conjugan ambos preceptos es desde luego interpretable, el propio auto del Tribunal Supremo los menciona, difícil llevar lo interpretable al ámbito penal.
Me cuesta entender que el Tribunal Supremo abra una investigación penal al Fiscal General del Estado, por revelación de secreto, en una cuestión hecha pública por los propios interesados con anterioridad y en la que se mentía abiertamente con un relato claramente atentatorio contra la dignidad y honorabilidad de la Fiscalía.
Como ya hemos dicho el propio Tribunal Supremo reconoce que la Comunidad de Madrid aseguraba que el fiscal ofreció un acuerdo a la pareja de Ayuso y después ‘le prohibieron cerrarlo’. Es innegable que la nota informativa de la Fiscalía intenta salvar la integridad de la institución frente a la falsedad vertida no por cualquiera, sino por otra institución del estado, presidida por la pareja del afectado.
Yendo a los principios parece que mentir para desacreditar una institución como la Fiscalía debiera ser justificación suficiente de la reacción de la propia Fiscalía, pero se ha optado con frágiles motivos en mi opinión para abrir un procedimiento penal contra el Fiscal General del Estado.
Llevar los hechos que comentamos al ámbito penal que es última reserva del ordenamiento, en mi opinión es una interpretación excesiva de hechos y derecho, nuestros tribunales habitualmente se abstienen de investigar las filtraciones del contenido de los sumarios, lo vemos a diario, quién investiga por ejemplo la filtración de la grabación de la declaración del presidente del Gobierno como testigo ante el juez instructor, estos eran los titulares:
La ‘no declaración’ de Sánchez se filtra sin imagen minutos después de que el juez la entregase a las partes. Acusación y defensa han recibido las grabaciones de vídeo con marcas de agua distintas, lo que permitiría identificarlas.
Qué escándalo qué escándalo, aquí se juega.
El conflicto entre Fiscalía General del Estado y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es en otro orden público y notorio, coincide en el tiempo con las alegaciones de la Fiscalía contra la argumentación del Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de la ley de Amnistía en términos excesivos, innecesariamente duros, quizás irrespetuosos para lo que es la práctica forense en esas alturas. Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo parece que se siente atacada en lo personal por las decisiones legislativas de las Cortes y lo transmite en sus resoluciones. Es necesaria mucha serenidad para impartir justicia, para participar de la justicia.
En estas circunstancias que se investigue al Fiscal General del Estado por hechos como los descritos es un choque violento entre instituciones del Estado. Esta situación no es buena para ninguna de esas instituciones y es muy mala noticia para la sociedad española.
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