La asociación de la Serranía de Ronda presenta hoy en Granada la denuncia, con graves acusaciones, ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
25/05/06 MÁLAGA. Malos
tiempos se avecinan para el presidente de la Diputación Provincial
de Málaga y alcalde de Ardales, Salvador Pendón. A lo largo de esta
mañana la asociación Silvema Serranía de Ronda
presentará una denuncia ante el fiscal jefe del TSJA contra el
socialista por un convenio urbanístico que firmó.

SILVEMA, que tiene presentada una alegación al convenio que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Ardales el pasado 5 de diciembre, ha decidido emprender la vía judicial porque considera que pueden existir graves irregularidades en la operación. La denuncia que presentará hoy mismo en Granada al fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, va dirigida contra Salvador Pendón “por la presunta comisión de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y exacciones ilegales, por su participación, solo o acompañado de otros, en la preparación, suscripción, aprobación y percepción de dinero en metálico dimanante del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Ardales y la mercantil Laja del Turón SC”.
LA denuncia se compone de tres
documentos: una copia del número 23 del Boletín Oficial de la Provincia
donde se difundió el anuncio de la exposición al público del convenio,
la alegación completa que en su día presentó Silvema
en el Ayuntamiento de Ardales y el propio texto de la denuncia.
En ésta se habla de “la más que presunta incompatibilidad de los
fines del convenio con la ordenación racional y sostenible del territorio
de dicho municipio”.
LA denuncia hace especial hincapié en los 600.000 euros por adelantado “en gastos de tramitación” que ha cobrado el consistorio ardaleño para aprobar el convenio y en la entrada en vigor de la nueva ley andaluza del suelo. “Siendo imposible percibir legalmente cantidades anticipadas a cuenta de dichos aprovechamientos, y estrechamente limitados en su gestión, aparece en este convenio la figura de los gastos de tramitación, de percepción anticipada (…) y sin límite alguno de destino en cuanto a su gestión (no se ha hecho constar que la cantidad se destina al patrimonio municipal del suelo)”.
HABLA de lo “descomunal de la percepción, en relación con el territorio y la población del municipio, y sus recursos presupuestarios” y hace una comparación con datos de lo que cuesta la revisión del PGOU de Ronda, lo que determina que los 600.000 euros destinados supuestamente a gastos de tramitación “para un solo convenio de un pequeño municipio” es una cifra similar “al coste de la revisión del planeamiento general de un municipio de relevancia territorial (refiriéndose a Ronda), con una población cuatro veces superior a la de Ardales”.
OTRO punto importante se refiere
a que no se cita en el convenio en base a qué se calcula que los
gastos de tramitación costarán 600.000 euros. “Entendemos, a la
vista de los datos expuestos, que
la suscripción del convenio entraña una práctica que tiene como
finalidad eludir, ignorar y defraudar los fines de la LOUA, incurriendo
supuestamente en actuaciones que inciden en los tipos penales que
se han enunciado en el encabezamiento de este escrito”.
EN próximas fechas EL OBSERVADOR irá informando de más aspectos de este convenio urbanístico, muchos de los cuales aún no han sido tratados por este ni por ningún otro medio de comunicación.
PUEDE consultar la anterior noticia publicada sobre el convenio urbanístico de Ardales pinchando aquí: