OPINIÓN. Tribuna
abierta. Por Rafael Yus, Juan
Terroba y Paco Puche
Ecologistas malagueños
12/09/12. Opinión.
Tres destacadas personalidades del movimiento ecologista en Málaga, Rafael
Yus, Juan Terroba y Paco Puche, diseccionan en este amplio análisis para los
lectores de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, las causas, orígenes
y políticas más apropiadas para atajar incendios como el que
hace unos días
calcinó más de 8.000
hectáreas de monte de la Costa del Sol. Un completo
estudio que aporta datos sobre las reforestaciones, sobre la propiedad de los
montes y la evolución de los suelos que ayudan a entender un fenómeno
repetitivo y devastador como el de los incendios.
Málaga en llamas
EL
título de este artículo, a la luz del incendio acaecido en la Alpujata y otras sierras
de Málaga este final de agosto, viene de suyo, es de cajón. Tan es así, que
hace unos días la prensa local publicó otro con el mismo nombre [i].
NO exageramos cuando calificamos así al desastroso incendio ocurrido en nuestra provincia, que como se sabe, se inició el pasado 30 de agosto a las 18:50 horas, en la zona entre Coín y Alhaurín el Grande denominada Barranco Blanco, que ha arrasado más de ocho mil hectáreas de monte y que, al parecer por las últimas investigaciones oficiales, ha sido fruto de una negligencia. Lo han dicho otros antes que nosotros: “El incendio más trágico de la Costa del Sol”, titulaba el diario Sur el acontecimiento, o la zona “nunca se había enfrentado a una desgracia y devastación ecológica de este nivel”, como declaraba el presidente de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves. Y no es para menos.
La catástrofe
SI tomamos el siglo XX como referencia, éste incendio ha sido unos de los cuatro cinco eventos más dramáticos de la provincia de Málaga. Las dos grandes inundaciones de 1907 y 1989 se han cobrado más víctimas humanas (22 y 8 respectivamente), el incendio de 1991 de la Sierra de las Nieves probablemente haya sido más grave desde el punto de vista ecológico, pero el que hoy nos ocupa ha sido igual de extenso y uno de los más grandes de los últimos 50 años, y además se ha cobrado víctimas humanas (un muerto y dos heridos graves).
EN efecto, apoyándonos en
la tesina de Alberto Garzón [ii] y otros autores y en
las fuentes oficiales que suministra la Junta de Andalucía, el Infoca y el Plan Forestal Andaluz, relativo a
incendios forestales y reforestaciones habidos en la provincia de Málaga,
llegamos a las siguientes conclusiones: Que el total de hectáreas afectadas por
incendios en 40 años, entre 1968 y 2008, ha sido en torno a 118.000, lo que supone
una media de 3.000 hectáreas
por año; Que de esos años solo 1975 y 1991 superan en hectáreas incendiadas a
lo que va de este año 2012, en el que ya hemos sumado más de 9.000, que
multiplica por tres la media del conjunto de la serie; Que, aproximadamente (no
hay datos más fiables), las reforestaciones habidas en todo el siglo XX (y
hasta 2005) han sido en torno a 105.000 hectáreas,
unas 1.000 hectáreas
alaño. La mayor parte de lo repoblado lo fueron de coníferas, como había
ocurrido en el resto del país durante 50 años; Que hasta ahora no hemos sido capaces más que de
mantener, como mucho, lo que había a principios del siglo XX: 118.000 hectáreas
quemadas en solo 40 años y 105.000 hectáreas reforestadas en 105 años. Ni
siquiera las 5.000 hectáreas
pendientes de reforestar del margen derecho del Guadalmedina, proyectadas en
los años treinta del pasado siglo, y tan indispensables, se han acometido.
LA esperanza estaba puesta en El Plan Forestal Andaluz, aprobado en 1989, que pretendía en Málaga, para 2048, reforestar 230.000 hectáreas y hacer transformaciones selvícolas para conseguir que en esa fecha llegasen a existir 128.000 hectáreas de quercineas y 172.000 hectáreas, de mezcla de Quercus con pinar, o sea el 41,2 por ciento de todo el territorio provincial. Una interesante y urgente propuesta que está en gran parte pendiente de desarrollar. Por que como se dice “por los pinos sabremos donde estará el fuego” y es que por lo general el 94 por ciento de los incendios se ceba sobre los diverso tipos de pinos y cultivos forestales y solo el 6 por ciento con especies más “nobles”. Se repite la historia: ante el gran incendio de la Sierra de las Nieves de 1991, la Confederación Ecologista (Cepa), exigía al gobierno andaluz que se cumpliese el Plan Forestal “con el que se podrían resolver gran parte de los desastres derivados de los incendios”.
Pero, ¿por qué se quema el monte?
LO hemos visto con el desastre actual, lo primero que se pretende es buscar “chivos expiatorios”: la mano humana, el “loco” de turno, la colilla, el interesado en urbanizar. Los políticos son los primeros en desviar la atención al presunto acto criminal. Así ha sido en el incendio de la Alpujata. El presidente Griñán se apresuró a señalar que “existen sospechas de que el incendio ha podido ser intencionado”, e igualmente su vicepresidente, que toca en la misma orquesta, se apresuró a decir esa perogrullada de que el origen del incendio se encuentra “claramente en una actividad humana, del hombre”, y hasta Julio Iglesias en un manifiesto que publicó en la revista Hola, el pasado 5 de septiembre, manifestaba que “sumo mi voz de protesta a quienes se indignan ante la impunidad de los incendiarios (pues) parece una acción criminal planificada y ejecutada con infinita maldad”.
CRIMINALIZAR la causa del incendio tiene un efecto inmediato, aleja a los responsables de las verdaderas causas de desastre, y no se habla de políticas forestales ni urbanísticas, verdaderas causantes de la magnitud de éste y de otros incendios. La lógica que sigue a esta mentalidad es la de pedir el agravamiento de las penas. Si miramos el código penal, éste ya prevé penas de prisión de uno a cinco años más multas, pero si ha existido peligro para la vida de las personas, las penas se elevan de diez a veinte años, más que a un homicida y parecido a un asesinato. En todo caso este reflejo ocurre cada vez que hay un incendio importante, como en 1991, y estos no cesan de producirse. El ministro Gallardón, el pasado julio, se apresuró a presentar una reforma del código para elevar las penas un año, de cinco a seis años, pero el movimiento ecologista con buen criterio le ha advertido que el endurecimiento de las penas no soluciona estos siniestros
CON datos por delante tomados del Infoca, para el decenio 1992-2002, se sabe que las causas naturales de los incendios (rayos) no llegan al 3 por ciento, que los accidentales son el 1.9 por ciento y que por lo tanto, que detrás del 95 por ciento hay una mano humana: Valderas dixit. Ahondando más en estas estadísticas (que coinciden con otras fuentes), se comprueba que los intereses de recalificaciones o madereros han declinado mucho y no alcanzan ambos más del 0,4 por ciento del total, y la razón es sencilla: el artículo 355 del código penal establece que los jueces podrán dejar sin recalificación un suelo calcinado durante 30 años, así como pueden suprimir la venta de la madera quemada. Esto ha cambiado.
¿ENTONCES quién quema el monte? Habría que invocar la máxima aceptada “que los fuegos se apagan en invierno”, pero hoy esto no basta, en nuestra provincia, como en otras, habría que formular esta otra máxima: “los fuegos se apagan en las mesas de los planificadores y controladores urbanísticos”. Por que la cuestión no es quién arroja la cerilla sino qué cantidad de biomasa esta disponible para su pronta ignición y a qué velocidad va a propagarse la primera chispa. Siguiendo con la encuesta del Infoca citada se sabe que el 35,7 por ciento de los incendios fueron intencionados por distintas razones y que otro tanto (34,2 por ciento) lo fueron por negligencias. Un 26 por ciento lo ha sido por causas desconocidas, pero que se repartirán entre estos dos últimos motivos. Estos datos, con toda probabilidad, se mantendrán casi inalterables en el futuro, por tanto, insistimos, hay que actuar sobre la base de la planificación y usos del monte así como recuperar su aprovechamiento ganadero tradicional pero con vocación de futuro (extensivo y sostenible)
Las viejas y las nuevas causas de los incendios: su evitación y gravedad
UNA causa antigua, pero perenne, es el tipo de vegetación que cubre el monte. Cuanto ésta más se aproxime a la vegetación climática mediterránea (arbustiva y arbórea) menos incendios habrá y mucho menos graves. Ya lo hemos dicho en esa otra máxima forestal “por los pinos sabremos donde estará el fuego”, y es que no se puede reforestar masivamente en un clima seco con especies pirófitas, y menos en un contexto de cambio climático como en el que estamos. La urgencia de aplicar el Plan Forestal queda fuera de toda duda, independientemente de dejar que el bosque “meta” y se regenere por sí mismo en la medida que lo pida y, en todo caso, imitando su comportamiento.
LA otra razón es la del mantenimiento de los bosques en invierno, evidentemente: limpieza, caminos, cortafuegos, masas forestales discontinuas, etc. Concomitante a esta es la de la vigilancia, especialmente en la épocas de más riesgo (junio a octubre), tanto de los usuarios como de los posibles avistamientos rápidos de conatos para que no vayan a más. En el grave incendio que nos ocupa hemos sabido, por un comunicado publicado por CCOO, el pasado 5 de septiembre, relativo a los recortes en el empleo público de la Junta, que “un puesto de vigilancia de la Junta a tan solo un km del inicio del incendio estaba cerrado ese día (…) y que estaba cubierto por una sola persona el resto de la semana”.
OBVIAMENTE, en los días en que en Málaga corre el viento terral una
medida efectiva sería impedir que los vehículos particulares circulasen por los
montes, salvo los de los propietarios o trabajadores de fincas.
UNA causa relativamente moderna es el abandono de los usos tradicionales del monte. Ya sabemos que el ganado bien temperado es el mejor aliado contra los incendios. Sirve de ejemplo La Mairena, cerca de Ojen, donde Julio Iglesias tiene sus mansión, y cuyo paraje ha sido muy afectado por el fuego. Dice un blogero de la zona que “antaño este lugar era recorrido solo por cabreros y poco más, ahora los vehículos suben y bajan desde aquí hasta la costa, y durante la última década esta zona ha sido motivo de gran polémica por la enorme actividad constructiva en un paraje de gran importancia ecológica”. Igualmente, son buen aliado contra los incendios los aprovechamientos de los recursos forestales por parte de los vecinos. E inversa a esta causa la invasión de gentes provenientes de la ciudad, o de otras latitudes, sin cultura forestal o campesina alguna, y sin estar mínimamente familiarizados con los usos del fuego en estos climas mediterráneos. Todo esto aumenta los riesgos de incendios.
UNA causa relevante, que ya tenemos entre nosotros y que es de plena actualidad, es la parte del cambio climático irreversible. Ya sabemos que se proponen dos medidas frente al citado cambio de clima de origen antrópico: una la de mitigación, es decir parar el desastre reduciendo drásticamente las emisiones, y la otra la de adaptación, es decir adecuarse a lo que se va a quedar ya entre nosotros por largo tiempo. Como para nuestros climas mediterráneos las perspectivas son de más temperatura (cerca de 2º grados centígrados de media), de menos lluvias y situaciones extremas con picos tanto en el régimen de descargas cuanto en las temperaturas extremas, quiere esto decir que una planificación adecuada exige situarse en estos nuevos escenarios: hay que modificar los planes del Infoca, hay que cambiar la política forestal y ganadera y, en nuestras tierras, especialmente, la política urbanística.
TENEMOS que hacernos la siguiente pregunta que no quieren oír ni los políticos ni los urbanizadores: este incendio catastrófico ¿no es el indicador más patente de que las políticas de prevención y extinción han fracasado con estrépito? Esta pregunta nos lleva a replantearnos el cómo estamos haciendo las cosas hasta ahora en este terreno en lugar de tratar de magnificar la labor de los profesionales del ramo, cuya actuación siempre arriesgada dada su profesión, está pendiente de una evaluación seria en función de la magnitud del desastre. Porque no se trata de pedir heroicidades a nadie sino de saber si hubo medios suficientes, planificación y coordinación adecuada a la magnitud de lo que se presentaba. De nuevo Valderas, echando balones fuera, declaró en medio del “tornado” que el Plan Infoca “merece la medalla de Andalucía”. Nada más contradictorio ante lo que tenía delante.
QUIEN quema el monte (intencionadamente o no) no es quien quiere sino quién puede. Una “simple colilla, barbacoa o rayo no puede acabar con tantos ecosistemas forestales”, como dice el ecólogo Fernando Prieto. Y es que es imposible acabar con los males sociales, como los incendios, pero es necesario crear las condiciones que no los favorezcan, como las políticas de prevención, ganaderas y urbanísticas adecuadas. Si no hay combustible fácil y abundante los incendios se minimizan. Y el urbanismo (legal o ilegal) disperso en los montes, como hemos podido ver en las múltiples imágenes aéreas del incendio de la Alpujata, es hoy día el principal de los combustibles generadores de estos incendios monumentales; y esta responsabilidad, (o más bien irresponsabilidad) en la provincia de Málaga tiene nombres y apellidos: los sucesivos miembros de las Comisiones Provinciales de Urbanismo y Alcaldes que han permitido que la mayor parte de la provincia se convierta en una irresponsable e ilegal urbanización, sin respetar terrenos forestales en montes y sierras.
El urbanismo combustible
UNA de las nefastas consecuencias de este incendio ha sido la destrucción de enseres y viviendas que se encontraban en suelo rústico. Más del 50 por ciento de las viviendas destruidas por el fuego estaban en una situación irregular, construidas lejos de las ciudades, en suelo forestal o agrícola. Sobre este particular, los ecologistas hemos estado advirtiendo, durante muchos años, que la vida en el campo, además de ser contraria a la legislación urbanística presente, tiene costes sociales inmediatos y otros, como los incendios, potenciales, que en el caso de la provincia de Málaga, se puede decir que son muy probables, debido a la existencia, en esta provincia, de muchos factores que lo favorecen en la época estival: abandono de la actividad agrícola y forestal y con ello la invasión de herbazal anual y leña que se seca rápidamente (agosta) en verano y constituye un importantísimo combustible que asegura la continuidad de las masas forestales dispersas por la actividad humana. En segundo lugar, los factores climatológicos, la existencia de altas temperaturas con una muy baja humedad relativa ambiental y vientos, factores que se agravan durante los sucesivos “terrales” que irrumpen a lo largo del verano en esta provincia. Finalmente, la presión turística, que conduce a una mayor frecuencia de visitantes en zonas forestales, donde siempre hay algún comportamiento imprudente en la realización de fogatas.
CON todos estos elementos gravitando en la provincia de Málaga, y aún a pesar de los constantes incendios que se vienen produciendo cada año, llama poderosamente la atención la relajación de las autoridades en relación a la prevención no ya sólo de los incendios en sí, sino de las desgracias personales y materiales. A pesar de existir una importante normativa preventiva en la Ley de Protección contra los Incendios, nuestra comunidad no actúa en consecuencia en muchos casos. Por ejemplo, los Planes de Ordenación del Territorio (POTs) tendrían haber establecido una norma supramunicipal que obligue a ajustar los diseños urbanísticos a las medidas de prevención. Decimos esto porque la mayoría de las urbanizaciones están rodeadas de combustible forestal y esto se tenía que haber impedido hace tiempo. Esto obedece a razones mercantiles, pues el urbanista, sabedor de los gustos de los centroeuropeos de rodearse de vegetación forestal, tanto por razones estéticas como por asegurar intimidad, diseña las urbanizaciones de forma que quedan totalmente rodeadas de árboles. Es imposible que los urbanistas no hayan contemplado el peligro que supone estos diseños, pero lo importante es vender y el que compra manda.
PERO el asunto no se queda
únicamente en las urbanizaciones más o menos regladas. El problema que ha
aflorado en este incendio (en realidad llevamos décadas observándolo y
denunciándolo) es el creciente número de viviendas unifamiliares que se han
construido en el solar rústico (agrícola y forestal) de la provincia de Málaga,
a pesar de que la legislación es muy clara en este aspecto: las personas tienen
que residir en las ciudades. Como si las leyes fueran papel mojado, los
ayuntamientos han estado haciendo, a lo largo de decenios, una política de
dejación, cuando no de animación activa, del urbanismo difuso en suelo rural no
urbanizable, llevando a una situación insostenible de decenas de miles de
viviendas en la provincia de Málaga. Recordemos lo obvio: la vida en el campo -
(como segunda residencia y para los que no viven del campo)- está en contra de
todas las consideraciones ambientales: tiene un mayor coste energético,
consumen más recursos hídricos, crean barreras a la fauna, suponen la
inertización de amplias superficies de suelo rústico (no solo por las viviendas
y alrededores, sino por la extensa red de infraestructuras) y además
contaminan más, pues no están conectados
a redes de saneamiento ni tienen sistemas de recogida de residuos sólidos,
además de provocar importante impactos paisajísticos.
A esta lista abreviada de daños ambientales hay que añadir los costes económicos para los ayuntamientos (ej. arreglo de caminos, recogida de residuos, etc.) y los costes sociales. Entre estos últimos, está la mayor vulnerabilidad frente a eventos catastróficos como el fuego. Son viviendas cuyo acceso por parte de ambulancias y bomberos es muy complicado, pues no siempre se conoce la forma de superar el laberinto de carriles, muchos de ellos cortados celosamente por sus propietarios, en un terreno que generalmente es muy abrupto y poco accesible. Todo esto dificulta la atención rápida de sistemas de emergencia, teniendo que recurrir a sistemas costosos de tratamiento del fuego como son los aéreos (hidroaviones, helicópteros). Las especiales condiciones en que se crean estas viviendas, frecuentemente sin licencias (aunque consentidas por los ayuntamientos), hace que frecuentemente la mayoría de estas viviendas carezcan de un plan propio de autoprotección frente a incendios que deben entregar a los servicios de Protección Civil para que asesoren sobre las medidas preventivas necesarias y conozcan las fuentes de peligro que pudieran existir en estas viviendas. Es preciso señalar que estas viviendas, en sí mismas, ya constituyen un foco potencial de incendios por múltiples causas (barbacoas, quema de desbroces vegetales, combustibles y residuos, etc.) pero es que, por las razones anteriormente señaladas, también son potencialmente víctimas de fuegos más generales y de mayor envergadura.
UNA cuestión que no debe pasar desapercibida es que la mayor parte de las masas forestales de la provincia de Málaga están en manos privadas, por lo que cabe hacer dos consideraciones: 1) No existe ningún espacio o figura de protección ambiental en todo lo que ha ardido. Al ser privado, la Junta no ha querido calificar los valiosos alcornocales o encinares de Elviria, Ojén, Barranco Blanco etc. Sólo tienen figuras forestales en el obsoleto PEPMF o en los PGOUs locales. Aquí cabe una reflexión respecto a los parques y parajes naturales, que solo se protegen si son fincas de titularidad pública y se deja especular a las privadas. 2) La mayoría de las viviendas afectadas son manchas de suelo urbanizable o urbano, otorgadas en medio del forestal por los municipios de forma paralegal, como son los casos de Marbella y Ojén. En Coín, Alhaurín y Mijas hay urbanizaciones, pero ya aparecen en mayor medida las edificaciones en SNU. En todos los casos son ayuntamientos que desde hace una década son condenados e intervenidos por numerosa corrupción urbanística, con alcaldes procesados (Alh. el Grande), inhabilitados (Ojén) o encarcelados (Marbella). En todos los casos son recalificaciones de bosque a urbanizable con base a PGOUs ilegales, desfasados o precarios, con gran destrozo de arbolado, aisladas de cualquier sistema de infraestructuras ni núcleos, con el ejemplo más atroz de La Mairena (Ojén), en la cumbre de un alcornocal. Un modelo a condenar, que se frustró en recalificaciones más recientes, como La Mota-Barranco Blanco, al parecer denegada.
No premiar a los delincuentes urbanísticos
ANTE esta situación, la destrucción de viviendas irregulares en el campo por el fuego, con ser un hecho lamentable, no debería ser objeto de atención alguna por parte de las administraciones del Estado. Ni el Estado ni ninguna administración pública debe “premiar”, con dinero sangrado de los impuestos, con algún tipo de ayuda a los delincuentes urbanísticos. Ellos son en última instancias los responsables de ir a residir al campo (en contra de las leyes), de rodearse de material combustible y, en algún caso, contribuir a la creación de incendios.
YA ha sido un elemento distorsionador en las operaciones de control del fuego el principio de atender prioritariamente las vidas y enseres humanos (ej. mantener húmedas las viviendas para que no se quemen), por delante de las pérdidas de zonas de alto valor ecológico; si no existieran estas viviendas las operaciones podrían ser más ágiles para preservar el patrimonio forestal. Por otra parte, estas viviendas, como mínimo, deberían tener un seguro contra incendios propio y si no lo tienen es porque no han querido protegerse. Además, al ser viviendas irregulares, no deben contemplarse como elementos urbanísticos de consideración administrativa.
ALGUNOS municipios de las zonas afectadas, en los que se han destruido viviendas irregulares, se están planteando pedir a la Junta de Andalucía medidas paliativas para estas desgracias, entre las cuales figuraría la regularización de dichas viviendas para que puedan reconstruirse. Según el decreto de regularización de viviendas actualmente vigente, una de las condiciones para realizar esto es que la vivienda está en condiciones de habitabilidad, situación que se ha perdido en muchos casos por culpa de los incendios. En estos casos, lo más sensato y coherente con la legislación es que estas viviendas sean definitivamente demolidas y que sus propietarios busquen la indemnización que les corresponda en caso de haber sido lo suficientemente prudentes como para suscribir un seguro contra incendios. No es, por tanto, un asunto que deba solucionar el Estado.
COMO corolario de toda esta experiencia, debemos insistir en los costes ambientales, sociales y económicos de la irresponsable dejación de los municipios a la hora de relajarse en el control del urbanismo difuso en suelo rústico o no urbanizable. Ellos, más que nadie, son los responsables políticos de la situación a la que hemos llegado, porque disponen de las herramientas legales para aplicar la disciplina urbanística y nunca la han querido hacer valer por el miedo a la pérdida de apoyo electoral. Y porque también encuentran en este cáncer urbanístico una fuente de ingresos para la financiación de las arcas municipales, una posición irresponsable porque no advierte los costes económicos que les va a suponer mantener los servicios que estas viviendas, una vez regularizadas, les va a demandar. Lo hacen incluso a sabiendas del peligro al que exponen a estos nuevos residentes del campo. Este tipo de gobernantes y gobernados, son los auténticos responsables de las desgracias, más que el fuego.
El voluntariado necesario y bien formado
LA Ley de Incendios Forestales de Andalucía (LIFA) parte del principio de que la prevención y lucha contra los incendios forestales conciernen a todos, y que se configura la colaboración ciudadana como obligatoria.
EN esta Ley se regula la participación de los Grupos Locales de Pronto Auxilio (GLPA), promovidos por las Entidades Locales, y otros grupos equivalentes que sirvan de cauce a la participación voluntaria de los ciudadanos en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
LA LIFA establece en su art. 8: Competencias de las Entidades Locales: d) Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra incendios forestales… Asimismo, y a pesar de lo dispuesto en el Cap. IV de esta Ley en los arts. 17,18 y 19 que regula la colaboración, integración, adscripción y dotación de medios y formación de los GLPA y grupos equivalentes en la estructura operativa de lucha contra los incendios forestales, apenas se ha dado desarrollo ni cumplimiento a esto y sin duda estamos ante un retroceso en dicha participación ciudadana respecto a una tímida fase inicial en la década de los 90 donde se impulsaron, crearon y dotaron de medios a algunas agrupaciones de voluntarios.
EL papel de estos en los incendios forestales es una asignatura pendiente en las políticas públicas de prevención y lucha contra los incendios forestales.
A pesar de todo esto, siempre surgen iniciativas ciudadanas organizadas que desafían la desidia y la burocracia oficial como es la llevada a cabo por Ecologistas en Acción con posterioridad al catastrófico incendio que tuvo lugar en Monte Prieto en septiembre de 1992, que arrasó 824 ha. en pleno corazón del parque natural Sierra de Grazalema, provocando un gran desastre ecológico y una irreparable pérdida de vidas humanas, pues murieron cinco trabajadores de los retenes contraincendios.
ECOLOGISTAS en Acción y otros grupos ecologistas viene realizando una serie de actuaciones de actividades para concienciar a la ciudadanía sobre los nefastas consecuencias de los incendios forestales y poner en valor el trabajo de los miles de voluntarios/as que, con su trabajo altruista, han realizado el mejor de los homenajes a estos trabajadores: regenerar el bosque por el que perdieron la vida.
SE propuso desde el primer momento que no era solo momento de exigencia de responsabilidades -que nadie asumió- o de lamentos, sino de implicar a toda la sociedad en la defensa de los bosques, por lo que se planteó un proyecto pionero para regenerar parte del monte incendiado con el trabajo de voluntarios. El proyecto fue recibido con reticencias, cuando no abierta oposición, por los responsables de la CMA que desconfiaban del compromiso de los ciudadanos para mantener un trabajo continuado durante más de una década. Pero el proyecto se llevó a cabo con un rotundo éxito, arrojando resultados muy positivos tanto en lo referido a la regeneración de la cubierta vegetal como en la participación pública.
ESTE se desarrolló durante 11 años, con la participación de 5.783 voluntarios/as, consiguiendo la regeneración de un bosque mediterráneo diversificado en una amplia parcela de 35 hectáreas junto al Puerto de los Acebuches, convirtiéndose así en el proyecto de mayor amplitud por el número de participantes y por la superficie reforestada de los realizados en un parque natural andaluz.
ASIMISMO se ha propuesto realizar visitas guiadas para vecinos del parque natural y para aquellos colectivos que participaron en esta campaña de reforestación para que puedan comprobar los resultados de su trabajo voluntario.
LA imagen de la finca las
Cuatro Lunas de Julio Iglesias, en pleno
corazón de un monte bien forestado, conservando intacta su mansión, propia de
un jeque, con 200
hectáreas de alrededor calcinadas por el fuego, es el
aviso de hasta qué punto el dinero se muestra impotente ante los desafíos a
la naturaleza. Esa isla de lujo en medio
del paisaje desolador, es la metáfora de lo que los economistas llaman
“economía de enclave”: una actividad colonizadora por medio de la cual los ricos,
con la connivencia necesaria de algunos políticos y oportunistas locales, se
quedan con lo mejor de cada sitio a costa de los bienes comunes y públicos y
con el engaño de la creación de riqueza y de puestos de trabajo. Cuando ya no les sirve el lugar, y
han esquilmando el sitio, se van para otra parte a repetir el cuento. Es lo que
pretenden aun hacer en la sierra rondeña Merinos y en La Resinera (Benahavis).
Mientras los dejemos.
BIBLIOGRAFÍA y notas: