OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
11/01/16. Opinión. “El tratamiento dado por los grandes medios españoles al atropello del nuevo Gobierno argentino contra la ley de regulación del mercado audiovisual revela hasta donde son capaces de falsear los hechos para defender sus intereses”. El periodista Dardo Gómez explica la campaña que se orquesta en los medios españoles y se refiere incluso al Informe McBride, como ya hizo El Mundo, para recordar aquellas organizaciones...
...que sostienen la consagración “de la información y la comunicación como derechos fundamentales de la humanidad”. Una columna de Gómez para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
La mentira como arma de intoxicación
EL tratamiento dado por los grandes medios españoles al atropello del nuevo Gobierno argentino contra la ley de regulación del mercado audiovisual revela hasta donde son capaces de falsear los hechos para defender sus intereses.
EN el último mes del año pasado la defensa y consolidación del Derecho a la Información y la Comunicación en el mundo ha sufrido un duro traspié como consecuencia de la decisión del nuevo Gobierno argentino de suprimir aspectos esenciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), vigente desde hace seis años.
MÁS conocida como “ley de medios”; aunque no afectaba al resto de plataformas de comunicación, está normativa fue efusivamente ponderada por los principales organismos internacionales de Derechos Humanos y considerada como un avance sustancial en el reclamado y necesario control de la concentración de medios de comunicación.
ENTRE las organizaciones que sostienen esa necesidad, se hallan la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras o la Corte Interamericana de Derechos Humanos; esta última en distintos fallos que han creado jurisprudencia internacional.
ESOS fallos consagran a la información y a la comunicación como derechos fundamentales de la humanidad y señalan a la concentración mediática como un riesgo cierto para la libertad de expresión. Algo que ya vienen proclamando desde comienzos de este siglo el Consejo de Europa y distintos organismos europeos que velan por el ejercicio real de esos derechos.
A pesar de todos estos antecedentes los grandes medios españoles han despachado este trascendental recorte de derechos en Argentina como un mero altercado entre partidos y utilizado titulares y mensajes sesgados que conllevan la intención de desinformar; seguramente, por la cuenta que les lleva.
EFE llegó a titular que el presidente Macri “buscará poner fin a la guerra contra el periodismo”; hasta ahora, nadie se ha disculpado de tamaña temeridad en la agencia pública española.
EL diario El País tituló el pasado 24 de diciembre así: “Macri decreta el fin del control kirchnerista de los medios” y copia, sin comentario alguno, a un portavoz del nuevo Gobierno argentino que afirma que "la norma fue creada para aniquilar a medios de comunicación, como el Grupo Clarín y Cadena 3, con los que el Gobierno no estaba de acuerdo. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”.
EN “La Vanguardia”, el periodista Robert Mur se atreve a sostener que la ex presidenta Fernández promulgó “una polémica ley de medios para liquidar a Clarín”; ya veremos el atrevimiento de esta afirmación.
EL Mundo, por su parte, ha titulado el 30 de diciembre “Macri acaba con la 'guerra' contra el periodismo que estableció Kirchner”; y acota que “esa norma estuvo basada en el espíritu del informe del Premio Nobel de la Paz Sean McBride para la Unesco, 'Voces múltiples, Un solo mundo'. Y estableció la redistribución de las licencias en tres tercios a cada sector: privado, público y sociedad civil. Por eso es que Clarín y otros medios privados, que concentraban licencias, debían desprenderse de algunas emisoras de televisión y radio.”
SI, de verdad, se quería informar debió haberse señalado que se habla de unas 330 licencias anómalas de televisión, radio y servicios de TV de pago en manos de 21 grupos; de las cuales cerca de 200 pertenecen al “sufrido” Grupo Clarín. Entre los otros figuran grupos internacionales como las españolas Telefónica y Prisa o la estadounidense DirectTV.
Niego la mayor; es mentira
A pocas horas del ataque contra esa ley perpetrado por el flamante presidente Macri, unas 15.000 personas -según cables internacionales y fotos elocuentes- se concentraron frente al parlamento argentino, en Buenos Aires, y en decenas de ciudades en defensa de la ley de regulación de medios audiovisuales. Parece que a nadie conmueve en nuestras prensa que algo tan poco ponderado en España como el Derecho a la Información concentre en el país del Plata tantas voluntades en su defensa.
LOS discípulos de Prisa o de Unidad Editorial tampoco han hallado razón para tener que informar sobre los pronunciamientos de la Federación Europea de Periodistas (FEP), de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y del propio Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que han señalado a esta reforma que se pretende como un “atropello” a las libertades.
LA razón de este ocultamiento es fácil de detectar, esas manifestaciones derrumban las mentiras con las que construyen el discurso sobre la génesis de esta ley argentina reguladora del funcionamiento democrático de los medios audiovisuales y la teoría patronal sobre los pretendidos peligros de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
LA primera y mayor mentira es que no fue una ley pensada por los gobiernos de los Kirchner; su recorrido arrancó hace 26 años y en aquel momento estaba muy lejos la intención de “aniquilación” del grupo Clarín, que supone el medio de Prisa, tanto como el acceso de Cristina Fernández al Gobierno argentino.
EN abril de 1984, siendo presidente Raúl Alfonsín, se suspendió la adjudicación de cualquier licencia audiovisual en aquel país hasta aprobarse una nueva ley que reemplazara la autoridad creada por el decreto de la dictadura de Videla.
A partir de allí todos los gobiernos argentinos elaboraron distintas propuestas, que nunca vieron la luz, para una nueva norma que pusiera coto a la concentración mediática concedida por la dictadura.
Un gran debate social
PASARON más de setenta proyectos que no llegaron ni siquiera a tratarse en el Congreso ante el poder de Grupos como el de Clarín o La Nación que habían consolidado sus monopolios y situación de predominio al amparo y al servicio de los militares genocidas. Se pudo reformar la Constitución, pero fue imposible superar las presiones de los grupos mediáticos dominantes.
DEBIERON pasar veinte años para que naciera un movimiento integrado por grupos de medios comunitarios, organizaciones sociales, militantes de derechos humanos, sindicatos y, sobre todo, catedráticos de ciencias de la comunicación, que se ocupó poner en común la preocupación por esa necesidad frente a una sociedad que -como ocurre hoy en España- no percibía esa carencia democrática.
FINALMENTE, fueron más de 300 las organizaciones que integraron la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD) y que, a lo largo de ocho años, fueron desarrollando el manifiesto “21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación”, que se convirtió en el estandarte de esta reivindicación. El 27 de agosto de 2004 ese documento base se presentó a través de la emisora pública Radio Nacional y el 2 de diciembre de ese mismo año en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
YA con aspiraciones de iniciativa ciudadana, el proyecto de ley basado en esos “21 puntos” fue presentado el 18 de marzo de 2009 y se sometió a discusión en 24 foros ciudadanos en todo el país, hubo más una decena de audiencias públicas y comisiones parlamentarias, y se recibieron más de 1.200 aportes de modificaciones.
POR fin el 27 de agosto de ese año tomó forma el proyecto final elevado al Congreso que fue aprobado el 10 de octubre.
LA ex presidenta Cristina Fernández dio su apoyo a este proyecto en 2008, lo que la honra, pero no se puede atribuirle, ni a su partido, la paternidad de la ley. No solo es falso, sino también ridículo y evidencia clara ignorancia sobre su largo proceso de evolución.
LO demoledor es que una ley elaborada con tal ejemplaridad haya sido derogada por un decreto de urgencia del presidente Macri y sin debate parlamentario.
De pronto, reaparece McBride
QUIZÁ sin darse cuenta de su trascendencia, el diario El Mundo ha traído a cuenta el “informe McBride” como mentor de la ley argentina; hablamos del primer informe multidisciplinar sobre la relación de los medios con la democracia y la utilización de estos como lobby al servicio de los poderes fácticos del sistema. Las conclusiones, tremendas y fundamentadas, de este encargo de la Unesco provocó que los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña retiraran sus aportes a esa organización en 1984 y 1985, respectivamente, y no volvieron a la organización hasta 2004.
RONALD Reagan y Margaret Thatcher fueron llevados a esa decisión por la tremenda presión de los grupos mediáticos. En la redacción de ese informe han participado notables como el fundador de Le Monde, Huber Beuce-Mery; el escritor Gabriel García Márquez o el sociólogo Marshall Mac Luhan.
ESE informe recibió los ataques más duros de la prensa mundial, entre ellas la española. El País publicó el 30 de septiembre de 1980 un editorial titulado “La Unesco ante la libertad de expresión” en el que señalaba, entre otras perlas, que ese informe “puede sin dificultades ser utilizado en su provecho por quienes desean restringir todavía más las escasas áreas y los modestos techos de la libertad de expresión en el planeta.”
Y agregaba que sus recomendaciones “no auguran nada bueno” dado el entusiasmo con que era saludado por “los Gobiernos y los dirigentes corporativistas que desean hacer retroceder a la profesión periodística a los reglamentos de los gremios medievales utilizan los carnés, los títulos y los registros como medios para hipotecar la libertad y condicionar el funcionamiento de la Prensa independiente.”
HOY, siguen diciendo lo mismo.
Veinticinco años después
UN cuarto de siglo después de aquel informe los más destacados expertos e investigadores en comunicación coinciden en destacar el acierto de sus recomendaciones; sobre todo, es reconocido por todos los organismos independientes que la concentración de medios constituyen un peligro cierto para la libertad de expresión y la cultura de los pueblos.
DE hecho, ese informe se ha convertido en un documento de referencia para analizar las razones sociales que hacen necesario establecer políticas de comunicación democráticas para la defensa de la identidad y del desarrollo.
ESTO es especialmente importante cuando hablamos de medios audiovisuales que realizan su difusión utilizando el espacio radioeléctrico. Este espacio es propiedad de la humanidad, tanto como el aire o la luz solar, y por lo mismo, todos esos medios son públicos en esencia. Su propiedad puede ser pública, privada o comunitaria, pero está en la ciudadanía la capacidad irrenunciable de regular sus funcionamientos.
SIN embargo subsisten los que siguen confundiendo la libertad de comunicación con la libertad de empresa, que piensan que la vigencia de los derechos fundamentales es opinable y que pretenden someter los derechos fundamentales a las leyes mercantiles de la competencia.
NADIE con sentido humanista puede sostener tamañas aberraciones, pero quedan fósiles como los del nuevo Gobierno argentino que, torpes de toda torpeza, no han entrado en el siglo de las comunicaciones y cuyas mentes siguen ajenas al reclamo mundial de profundización de los derechos humanos.
AÚN es más grave que los grandes medios de comunicación, por meros intereses comerciales, se conviertan en portavoces de la infamia.
PUEDE ver aquí anteriores artículos de opinión de Dardo Gómez:
- 10/12/15 A la AEDE le han destapado las vergüenzas
- 12/11/15 Estamos de fango hasta las cejas
- 28/10/15 Medios públicos, SÍ; políticos prevaricadores, NO
- 08/10/15 No desesperen aún, lo peor está por llegar…
- 23/09/15 TTIP; el secreto mejor guardado por los medios
- 07/09/15 Los mensajeros y cómplices del odio
PUEDE ver más de Dardo Gómez pinchando en las relacionadas de este enlace:
- 24/07/15 Pero, de verdad, ¿quién cree en los grandes medios?
