OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

29/09/17. Opinión. El periodista Dardo Gómez expone en un artículo para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la necesidad de modificar el sistema de medios públicos en España y Europa. Critica la petición de que estos medios sean “neutrales”, ya que ello produce la exclusión de las opiniones no admitidas por el sistema. Gómez afirma que los que piden esta neutralidad “quizá no hayan caído en que están pidiendo...

...que los medios públicos deben ser desinteresados y amorfos agentes del sostenimiento de las condiciones sociales existentes y, por lo mismo, valedores de sus injusticias, de sus desigualdades sociales y enajenados del progreso.”

Los medios públicos no deben ser “neutrales”

La regeneración democrática de los medios de titularidad pública ha entrado en las agendas parlamentarias; pero hay quienes quieren convertirlos en agentes de un falso pluralismo que difunda las “opiniones admitidas” de la realidad oficial.

EL cambio en los equilibrios de poder está dando importantes resultados que, aunque lentos, están afectando el tema siempre postergado del derecho de la ciudadanía a ser informado con decencia.

AUNQUE la mayoría de los políticos siguen siendo reacios a perder la posibilidad de ejercer el abuso de poder en los medios públicos, su utilización vergonzosa a lo largo de muchos años y en toda la geografía española ha terminado por explotar y ha puesto en la agenda parlamentaria la necesaria regeneración democrática de los medios de comunicación de titularidad pública.

DESDE el Congreso de los Diputados a varios de los parlamentos autonómicos se están formulando proyectos para alcanzar que esos medios estén realmente al servicio del público y no utilizado por los gobiernos de turno para manipular a la ciudadanía, ocultar información o cualquier otra de las fechorías informativas que ya todos sabemos.

LOS largos debates y los retorcidos acuerdos entre partidos a los que se ha debido llegar para ensayar alguna solución al tema, donde se ha llegado a ellos, son una prueba evidente de lo que cuesta a nuestros políticos desprenderse de un instrumento tan preciado de desinformación.

ME he topado, hace algunos años, con un político que me confesó que en la mayoría de  los partidos -incluido el suyo- los colegas parlamentarios entendían que “la televisión es del que gana...”; esa ha sido y sigue siendo, en gran medida, nuestra cultura política respecto a estos medios. Basta con fijarse en lo que ha sido la televisión valenciana, la madrileña y sigue siendo la catalana. Esta última es un claro ejemplo de que las mejoras en las leyes que regulan estos medios suelen durar el tiempo que se tarda en recuperar la mayoría suficiente para involucionar en ellas. En los medios autonómicos como el balear, el extremeño o el aragonés, nacidos bajo el paraguas de la ley del audiovisual incubada por Zapatero al dictado de la patronal de la televisión comercial y llevada a los extremos por el Partido Popular, la indecencia entró de mano de las externalizaciones de servicios. Esta fórmula ha servido para consagrar la concentración, evitar la pluralidad en el sector y liberar a los partidos gobernantes del agobio de plantillas estables que reclamen ente el trabajo de los comisarios políticos en las redacciones.

LAS plantillas paralelas en Canal9 o Telemadrid surgieron, precisamente, porque no había forma de librarse de los profesionales que incordiaban reclamando su derecho a informar con independencia. La externalización lo ha solucionado; las productoras privadas, que engordan a base de sueldos precarios, son el servidor más dócil para los manipuladores.

Está claro que se puede corregir

TODAS estas impudicias, en todo o en parte, se pueden corregir con unas cuantas normas de decencia para las cuales solo hacen falta algunos pactos, consensos u otros cambios de cromos que las martingalas electorales exigen.

A falta de una ley de comunicación con cara y ojos, que los empresarios de medios le tienen prohibida a los legisladores y que los profesionalistas rechazan aunque no sepan de que hablan, se pueden poner en marcha medidas que tapen las goteras de este tejado mal encajado.

NO está mal y debería extenderse la propuesta que afecta a RTVE de que los aspirantes a directivos de medios tengan que pasar el cedazo de un concurso público y que las mayorías parlamentarias para confirmarlas deban ser cualificadas.

PARA avanzar algo más no estaría mal estudiar cómo funciona en Ecuador el Consejo Ciudadano que vigila la calidad de los contenidos que se publican y transmiten por los medios de RTVEcuador; órgano al que pueden optar “todos los ciudadanos que tengan conocimiento en televisión, radio, comunicación digital, docencia universitaria en comunicación, producción audiovisual o en atención a los grupos prioritarios”.

TAMBIÉN resultaría interesante estudiar la propuesta del Gobierno británico para que la cadena pública BBC pase a estar regulada por una organización independiente; o estudiar la norma dictada hace dos años por el Constitucional alemán, que redujo la presencia de los partidos políticos en el Consejo de Administración de la ZDF, del 44% a un tercio para que "la televisión pública no pueda convertirse en una televisión estatal”.

OTRA iniciativa parlamentaria que sería bueno que se llevara adelante es la presentada en julio pasado, dentro de las medidas aprobadas para elaborar un Pacto de Estado, de recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) “como autoridad audiovisual independiente, siguiendo el modelo del resto de países europeos y de algunas comunidades autónomas”. Esto no es algo novedoso ni bolivariano, ya está previsto en la actual ley de medios, pero el Gobierno de Rajoy se lo ha pasado por salva sea la parte a pesar de los reiterados reclamos de las autoridades europeas.

Es hora de un cambio real

SIN embargo, aunque todo esas cosas se aprobaran seguirían siendo insuficientes para disponer de unos medios públicos al servicio de la democracia. Cuando se ha llevado a una sociedad a una situación de tan angustiante inmoralidad como la presente es común que se aplauda toda mejora que rebaje, aunque sea un poco, el estado anterior.

A pesar de ello, creo que debemos aspirar a más y mirar hacia reformas más contundentes que aseguren un futuro digno para nuestros medios, los de todos.

SI observamos los fundamentos de los parlamentarios que dicen que quieren cambiar las cosas y los reclamos de algunas organizaciones sindicales y profesionales que aspiran a ese mismo futuro, vemos que casi todos ellos coinciden en que los medios públicos deben servir para garantizar el acceso a toda la información y ponen el acento en que sean espejo de todas las opiniones con el fin de fomentar el pluralismo político, étnico, religioso, cultural, etc...

DANDO así por asentado de forma explícita, aunque no tácita, de que entre las funciones de los medios públicos está la de servir de refugio de la ciudadanía ante la apropiación de la información y los discursos sesgados propia, parecen decir, de otros medios.

DE forma que la desinformación y la propaganda quedarían reservadas para los medios privados comerciales que, según parece, no están obligados a respetar el derecho a la información de esa ciudadanía.

INCLUSO desde la academia, muchos expertos e investigadores coinciden en la visión de que los medios públicos deben servir de amplio espejo de la variedad de tendencias existentes en todos los sectores sociales.

UNOS y otros piden medios públicos “neutrales”; es decir, que sean reflejo del estado de cosas pero que, por ellos mismos, no propongan nada que pueda alterar ese estado. Quizá no hayan caído en que están pidiendo que los medios públicos deben ser desinteresados y amorfos agentes del sostenimiento de las condiciones sociales existentes y, por lo mismo, valedores de sus injusticias, de sus desigualdades sociales y enajenados del progreso.

SE me ocurre que esto no es poner a los medios públicos a trabajar para democratizar a la comunicación, sino ponerlos a reforzar la tarea que ya vienen haciendo los medios comerciales en manos de los traficantes de información.

Quién los quiere neutrales

TRABAJAR por la democracia no tiene nada que ver con la neutralidad; por el contrario, exige la beligerancia diaria de poner en cuestión los hechos sociales, tanto como los poderes y sus lobbies empeñados en laminarla; esos que coartan el ejercicio de sus libertades, que ponen trabas para impedir ampliarlas y ganar nuevas emancipaciones.

QUIENES defienden que los medios públicos deben ser neutrales se parecen a los que se dicen “apolíticos” cuando, simplemente, son conservadores; esa reclamada neutralidad ya la están ejerciendo los medios comerciales tradicionales en los cuales las divergencias solo son de matices partidistas o de familias, pero no de políticas que pongan en entredicho los pilares del sistema.

POR lo tanto, si aspiramos a medios públicos neutrales estamos pidiendo que estos se sumen al discurso oficial que señala al sistema en que vivimos como el paradigma social que nos pintó el advenedizo Francis Fukuyama. Es decir, un mundo que condena a la desesperanza y al infortunio a millones de seres humanos en todo el planeta.

LOS nuevos medios públicos españoles no deben sumarse al papanatismo de esas televisiones públicas europeas que alaban los “neutralistas” y que condena el estudioso de la comunicación Armand Mattelart. Este reconocido defensor del derecho a la información señala que el falso pluralismo liberal de los medios públicos europeos consagra “una forma de organización del consenso” destinada a difundir los discursos de las “opiniones admitidas” que son la versión oficial de la realidad social.

ESTE espacio de consenso pretendidamente neutral, pluralista y apolítico deja fuera la expresión de las “voces múltiples” que denuncian los mensajes contradictorios de un sistema que declama sobre derechos humanos pero se inhibe de facilitar su ejercicio o silencia a quienes reclaman nuevas búsquedas políticas y sociales que esos derechos propician.

LOS medios públicos solo serán un espacio de respaldo de la democracia si abandonan este mentiroso buenismo de convivencia entre los que mandan y se dedican a aflorar los conflictos postergados y latentes de nuestra sociedad.

SI de forma honesta y sincera se considera que los medios públicos deben ser vectores de democratización, hay que repensarlos. No como espacios de una ideal pero inexistente convivencia armónica, sino como instituciones donde la sociedad pueda reconocer los conflictos que la afectan de manera sentida o no sentida y que sirvan como instancias de reparación de las desigualdades expresivas que impiden una participación equitativa de los diferentes actores en el debate de esos conflictos.

COMO alguna vez dijo Malcolm X, “si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido”.

PUEDE ver aquí anteriores artículos de Dardo Gómez:
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