OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
13/11/17. Opinión. El periodista Dardo Gómez analiza en un nuevo artículo para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com los pormenores de la nueva Ley de Igualdad LGTBI que se admitió a trámite en pasado septiembre. En el texto se habla sobre las polémicas que esta ha desatado en algunos sectores, que consideran que la creación de una autoridad independiente para controlar los mensajes de odio contra esta...
...comunidad, podría poner en peligro la libertad de expresión. Gómez alcara que "muchos nos preguntamos si es de recibo que se considere bajo esas premisas de nuestra libertad a mensajes como los del grupo ultra católico HazteOir que propone y difunde fórmulas para la cura de la homosexualidad".
La cobardía no se incluye en el sueldo del legislador
La admisión a trámite de la “Ley de Igualdad LGTBI” vuelve a poner en debate los
falsos alcances de la libertad de expresión y evidencia, otra vez, el temor de los
legisladores a los lobies de los traficantes de información.
EL pasado septiembre el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la conocida como Ley de Igualdad LGTBI que pretende perseguir las discriminaciones cotidianas que sufren las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans o intersexuales por el simple hecho de serlo. Como era de esperar, su texto ha resultado excesivo, por distintas y contradictorias razones, para muchas personas.
DIGO que era de esperar porque nuestro largo pasado de inmersión clerical y su moralina consecuente han calado muy hondo en la sociedad española; de lo cual es reflejo como no podía ser de otra manera, nuestro parlamento, nuestras formaciones políticas, nuestros medios y nuestros comunicadores. Precisamente, una de las reacciones a esta propuesta legislativa proviene de personas que se han espantado ante la inclusión en su articulado de un régimen de sanciones a las vulneraciones de la ley proyectada que estaría en manos de una autoridad que se crearía al efecto.
DICE el proyecto: “Ante cualquier infracción, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá al decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracción [sic] administrativas contempladas en la presente Ley o por medio de las cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”.
SE agrega que esas sanciones serían aplicadas por “la Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales” que sería la responsable de “la inspección, instrucción, resolución y ejecución de los expedientes sancionadores de las infracciones contenidas en la ley”.
De chispa a hoguera
ESTE régimen sancionador puede ser considerado excesivo pero también ambicioso, según se juzgue. Creo que el principal temor de quienes temen su aplicación por el supuesto de que afectaría o atentaría contra la libertad de expresión proviene, más que nada, de nuestra absoluta falta de confianza en la independencia de las “autoridades independientes”.
COMO ya es costumbre se han alzado las voces de quienes -sin rigor alguno- aventuran que esto es una excentricidad de los proponentes y que aseguran con ligereza que, “esto no existe en ninguna parte del mundo”.
PUES, nuevamente, me toca decir que no es así y que las autoridades independientes con capacidad sancionadora no son extrañas; sobre todo para atajar los delitos contra derechos humanos como el que nos afecta y que requieren respuesta inmediata, ya que la educación social necesaria no discurre con la celeridad deseada.
UNA celeridad que, además, está muy lejana de la morosidad recurrente de la justicia ordinaria y que, en el caso de delitos cometidos “a través de tecnologías de la información y la comunicación” es regateada por las multinacionales que cuentan con los recursos necesarios para eternizar las demandas mediante los recortes que hagan falta y hasta hacer imposible que un ciudadano obtenga respuesta a su reclamo.
ESTO de querer meter mano a los abusos discriminatorios en los medios de comunicación o en las Redes siempre escuece; tanto que hasta el propio Unidos Podemos ha salido, solícito, a tranquilizar las aguas y asegurar que va a revisar ese punto de su propuesta.
¿ES que no se lo habían leído antes de proponerlo? Es de pena ver como esta formación muestra tan escasa presencia de ánimo ante las extorsiones a las que la someten, de forma frecuente, los medios y sus escribas de confianza.
NI siquiera atinaron a explicar que ante las sanciones de esta autoridad independiente propuesta -como ante cualquier otra de las existentes en muchas partes de Europa- siempre cabe el recurso del sancionado ante la autoridad judicial que, por supuesto, tiene la capacidad de eliminarla. Faltaría menos.
La necesidad de regular
EL proceso de negociación de este proyecto no se ha librado de polémica, cuando el pasado mayo UP la registró en el Congreso las críticas saltaron, sobre todo -en el caso de gente honesta como la PDLI, que del resto no me ocupo- por los artículos referidos a las sanciones, por un lado, y porque faculta para la destrucción, el decomiso o borrado de documentos, libros o artículos con esos contenidos denigratorios y discriminatorios por parte de la autoridad administrativa, por el otro.
ES verdad que, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo puede realizarse en virtud de una resolución judicial y esa garantía nos parece más que necesaria a cualquier demócrata y defensor de la libertad de expresión de la ciudadanía.
SIN embargo, también es cierto que las organizaciones y tribunales internacionales de Derechos Humanos reconocen que esa libertad de expresión puede limitarse y que muchas organizaciones están reconociendo que no se puede amparar bajo esa libertad a los mensajes de intolerancia y las fobias ultramontanas.
MUCHOS nos preguntamos si es de recibo que se considere bajo esas premisas de nuestra libertad a mensajes como los del grupo ultra católico HazteOir que propone y difunde fórmulas para “la cura de la homosexualidad”.
PSEUDO terapias que son reales torturas físicas y mentales que se difunden a pesar de que han sido desacreditadas por la mayoría de las asociaciones médicas y científicas, que alertan contra los daños de su aplicación. Ya hay tres países -Brasil, Ecuador y Malta- que han logrado sortear las presiones de los lobies religiosos y conservadores y que han prohibido expresamente este tipo de prácticas que las asociaciones psiquiátricas serias consideran no solo ineficaces, por ser aplicadas a algo que no es un trastorno, sino que también muy dañinas.
Algunos medios serios, reaccionan
ENTRE las responsabilidades reconocidas a los medios de comunicación está la señalada en el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, que respecto a la difusión de opiniones, señala que estas no deben “negar u ocultar la realidad de los hechos o de los datos y deben expresarse desde planteamientos honestos y responsables”.
A esto se ciñen medios serios como la cadena británica BBC -una referencia europea de los medios públicos- que recientemente “ha pedido disculpas a su audiencia por una entrevista efectuado al negacionista del cambio climático Lord Lawson” y su Departamento de Quejas ha señalado “que la entrevista incumplió las directrices sobre exactitud e imparcialidad” ya que las declaraciones del entrevistado "fueron, al menos, discutibles y debieron haber sido impugnadas" por quien lo entrevistaba.
EN ese mismo dictamen recuerda que “No es la primera vez que la unidad de quejas de la BBC censura el programa Today por una entrevista con Lawson, por haber dado un peso indebido a los puntos de vista de Lord Lawson y había transmitido una impresión engañosa de la evidencia científica sobre el asunto”.
ESTO no es una mera limitación a la libertad de expresión sino una clara defensa del Derecho a la Información de la ciudadanía ante quienes pretenden hacer proselitismo de ideas peligrosas para la sociedad.
RECIENTEMENTE, ante el erróneo tratamiento de los atentados de Barcelona por parte de muchos medios españoles, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) consideró “necesario un modelo de regulación eficaz para garantizar que las informaciones sobre atentados terroristas sean rigurosas, responsables y respetuosas con los derechos de las víctimas y de sus familiares.”
¿ACASO esto no es también válido para quienes delinquen contra las personas de determinadas tendencias sexuales?
La democracia debe defenderse
EL pasado mes, en un congreso sobre comunicación celebrado en Valencia, la consejera del CAA Carmen Morillo ha expuesto que la política regulatoria de la información en España ha consistido básicamente “en incentivar una autorregulación que el sector nunca se ha tomado en serio”. Un claro desinterés de la Administración por crear una autoridad reguladora que protegiera derechos tan básicos como el pluralismo, la imparcialidad informativa y el acceso a los medios públicos, que están obligados -como debieran estarlo todos- a reflejar en su programación la pluralidad social, ideológica, política, social y cultural.
LA verdad es que a los legisladores no les han faltado evidencias de esta realidad; como también es cierto que con la boca pequeña reconocen el estado de putrefacción de la difusión de la información en España.
LO que les ha faltado es coraje cívico y compromiso con la ciudadanía; porque les puede al miedo a la caspa de nuestros grandes medios y tiemblan ante la posibilidad de tener en su contra a estos traficantes de intereses. La forma en que han reculado los proponentes de la Ley de Igualdad LGTBI, sin siquiera argumentar sus razones, es una prueba más de esa dependencia mediática de nuestros políticos.
INCLUSO quienes obran de buena fe prefieren la indefensión de la democracia ante estos riesgos de injusticia social con el socorrido pretexto de que “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.
ES cierto que este tipo de normativas obligan a transitar por el alambre y a un tratamiento muy cuidado para no vulnerar otros derechos también fundamentales como la libertad de expresión o de información. Sin duda que hay que tener exquisito cuidado para superar esas dificultades, pero los riesgos están para ser asumidos y superarlos. Además, esos riesgos no pueden servir de excusa a la cobardía de los legisladores para no cumplir con su obligación de dictar normas que sirvan de garantía a derechos fundamentales de las personas.
PUEDE ver aquí anteriores artículos de Dardo Gómez:
-20/10/17 Las patrias, el último refugio de los canallas
- 29/09/17 Los medios públicos no deben ser “neutrales”
- 13/09/17 Periodismo y medios para el odio
- 18/07/17 Ayuntamientos por el Derecho a la Información
- 28/06/17 Podemos puede elegir quien sienta a su mesa
- 12/06/17 De independientes a “grandes dependientes”
- 18/05/17 Porqué hay que proteger a los “filtradores”
- 03/04/17 Esto se hunde, ¡salvemos los trastos…!
