Ante la pasividad cómplice de los legisladores neoliberales, las grandes plataformas televisivas siguen avanzado en la colonización cultural de los pueblos y el despojo del Derecho a la Información de la ciudadanía
OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
01/06/18. Opinión. El periodista Dardo Gómez analiza en una colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com los últimos datos que hablan de la subida de abonados a las televisiones de pagos, mientras que las emisiones en abierto se estancan. Vodafone, Movistar y Orange han sido las grandes beneficiadas de este incremento, entrando en 6,6 millones de hogares españoles. “Detrás de todo esto hay...
...no solo una concentración económica de beneficios; hay un gigantesco desembarco de los industriales de la telecomunicación en el dominio de la cultura. Un espacio del que la televisión pública ha huido en desbandada por la falta de protección de la administración, la dejadez o miopía -cuando no prevaricación cultural- de la mayoría de los partidos políticos” opina el autor.
El monopolio de la comunicación sigue engordando
Ante la pasividad cómplice de los legisladores neoliberales, las grandes plataformas televisivas siguen avanzado en la colonización cultural de los pueblos y el despojo del Derecho a la Información de la ciudadanía.
SEGÚN los datos aportados por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), 2017 ha sido el año en que, por primera vez en España, las plataformas de televisión de pago han superado en ingresos a las televisoras de emisión en abierto. Asimismo, han alcanzado su mayor cifra de abonados.
ESTOS datos determinan un incremento del 14% respecto a 2016 y de un 43% sobre las cifras de hace apenas cinco años. Mientras tanto, la emisión en abierto solo tuvo una subida del 1,8% respecto del año anterior.
LOS paquetes ofertados por las telecos Vodafone, Movistar y Orange son las que han llevado el agua a sus molinos y están entrando con sus productos en 6,6 millones de hogares españoles; 183.000 más que hace apenas un año y 2,6 millones más que a comienzos de 2013.
ES decir, que las empresas de telecomunicaciones que vienen haciendo cierto su anunciado dominio del mercado del entretenimiento; aunque sus productos para ese fin son mucho más que meros contenidos de pasatiempo.
DETRÁS de todo esto hay no solo una concentración económica de beneficios; hay un gigantesco desembarco de los industriales de la telecomunicación en el dominio de la cultura. Un espacio del que la televisión pública ha huido en desbandada por la falta de protección de la administración, la dejadez o miopía -cuando no prevaricación cultural- de la mayoría de los partidos políticos.
COINCIDIENDO en el tiempo con los datos del CNMC expuestos en el inicio de este artículo, los mandamases de Telefónica y Netflix anunciaban un acuerdo por el cual la operadora de telecomunicaciones integrará los servicios de Netflix en las plataformas de vídeo y televisión de Movistar+, tanto en Europa como en América Latina.
CADA país -con sus parlamentarios convenientemente “aceitados” por las mordidas- integrará las plataformas de forma diferente y se anunciará cómo se podrán visualizar los contenidos de forma gradual. Los lanzamientos arrancarán en América Latina éste fin de año. En España, los usuarios de Movistar+ que sean clientes de Netflix podrán iniciar sesión a través de su televisión por cable en los contenidos de la compañía estadounidense.
TOTAL, que estamos ante una nueva punta de lanza de la colonización cultural de la ciudadanía, no por parte de ningún Estado sino, precisamente por la dejadez de los estados y sus políticas neoliberales (nada inocentes) que dejan la cultura de los pueblos en manos de la empresa privada.
NADIE de mínima cultura tiene derecho a ser ingenuo ni pretender equidistancia entre la oveja y el lobo. Como señalaron Armand Mattelart y Ariel Dorfman en su obra “Para leer el Pato Donald” (1972), toda la literatura y entretenimientos de masas son la herramienta de extensión y fijación del discurso de una cultura dominante que se empeña en convencer de que éste sistema es el mejor y único posible.
UN dogma extendido que ampara un paradigma que, en realidad, es una mentira protegida y el más consagrado fake news de la comunicación.
Clamando en el desierto
EL pasado 7 de marzo el Comité de Ministros del Consejo de Europa mostraba su preocupación por este estado de cosas y hacía recomendaciones a los estados miembros en su documento sobre “el pluralismo de los medios y la transparencia de la propiedad de los medios”.
ESE documento en su apartado sobre “Propiedad y Control” recomienda que toda ley sobre la competencia, “incluidos los controles de fusión aplicables a los medios, debe tener como objetivo garantizar una competencia efectiva y evitar que actores individuales adquieran un poder de mercado significativo en el sector nacional de medios o en un mercado / sector de medios específico a nivel nacional o subnacional. En la medida en que un poder de mercado tan significativo afecte negativamente el pluralismo de los medios.”
ADEMÁS, en la misma línea que las posiciones demonizadas por algunas organizaciones profesionalistas de informadores señala que “la regulación de la propiedad de los medios puede incluir restricciones a la propiedad horizontal, vertical y de medios cruzados, incluso mediante la determinación de umbrales de propiedad” que pueden basarse en criterios, como “las participaciones de capital, los derechos de voto, la circulación, los ingresos, el porcentaje de audiencia o el alcance de la audiencia.”
EL Comité de Ministros señala de forma explícita que “los estados pueden establecer criterios para determinar el control de los medios de comunicación”; y lo hace por una razón muy clara que responde a la pregunta que se hacía Michael Copps, por dos vece presidente la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos: “En una economía mundial donde la informaciones difundidas por las corporaciones globales de medios responden fuertemente a los intereses de sus poderosos anunciantes, ¿quién defiende el derecho del público a saber, cuál es el precio que debemos pagar para conservar la capacidad para tomar decisiones informadas?”
Más voces clamando en el páramo
HACE menos de un mes, en su Declaración conjunta sobre la independencia y la diversidad de los medios de comunicación en la era digital, David Kaye relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Harlem Desir, representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE); Edison Lanza relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Lawrence Mute, relator especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) han reiterado la necesidad para la libertad de los pueblos de poner freno a estos imperios mediáticos.
ASÍ aseguran que los Estados “deben establecer sistemas efectivos para asegurar la transparencia, imparcialidad y no discriminación en el acceso de los medios de comunicación a recursos del Estado, incluida la publicidad oficial” y que “deben tomar medidas apropiadas para crear un entorno económico que apoye un paisaje diverso de los medios de comunicación, que abarque medios tradicionales y medios que sirvan a comunidades locales o rurales, sin socavar su independencia, con sistemas de subsidios independientes o uniformes y exoneraciones fiscales.”
Y avanzan más aún señalando que “deben asegurar que todos los aspectos de los mercados de los medios de comunicación, como la publicidad y la producción y distribución de contenido, funcionen de una manera imparcial y competitiva” y enfatizando en que “se debe requerir la aprobación de órganos reguladores independientes antes que puedan realizarse fusiones o adquisiciones que planteen una amenaza a la libre competencia o a la diversidad”. No se cual parte de todo esto no entiende nuestro Gobierno ni la mayoría de nuestros parlamentarios.
Oportunidad perdida
EL proceso de transición digital terrestre se ha esperado con la esperanza de que sirviera para garantizar el respeto a la libertad de expresión, incluida la diversidad de medios en cuanto a su línea editorial o tipo de propiedad y a promover una mayor diversidad y pluralismo.
NADA de esto está sucediendo en Europa y mucho menos en España ni en sus autonomías; no ha cabido la transparencia en las normativas ni se atienden los intereses de todos los actores relevantes de la comunicación.
LA situación se ha tornado aún más compleja, casi kafkiana, por la mala conciencia de los legisladores neoliberales que no pueden evitar elaborar normas sobre la concentración de la propiedad de los medios; pero son confusas y no definen la jurisprudencia ni el fundamento social en que se basan.
ESTO ha permitido, en la práctica y sobre todo en España, que exista una “barra libre” en la cual las vinculaciones entre las industrias de medios y las de telecomunicaciones están generando procesos de concentración, tanto verticales como horizontales, que han elevado el riesgo de abuso de la posición dominante de estas empresas a través de su amplia red de negocios.
NADA de esto sería posible sin la complicidad necesaria de los legisladores, que no solo facilitan la existencia de estas estructuras empresariales perversas para la democracia, sino que de forma paralela se dedican a perseguir los derechos de la ciudadanía de defenderse de estos atropellos.
TODOS los expertos y las organizaciones internacionales en materia de comunicación aseguran que para facilitar ese derecho a la ciudadanía se debe “legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios. Al asignar estas frecuencias deben tomarse en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso y la operación de estos medios en condiciones de equidad, sin restricciones desproporcionadas o irrazonables, conforme al principio 12 de la Declaración de Principios y la Declaración Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión”.
SIN embargo seguimos esperando que toda la administración española, central y autonómicas, dejen de bloquear estos intereses que ya están contemplados en la actual Ley del Audiovisual.
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