“La desinformación orquestada no es nueva, solo que las redes sociales la hacen circular a mayor velocidad. Pero las redes no están solas. Las propias redacciones, los gabinetes de prensa y los generadores de contenidos ‘patrocinados’ son veteranos en el arte de la desinformación”

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista


23/11/18. Opinión. El periodista Dardo Gómez reflexiona en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre el término ‘fake news’, noticias falsas, y su uso para hablar de noticias que son mentira o de desinformación. Una terminología que reduce la gravedad de que las redes sociales o los medios de comunicación publiquen informaciones falsas. “‘Se trata de un término mal...

...definido y engañoso que explica, como una variante de la información falsa, desde un puro error hasta una interferencia extranjera en los procesos democráticos’. A esto se ha llegado tras una investigación sobre las ‘fake news’ del Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) del Gobierno británico impulsada para averiguar hasta qué punto estas falsedades eran elaboradas para influir, mediante difamación, en los procesos electorales de los países”, recoge Gómez.

¿Por qué decimos “fake news”?, cuando son mentiras…

LA desinformación orquestada no es nueva, solo que las redes sociales la hacen circular a mayor velocidad. Pero las redes no están solas. Las propias redacciones, los gabinetes de prensa y los generadores de contenidos “patrocinados” son veteranos en el arte de la desinformación.

LA propagación del término “fake news” ha tenido más de un efecto. Por un lado, escamotear a esa acción el calificativo más propio de “mentiras” -que entendemos los españoles en toda su contundencia-. Y, por otro, banalizar sus riesgos y hablar de ellas como si se tratara de un tema menor o de escaso riesgo.

SIN embargo, en algunos otros puntos de esta Europa revuelta hay quien se ha dado cuenta de la importancia de llamar a las cosas por su nombre como ha hecho la Administración británica. La que ha prohibido la utilización del término “fake news” en los documentos oficiales, de la misma manera que ha instado a ministros y diputados a que lo destierren de sus discursos y utilicen el más certero de “desinformación”.

ASÍ explican esa decisión: “Se trata de un término mal definido y engañoso que explica, como una variante de la información falsa, desde un puro error hasta una interferencia extranjera en los procesos democráticos”. A esto se ha llegado tras una investigación sobre las “fake news” del Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) impulsada para averiguar hasta qué punto estas falsedades eran elaboradas para influir, mediante difamación, en los procesos electorales de los países.

EL informe de esa investigación, que concluyó en julio pasado, advierte sobre los riesgos de una “crisis democrática fundada en la manipulación de datos personales que se dirigía a los usuarios con opiniones perniciosas, particularmente durante las elecciones y referendos. Recomendamos que el Gobierno rechace el término 'noticias falsas' y, en cambio, presente una definición acordada de las palabras 'información errónea' y 'desinformación'. Con esta definición consensuada y las directrices claras que deben seguir las empresas, las organizaciones y el Gobierno, habrá una coherencia de significado compartida en todas las plataformas, que se puede utilizar como base de una regulación y su aplicación”, afirma el DCMS.

‘Facebook’ y otros cómplices necesarios

EL presidente del DCMS, Damian Collins, apunta directamente hacia la complicidad necesaria de Facebook y otras redes sociales en esa desinformación orquestada y critica las “evasivas” con las cuales la mencionada tecnológica estadounidense ha pretendido eludir su responsabilidad en las violaciones de datos.

COLLINS no pierde la oportunidad para exigir alguna forma de regulación de los contenidos en las redes: “La falta de escrutinio público de las redes sociales y las compañías tecnológicas como Facebook, teniendo en cuenta su profunda influencia en nuestras vidas, es un asunto de gran preocupación para este Comité”.

COLLINS casi hizo mofa de la patética defensa de la empresa y ha considerado “difícil de creer” la sinceridad de sus funcionarios, quienes decían que la comisión del DCMS pretendía imponer “reglas internas rigurosas”, aunque luego debieron admitir que en Facebook no podían distinguir entre lo que era la publicidad política, disfrazada de información, y la comercial.

AHONDANDO en estas trampas de desinformación se demuestra que detrás de ellas hay una prolija elaboración de noticias falsas construidas para difamar a las personas y organizaciones públicas o ciudadanas que son contrarias a quien paga por difamarlas. Hay que decir que fuera de esas redes monstruosas a niveles nacionales y locales también existen usinas de generación de estas mentiras interesadas. Entre ellas están, en muchos casos, los propios medios, los gabinetes de comunicación que los nutren o los despachos de prensa de grupos políticos o de corporaciones.

Mentir por cuenta ajena

ESTE último junio se recogía en NoticiasAstorga.es que la Asociación de Periodistas de León (APL) había denunciado la presunta utilización del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Ponferrada para difundir entre los medios de comunicación una noticia falsa como parte de una campaña de marketing.

SU denuncia señalaba que “el principal objetivo de los gabinetes de prensa de las instituciones públicas es informar a los medios de comunicación sobre la actividad de su institución, por lo que el principal valor que debe presidir su actuación es el de la credibilidad. La que sin duda se ve afectada cuando envía una nota de prensa con información falsa, a pesar de que forme parte de una estrategia de marketing”. Un mensaje al que se adhería el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.

LLEVAN razón, a pesar de que cosas como estas se han hecho desde muchos gabinetes de prensa o comunicación desde hace muchos años y no solo en tierras hispanas. Algunos de estos gabinetes son los que elaboran los llamados “contenidos patrocinados” que se pueden encontrar en muchos medios online. Los que los publican sin el menor contraste de la veracidad de esos contenidos.

NO crean que este es un mal menor, ya en 2013 la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos comprobaba que más del 70% de los medios online de ese país admitían esos contenidos descontrolados pero fácilmente confundibles con la información del medio.

EN España no tenemos registros de este tipo pero un breve paseo por las webs de nuestros principales medios permiten certificar que no vamos mucho mejor. Se difunde sin el menor empacho y con titulares de corte sensacionalista la publicidad de empresas de las más variadas procedencias.

TAMBIÉN es verdad que, desde hace años, los informadores de los gabinetes de información de las administraciones tratan de negociar unas mínimas bases para garantizar su derecho a informar con veracidad. Incluso se han elaborado varios proyectos de estatutos de ese colectivo y documentos de base deontológica. Todo eso con la precariedad ha topado; lo que les ha impedido llevar una lucha apelando a las armas legales de los trabajadores.

Miente, miente… que algo pútrido quedará

ME decía un amigo, ajeno a esta profesión, que estaba harto de leer titulares arrogantes anunciando noticias “jugosas” que luego no aparecían, no coincidían o contradecían lo que expresaba el artículo.

MI amigo tiene la suerte de seguir el hilo del titular y la desgracia de comprobar que lo han querido engañar; pero gran parte de la población solo lee los titulares o los escucha en radio o televisión. En estos casos, la mentira podrida ya ha cumplido su función.

EN muchos casos son solo las mentiras provocadas por el hambre en una profesión tan precarizada que ha conseguido que quienes están accediendo a ella ya ni saben cuándo están mintiendo o no sienten que lo están haciendo.

LOS gabinetes de prensa que viven de los contratos de empresas que los quieren para que les lleven la prensa, bajo el supuesto de mejorar su imagen, sólo aspiran a vender más o a lavar sus mierdas. Y para esto, muchas veces, hay que escribir tapándose la nariz. Si no te gusta, hay que aguantarse…

LA prepotencia de las empresas contratantes es tal que alguna de ellas, me lo han dicho, consideran un fracaso de su contratado si el medio no publica textualmente sus notas y elimina los términos claramente publicitarios o se atreve a un “según versión de”. Sandeces para eludir la responsabilidad de ellos.

LA cosa, sin embargo, puede ser aún más grave cuando se utilizan los mismos medios para denunciar delitos tan graves como una supuesta defraudación fiscal, la malversación de fondos públicos o la prevaricación en el ejercicio de la función pública.

Pleitos tengas y los ganes…

EN estos últimos casos, los agraviados solo tienen el recurso de acudir a los tribunales y esto es clave, porque los simples errores podrían solucionarse con una llamada al responsable de la información y su rectificación, si fuere el caso. Esto no funciona porque la soberbia de la mayoría de nuestras redacciones no considera que deban respetar el derecho a réplica, casi nunca las atienden. Quizá entiendan que “rectificar es de tontos”.

EN cuanto a recurrir a los tribunales, es cierto que para eso están. Pero también lo es que sus tiempos de tramitación no van a favor del difamado. Peor aún, no evitan que el falsamente acusado sufra el escarnio de los colegas del mentiroso.

VARIOS de estos mentirosos habituales no solo publican en sus medios, sino que son frecuentes en las tertulias audiovisuales; desde la cuales se dedican a agitar sus mentiras y mostrar sus supuestas pruebas que, en la mayoría de los casos, luego son rechazadas por los jueces. Entonces ya no importará, el nombre del difamado ya ha sido paseado por todas las tertulias, ya que estos infames se retroalimentan unos a otros.

UN caso emblemático es el del director de OkDiario, Eduardo Inda, que ha reconocido ante la jueza que lo citó por un presunto delito de calumnias que se había equivocado, aunque responsabilizó de esa equivocación a sus colaboradores. (Vaya pieza).

AUNQUE la titular del Juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid no considera que con la excusa sea suficiente y ha pedido que se continúe con el caso.

LA cruda realidad es que para la falsa acusación se utilizaron varios platós de televisión y que, hasta ahora, la rectificación no ha sido noticia en ninguno de ellos. A pesar de que en algunos programas (Ana Rosa o La Sexta Noche) se refirieron al difamado como “condenado” por un delito que no había cometido.

De vigilantes a guardianes del poder

TODO esto se da por bueno y es amparado por un corporativismo decadente que sabe que prevarica o miente a sabiendas cuando afirma que estos estragos se cometen en la búsqueda de la verdad o con el cometido de cumplir con la supuesta obligación de controlar a quienes detentan el poder. Esto último es falso de toda falsedad. Primero, porque los poderes que gobiernan en esta sociedad están escasamente en las manos de los ciudadanos que son gobernados, en España, por los popes del IBEX35 y a estos, nuestros informadores corruptos no los controlan, sino que los preservan.

DEJO para otra ocasión responder a esta pregunta: ¿Cómo, cuándo y dónde está escrito que los medios y sus contratados están para controlar al poder? Dejo aquí lo que señala a este respecto el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística en sus apartados 19 y 20: “Sería erróneo deducir que los medios de comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o cultural como la escuela”. “Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos”.

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