Mientras la televisión privada difunde una violación en directo, exalta la xenofobia, el racismo, el machismo y el negacionismo de la emergencia climática, los legisladores miran para otro lado

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

17/10/19. Opinión. El conocido periodista Dardo Gómez reflexiona en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la presencia en el programa El Hormiguero de Pablo Motos del líder de Vox Santiago Abascal: “Con su sonrisa tonta este presentador escuchó y propició que otros oyeran como su invitado defendía sus teorías xenófobas, exponía sus ideas homófobas, minimizaba la violencia machista o...

...exponía con absurdos fundamentos la negación de la emergencia climática que sufre el planeta”.

Pablo Motos solo merece desprecio

Hace ya meses, con oportunidad de la adaptación de nuestras normativas a la Directiva Europea sobre el necesario refuerzo de los órganos reguladores de los medios audiovisuales en el continente, varios organizaciones reclamaron “Que se constituya en España un Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales, independiente del Gobierno, con competencias para conceder las licencias e imponer sanciones y con medios financieros, técnicos y humanos suficientes.”

Los firmantes de esa propuesta son el grupo de estudios sobre este tema Teledetodos, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV); quienes señalaban que ese organismo debía tener capacidad para “garantizar el respeto al pluralismo, a la diversidad cultural, a la protección de los consumidores, al correcto funcionamiento del mercado interior y a la competencia leal”.  Además, reclamaban que “sus integrantes tienen que ser elegidos mediante un concurso público de méritos y reforzar sus incompatibilidades, con el fin de evitar un fenómeno tan frecuente en la política española como el de las llamadas puertas giratorias”.

Desconozco si esta demanda ha sido tenida en cuenta y si se está tramitando ya que secretarios y ministros andan más preocupados por sus respectivas carreras políticas, que por el derecho de la población a una televisión digna. Es decir, hecha con dignidad por gente digna.

Infamia en directo

Dos hechos que han estado estas semanas en casi todos los medios de comunicación me refuerzan en la necesidad de una ley del audiovisual con capacidad para impedir que los indignos se cuelen en mi televisor.

Uno de ellos es el proceso judicial en curso por la denuncia de violación en pantalla de una concursante en el programa Gran Hermano hace dos años; cuando ese engendro era emitido por Telecinco.

Con ser muy grave que un programa de características tan turbias no hubiera previsto recursos para que acciones de tal infamia pudieran emitirse; más infame es aún escuchar como parte de quienes presenciaban esta presunta violación dicen ante el juez que no acudieron en ayuda de la víctima porque ellos no estaban autorizados por sus jefes a intervenir. Recuerdo que excusas tan infames como estas no libraron a los genocidas nazis en los juicios de Nuremberg ni a los criminales de la última dictadura argentina que alegaban “obediencia debida” para haber seguido torturando.

Si lo anterior da nauseas, no es menor el asco la utilización que, durante semanas, hicieron de la víctima de esa violación personajes como los llamados Jorge Javier Vázquez y Jordi González. Tétricos que presumen de periodistas y que no podrían ser tenidos como tales en países como Francia; donde hace rato ya hubieran sido expulsados de la comunidad informativa.

Un vocero del odio

El segundo hecho repugnante que nos ha regalado la televisión privada en la última semana lo ha perpetrado el supuesto humorista Pablo Motos, que para sus gracias utiliza el formato periodístico en su programa El Hormiguero. Este sujeto como tantos otros no tiene más objetivo que mantener viva su ratio de audiencia sin reparar en recursos. Es cierto que tiene el santo derecho de todo trabajador de buscarse la vida como pueda y sepa; pero eso no la da licencia de corso para hacer daño a la sociedad en bienes fundamentales como los derechos humanos.

No sé si el tal Motos está al tanto de estas cosas; más bien se me hace que no les importa en absoluto y me induce a pensar así el que, luego de haber facilitado su audiencia al dirigente ultraderechista Santiago Abascal, ha tenido el cuajo de decir que lo hace porque es un demócrata.

“Ha provocado un revuelo enorme y hay que recordar que (el partido de Abascal) tiene 530 concejales, 57 diputados autonómicos, tres eurodiputados y dos diputados en el Congreso. O sea, que existe. Y lo que no sería democrático es no invitarles. Dentro de la gente que nos ve hay gente de todas las ideologías”, ha asegurado el tal Motos.

Si atendiéramos el vacío argumento de este analfabeto de la democracia deberíamos aplaudirle si mañana nos presenta maquillado de hombre bueno y cariñoso a un pederasta o nos expone como adalid de la justicia a un terrorista. Porque puede que haya -debe haberlos- personas que compartan estas manías depredadoras de inocentes y no sería democrático no invitarles.

Con su sonrisa tonta este presentador escuchó y propició que otros oyeran como su invitado defendía sus teorías xenófobas, exponía sus ideas homófobas, minimizaba la violencia machista o exponía con absurdos fundamentos la negación de la emergencia climática que sufre el planeta.

Pablo Motos permitió todo eso en su programa; lo que quiere decir que lo fomentó, ya que hizo de altavoz de tanta maldad y no puede alegar que no conocía la tétrica catadura del personaje.

Edwy Plenel, el laureado periodista de Le Monde y actual editor/cofundador de Mediapart, advertía de los peligros del argumentario de la extrema derecha combinado con el del neoliberalismo: “No estamos en presencia de una opinión que haya que discutir o refutar, sino de una ideología criminal cuyos mecanismos son los mismos que, mediante la construcción ilusoria de una cuestión judía, han arrastrado en el pasado a Europa a un abismo de crimen contra la humanidad”.

Esto es lo que se hace en otras partes

Todas las mentes pensantes del humanismo entienden que la xenofobia, el racismo, el machismo y la negación del cambio climático no son temas opinables en nuestra sociedad, ya que son las armas de la guerra del odio contra la igualdad, la libertad y los derechos fundamentales.

Por ello, en los países que se sienten responsables de que los medios de comunicación no vulneren los derechos de la ciudadanía, se las protege de personajes como Motos y Abascal. Para ello entre han generado herramientas de defensa. Dos ejemplos:

En febrero del año pasado el OFCOM -regulador británico de los medios audiovisuales-  sancionó al canal informativo ‘Channel 4 News’, por “incumplir seriamente el código de transmisión” al dar el nombre de una persona inocente como autor de un ataque terrorista de Westminster e incumplir con su obligación de sigilo en la veracidad.

El locutor del programa Jon Snow, aunque interrumpió la transmisión para corregir esa información y se disculpó ante la audiencia al finalizar el programa, fue igualmente sancionado y retirado del servicio informativo del canal.

Por su parte la BBC, un año antes, pidió disculpas a su audiencia por una entrevista efectuada a Lord Lawson, un negacionista del cambio climático. La cadena pública británica entendió que el conductor del programa ‘Today’, había incumplido las directrices editoriales por permitirle al entrevistado “afirmar que las temperaturas globales no han aumentado en la última década”.

El programa argumentó, en defensa de esa entrevista, que la postura de Lawson era compartida “por la actual administración de EEUU" y que ofrecer espacio a las "voces disidentes" era una muestra “de la imparcialidad de Today”.

Que es lo mismo que ha dicho Motos, pero la unidad de quejas de la BBC no tragó, rechazó esa excusa y determinó que “la entrevista incumplió sus directrices sobre exactitud e imparcialidad” ya que las declaraciones del entrevistado "fueron, al menos, discutibles y debieron haber sido impugnadas" por el locutor que, así, “había transmitido una impresión engañosa de la evidencia científica sobre el tema”.

Sin embargo, nadie en España toma ejemplo. Los patrones de las televisiones privadas siguen defendiendo la autorregulación de los medios “como el mejor mecanismo para garantizar la calidad de los programas” y los partidos políticos los escuchan, miran para otro lado porque saben que es mentira y hacen oídos sordos a quienes les dicen que tienen la obligación positiva de legislar para proteger a la ciudadanía.

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