“Si alguien había pensado que se abría una puerta para introducir mejoras que habrán de rescatar el derecho a la información de la ciudadanía ya puede olvidarlo. Nada de eso ocurrirá y otra vez ganarán los malos”

OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

16/04/21. Opinión. El conocido periodista Dardo Gómez reflexiona en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual: “Esta reforma de la ley del audiovisual como en El gatopardo no reformará nada de lo sustancial para la ciudadanía; está pensada para regular el mercado de los servicios audiovisuales españoles desde la visión de los traficantes...

...de la comunicación. Por lo tanto la transposición al ordenamiento jurídico europeo sólo afectará a los aspectos técnicos”.

El gatopardismo en la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual española

No sé qué porcentaje de la ciudadanía española está enterada de que se está elaborando la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de España; esa ley que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo al dictado de los industriales poderosos de ese sector y que entregó gran parte de las libertades en comunicación de este país a los dueños de los medios.

No es casualidad que el Partido Popular, principal de la oposición por entonces, no presentara alegaciones sustanciales. Finalmente, ambos partidos responden a los mismos amos. La obsecuencia en este tema es tan grande que estuvieron a punto de titularla Ley del mercado de la comunicación audiovisual. Es que ni unos ni otros veían a la comunicación como un derecho humano, y está claro que siguen sin verlo.

Ese engendro de marco regulador de la comunicación audiovisual española terminó de parirse el 31 de marzo de 2010; pero se venía pergeñando desde hacía, por lo menos, cinco años; con Miguel Barroso al timón como secretario de Estado de Comunicación pero siguiendo la hoja de ruta que le marcaba la patronal del sector. En esta etapa se implantó la TDT en España, se decidió el apagón analógico y se concedieron las licencias a La Sexta y Cuatro, las dos empresas que terminaron siendo los pivots de la concentración audiovisual.

Nadie duda de que Barroso fue el bruñidor de esa ley y la correa de transmisión de los poderes privados del audiovisual. Terminada aquella función volvió a la actividad privada y en 2009 fue nombrado consejero delegado de Young & Rubicam, perteneciente al Grupo WPP, el holding de servicios de publicidad y comunicación más grande del mundo. Ha cambiado de responsabilidades en estos años, pero allí sigue... Hoy está en el directorio de Prisa en representación de los mismos mercaderes de la comunicación. Como puso Willia Goldman en el guión de Todos los hombres del presidente, si quiere la verdad siga el dinero...

Esa ley fue “mejorada” con el advenimiento del PP al Gobierno y así se consagró la concentración de medios audiovisuales que, aunque desautorizada por la CNMC, fue bendecida por el Consejo de Ministros de Rajoy. Además se normalizó la externalización de los servicios informativos de los medios públicos y se decidió que el obligado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) era una pijería de los demócratas y que sus funciones (que nadie quería ver funcionar) bien podían incumplirse desde un rincón de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Total, para el puñetero caso que le iban a hacer...

Ahora, hay que darle un hervor más

Hace ya cuatro años el Parlamento y Consejo europeos dictaron la Directiva (UE) 2018/1808 para adaptar las normas del mercado audiovisual a los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo de la comunicación; normas que, en la práctica, refuerzan las posiciones de las empresas privadas.

Tras la aprobación de aquella directiva ha llegado la exigencia de que los países miembros hagan las adaptaciones necesarias de sus respectivas regulaciones del audiovisual para que se ajusten a lo decidido por Europa. España será de los últimos que lo hará, ya que va con retraso y ha superado el plazo acordado para hacerlo.

Algunos países que disponen de leyes del audiovisual progresistas o que, por lo menos, han blindado los intereses de sus medios públicos y garantizado la existencia de los medios comunitarios y participativos disponen de los recursos democráticos para salvaguardar algunos de los derechos comunicacionales de sus respectivas ciudadanías.

No es el caso de España, donde estamos vendidos a los intereses especulativos de las privadas; por lo cual, muchos pensamos que esta adaptación a la norma europea podría servir para corregir sus errores sustanciales y democratizarlo.

Incautos, lasciate ogni speranza...

Si alguno había pensado que se abría una puerta para introducir las mejoras necesarias para responder a las exigencias del derecho a la información es que se trata de alguien tan optimista o tan ingenuo que yo. A tenor de lo que se oye, nada de eso ocurrirá.

Esta reforma de la ley del audiovisual como en El gatopardo no reformará nada de lo sustancial para la ciudadanía; está pensada para regular el mercado de los servicios audiovisuales españoles desde la visión de los traficantes de la comunicación. Por lo tanto la transposición al ordenamiento jurídico europeo sólo afectará a los aspectos técnicos; aunque éstos nunca sean puramente técnicos.

Por otro lado, los trabajadores de los medios audiovisuales y las organizaciones ciudadanas preocupadas por los derechos de la ciudadanía a la comunicación carecen de capacidad para mejorar la miopía de nuestros políticos más progresistas; a los otros ni los cuento. Es cierto que, a los primeros, la aritmética parlamentaria no les favorece, pero tampoco les veo las ganas de jugar la única carta que les queda para justificar sus escaños a este respecto: movilizar a la ciudadanía en defensa de esos derechos y explicar con claridad y megáfono que la información es propiedad de todos.

También es cierto que esto los llevaría a un choque frontal con los propietarios de los medios y con gran parte de nuestra profesión; esa parte enferma de profesionalismo, que cree que las críticas a los permitidos abusos de los medios de los cuales malviven son ataques a la libertad de prensa, una libertad que nunca han podido ejercer. Otros temen que empoderar a la ciudadanía en la comunicación los lleve a perder unos supuestos estatus y privilegios que, de verdad, nunca tuvieron.

La academia, que tiene una gran responsabilidad en este tema, hace rato que está alejada de la polis y aún dentro de las aulas no se hace mucho al respecto; están más preocupadas en “modernizarse” en base a las nuevas herramientas tecnológicas y el marketing de prensa. En cuanto a la reforma a la cual se debe someter la ley del audiovisual se pierde en elucubraciones y propuestas sesudas que con suerte puede que alcancen algún rigor o avance en el cuidado de los espacios infantiles o en lo de la siempre postergada educación mediática.

Quedan los trabajadores del audiovisual público que, en general, tienen una posición laboral más saludable que el resto de la profesión pero, me da la sensación y sin pretender ofender, creo que hace rato han perdido la capacidad de distinguir lo urgente de lo importante. Seguramente, porque los políticos que se han apropiado de esos medios los han hecho vivir durante años en crisis permanente, tratando de salvar lo más próximo a sus puestos de trabajo y confiados más a las promesas de los partidos políticos que a su capacidad de lucha.

En fin, que quedan pocos y no sé quiénes para ocuparse del alimento democrático de los medios audiovisuales.

La simple complejidad de lo complejo

Una ley del audiovisual afecta a múltiples sectores industriales y comerciales, de esos que llaman “esenciales” para que el mercado funcione; estos son los que se van a pelear para llevarse el gato al agua y nuestros parlamentarios solo los escucharán a ellos, otra vez. Por la cuenta que les lleva...

Del otro lado está la ciudadanía afectada en su día a día por los producidos de los primeros; a esta le debería preocupar su libertad de comunicar, su derecho a estar bien informado, la defensa de las culturas propias, la pluralidad de conocimientos... En suma, su participación real en la decisión de cuáles son los medios que necesita la ciudadanía  española para su desarrollo comunicacional.

De esto apenas se habla, incluso en las organizaciones de informadores, de consumidores o de enseñantes o se habla con la boca pequeña, sin desmelenarse ni significarse demasiado. Salvo honrosas excepciones, como suele decirse...

La futura ley, actualizará la presente a la realidad de un mercado, en el que han aparecido nuevos players y nuevas formas de jugar por imperio de las nuevas herramientas digitales. Unas herramientas que nos quieren hacer creer que han cambiado los derechos de las personas o que las exoneran de cosas tan lejanas como la ética o las eximen de sus responsabilidades sociales.

Falso de toda falsedad. Los corruptos digitales no son menos corruptos que los analógicos.

¡Es la política, imbéciles...!

En una reciente reunión a la que pude asistir sobre este tema, alguien hizo especial mención a la, para él, necesaria desvinculación de la política en el tratamiento de estos temas. No lo comparto, aunque seguramente el colega habrá querido referirse al partidismo.

La política es inherente a la defensa de los derechos y en su defensa es esencial una actitud política; una actitud que se percibe distante de las redacciones de los medios españoles. Una distancia incomprensible en los medios de comunicación públicos que, por defecto, deben ser los mayores valedores de la democracia informativa y de la calidad de la información.

En su artículo “El negocio venéreo de la comunicación”, José Manuel Martín Medem señala con gran precisión: La Ley General de la Comunicación Audiovisual ha rebajado el servicio público esencial a un servicio de interés económico general. Reconoce el derecho de los ciudadanos a un escenario pluralista en el que convivan de manera equilibrada el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales. Pero, en la práctica, reduce el tamaño y el alcance del servicio público, concede el 75% del escenario audiovisual con absoluta impunidad a los negocios y bloquea las iniciativas sociales.

La televisión es en España un duopolio que concentra el 80% de la audiencia y de la publicidad, está penetrado por el capital internacional y sus beneficios le permiten competir con muchas ventajas contra una radiotelevisión pública maniatada por el control gubernamental de la información, la mala gestión y el presupuesto insuficiente.

Me gustaría alentar una esperanza y alimentar alguna ilusión al respecto; no encuentro de dónde rascarlas. Como dice un querido amigo: mecaguento...

Puede leer aquí anteriores artículos de Dardo Gómez