OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
09/07/14. Opinión. ”Las manifiestas intenciones del líder de ‘Podemos’ de impulsar mecanismos de control público para garantizar el Derecho a la Información ha despertado el clamor de la caverna mediática, que ha puesto a trabajar a sus amanuenses de confianza”. Es una de las reflexiones del periodista Dardo Gómez en su última colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
Y sin embargo, Pablo Iglesias, se mueve
EL pasado viernes 4 de julio, entre asombro e indignación, gran parte de las tertulias y algunos columnistas de los medios españoles se conmovieron por un anuncio que, según algunos de ellos, no tenía precedentes.
HABÍA ocurrido, simplemente, que la tarde anterior el eurodiputado Pablo Iglesias había avanzado que era partidario de impulsar mecanismos de control público para garantizar "la libertad de prensa, sin condicionantes de las empresas privadas o la voluntad de partidos políticos".
LO que no hubiera sido nuevo para esos opinadores si se hubieran leído el programa para las elecciones europeas de la formación “Podemos”, que ya anticipaba esas intenciones.
EN ese documento programático la formación de Pablo Iglesias señalaba que impulsaría “una legislación destinada a impedir la formación de monopolios u oligopolios en el ámbito de la comunicación” y que esta contemplaría la “separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos, garantizando así la independencia de todos los medios de información de los diferentes gobiernos y grandes grupos empresariales.”
ADEMÁS de abogar por la “Creación de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión democrática e independiente de los gobiernos de turno. Legislación destinada a instaurar una cuota mínima de medios públicos e independientes.”
Y añadía la “Creación de una agencia de noticias europea independiente de estricto control democrático y ciudadano. Ninguna empresa o grupo podrá ostentar más del 15% del total de un ámbito comunicacional, sea prensa, radio, televisión, Internet o el sector editorial.”
ESTO estaba a disposición de quien quisiera enterarse y deberían haberse enterado para no sentirse sorprendidos en desinformación; aunque, es sabido que los tertulianos están para opinar y no para informarse.
POR lo mismo, desde uno y otro costado de las pantallas y de las radios se siguen oyendo afirmaciones desatinadas y carentes de todo rigor respecto a las posibilidades de regular los medios de comunicación, a sus razones y al carácter e historia de este tipo de regulación.
ASÍ se oyen cosas tan inconsistentes como “esto no se había oído nunca”, “es inconstitucional”, “atenta contra la libertad de prensa”; todo lo cual confirma la desinformación de quienes lo afirman.
Las leyes de la comunicación
LEYES destinadas a regular la actividad de los medios de comunicación existen de muy diverso pelaje e, incluso, en la siempre tan garantista Gran Bretaña -desengañados de la falsedad de la autorregulación- están a la espera de la que comenzará a funcionar el próximo año y que prevé fuertes multas para los medios que la incumplan.
EN cuanto al carácter especial que propondría “Podemos” para la propiedad de los medios, habría que recordarle a algunos indocumentados que el Código Europeo de Deontología del Periodismo (1993/ Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) ya dice que “Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental.”
SE hace difícil de creer que la unanimidad de esos parlamentarios haya pretendido atentar contra las libertades de los europeos.
AVANZANDO en la tontería, algunos agitan el riesgo de que se pretendería introducir en España una ley de sentido “bolivariano” con el supuesto peligro que traería para la libertad de expresión y la de prensa.
HAY que suponer que hacen referencia a las leyes de comunicación que se han implantado, por acuerdo parlamentario, en Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay y que para muchas entidades internacionales e investigadores de la comunicación son de referencia en cuanto a democratización de los medios.
LA ley ecuatoriana, calificada de “ley mordaza” por buena parte de la prensa española, ha sido respaldada, entre otras organizaciones internacionales, por Reporteros sin Fronteras (poco dudosa de “bolivariana”) y muy bien valorada por Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección a la libertad de Opinión y de Expresión.
SERÁ que no ven el peligro que preocupa a nuestros tertulianos…
En Europa también se dice
EL editor del digital Mundiario entiende que la existencia de “perversiones en algunos medios privados y de que sus líneas se vean sujetas a las injerencias de gobiernos, bancos y empresas privadas no es razón suficiente para someterlos al poder político”; y sostiene contundente que “a ningún demócrata se le ocurriría semejante cosa en países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido”.
MIRE usted por donde, parece que sí se les ocurre.
EL “Informe sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea” de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo sostiene que “la concentración de la propiedad del sistema de medios de comunicación crea un entorno que favorece la monopolización del mercado de la publicidad, introduce barreras a la entrada de nuevos actores del mercado y conduce asimismo a la uniformidad de los contenidos de los medios de comunicación”.
Y estima que ante lo pernicioso de esa situación “la legislación en materia de competencia debe estar interrelacionada con la legislación en materia de medios de comunicación, a fin de garantizar el acceso, la competencia y la calidad y de evitar conflictos de intereses entre la concentración de la propiedad de los medios y el poder político, que son perjudiciales para la libre competencia, la igualdad de condiciones y el pluralismo” con el fin de “asegurar la diversidad de los medios de comunicación y garantizar la total independencia de los periodistas”.
ENTRE los europarlamentarios que votaron a favor de esta resolución -hubo una sola disidencia y no se si española- figuran los españoles Luis Herrero-Tejedor, José Manuel García-Margallo, Agustín Díaz de Mera, Pilar del Castillo, ex ministra de Educación, Cultura y Deporte (PP); Mikel Irujo Amezaga (Eusko Alkartasuna), Ignasi Guardans (CIU), Antolín Sánchez (PSG) y Francisca Pleguezuelos (PSOE).
Y en su elaboración participaron las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios; de Industria, Investigación y Energía; y de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior de este estamento europeo.
¿DEBEMOS pensar que de estas decenas de europarlamentarios que intervinieron ninguno era demócrata?
También los periodistas europeos
EN el mismo sentido se ha pronunciado la Federación Europea de Periodistas (FEP) en su “Manifiesto de los periodistas” que ha dirigido a los candidatos al Parlamento Europeo en las recientes elecciones; les expone, entre otras cosas, que “El entorno y las legislaciones deberían favorecer la creación y el desarrollo de medios independientes, además de que la concentración de la propiedad de los medios debería ser regulada.”
PUES, más de doscientos candidatos a eurodiputados se han adherido a este manifiesto. ¿Tampoco son demócratas?
ADEMÁS, está en marcha la European Initiative for Media Pluralism una campaña avalada por más cien organizacions sociales, entre ellas la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que demanda acciones legislativas para frenar la concentración de los medios y proteger el pluralismo informativo en Europa.
ESTA campaña impulsa la creación de una “legislación eficaz para evitar la concentración de propiedad en los medios de comunicación y en los sectores de publicidad” y propone “sistemas de control europeos más claros para comprobar regularmente la ética e independencia de los medios de comunicación” en los miembros de la UE.
LAS secretarias de coordinación de esta iniciativa se hallan establecidas en Bulgaria, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania, y Reino Unido, y son sustentadas por las organizaciones de informadores de esos países.
COMO se ve, parece que hay muchos demócratas en Europa a los que sí se les ocurre que hay que legislar al respecto.
Claro que regular es constitucional
UNO de los caballeros informadores que se siente consternado por la iniciativa del eurodiputado de “Podemos” sostiene que “La regulación de los medios desde el poder político solo comprende los medios públicos, de modo que una regulación aplicada a los medios privados sería inconstitucional.”
VAMOS por partes. El artículo 20 de la Constitución española, que por ser bien conocido por todos me exime de su exposición, dice que protege todas las libertades referidas a la expresión y difusión de información e ideas.
LO que no dice, ni tiene porqué, es cómo se garantiza a la ciudadanía que pueda ejercer plenamente esas libertades; por lo tanto y como en todo país sujeto al estado de derecho corresponde a los legisladores desarrollar esa garantía mediante una ley específica. Lo que es plenamente constitucional.
PRECISAMENTE, hace pocos días -el pasado 26 de junio- el Parlamento de Cataluña ha aprobado iniciar el desarrollo del artículo 52 del Estatuto de Autonomía catalán, que obliga a la Generalitat y todos los poderes públicos de esa autonomía a garantizar el derecho a la información de la ciudadanía catalana arbitrando que vaya a recibir "una información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso".
EN la resolución parlamentaria se decide “iniciar el diálogo con representantes de la sociedad civil y del sector periodístico y audiovisual para redactar una Ley del derecho a la Información que desarrolle el artículo 52 del Estatuto y que defina también los derechos y deberes de los profesionales de la información, como garantía de una información veraz y de calidad”.
SE aprobó por una amplia mayoría y nadie desde la oposición se animó a sostener que ese desarrollo legal pudiera ser inconstitucional.
Ni insólito ni extemporáneo
EN cuanto a lo supuestamente insólito de la propuesta de Pablo Iglesias de regular los medios de comunicación debo decir, sin desmerecerla, que no es la primera iniciativa en ese sentido que se formula en España.
EL Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 23 de noviembre de 2004, por 175 votos a favor, 134 en contra -todos del PP- y una abstención, la toma en consideración de la proposición de Ley de Izquierda Verde (IU-ICV) para la promulgación de un Estatuto Profesional del Periodista.
UN proyecto que proponía, por ejemplo, la regulación del ejercicio profesional del periodismo, la creación de un consejo de la información de amplia participación ciudadana, un código de buenas prácticas vinculante para los medios y un sistema de multas del uno al 10% de los beneficios de la empresa informativa que las incumpliera.
ESA propuesta de regulación había sido impulsada y, básicamente, redactada por el Foro de Organizaciones de Periodistas que, por entonces, lo integraban todas las organizaciones sindicales y profesionales existentes en España, incluida la Fape.
AUNQUE la cosa terminó como el “rosario de la aurora”, nadie planteó en el Congreso de los Diputados que aquello no fuera constitucional; si algo fracasó en su tramitación fue, simplemente, que no la hubo.
LA presión del “lobby” mediático sobre el presidente Rodríguez Zapatero fue tal, que los parlamentarios del PSOE en la Comisión Constitucional fueron dilatando el plazo de enmiendas -sin presentar una- hasta que decayó el periodo parlamentario. Un auténtico acto de cobardía parlamentaría y de falta de coraje cívico que debería abochornar al ex presidente.
Quién dice que no hace falta
EN cuanto a lo supuestamente extemporáneo de la propuesta de Pablo Iglesias, que manejan algunos, creo que hay datos más que suficientes y de última horneada que hacen evidente su oportunidad, dada la pésima calidad de nuestra información y la falta de ética de la casi totalidad de los grandes medios españoles; además del menosprecio por el derecho informativo de muchos de nuestros políticos y de los poderes fácticos.
EL informe presentado hace un par de meses por la organización internacional Freedom House apunta un nuevo descenso acelerado de la libertad de prensa en España en los últimos cuatro años y señala que la independencia de los periodistas españoles “ha disminuido de manera constante en la última década, hasta colocarse al nivel de naciones como Ghana, Surinam o Islas Salomón”.
ADEMÁS, su representante, Karin Deutch Karlekar, observa nuevas tendencias preocupantes en lo que va de 2014: “El año que viene tendremos que considerar también los despidos de varios directores de periódicos. Creemos que es otro ejemplo de lo que ocurre en España, donde la libertad de prensa está tocada por la presión que ejercen los propietarios de los medios, así como el Gobierno, para despedir a periodistas y reporteros que no se quieren callar”.
TAMBIÉN podemos apelar al último informe de la Asociación de Prensa de Madrid (APM) sobre el estado de la profesión. Allí encontramos que el 79,3% de los 1.748 periodistas encuestados afirma haber recibido alguna presión para modificar el contenido o la orientación de alguna información y que esas presiones provenían de sus propios jefes. El 56,4% de esos informadores confía solo "a medias" en la información de nuestros medios y el 6,1% no les otorga ninguna fiabilidad.
CON estos datos a la vista, a pesar del intento de ocultarlos de la prensa española, creo que se hace más que exigible una intervención de los legisladores para salvaguardar el derecho a la información de la ciudadanía.
AUNQUE por las experiencias ya vividas se me hace muy difícil pensar que caerá esa pieza. Los incautos devotos de la autorregulación, más los amanuenses de confianza de los editores ya se han lanzado a repetir sus necedades sobre la libertad de “emprensa”.
LO peor es que los partidos políticos les tienen miedo; no a los amanuenses, sino a las grandes empresas que son los verdaderos dueños de los medios de comunicación. Esas que manejan las “puertas giratorias” y también las finanzas de sus partidos.
Así nos luce el pelo.
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