OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista
19/09/14. Opinión. “Todos tenemos incorporado que la salud y la enseñanza son derechos fundamentales -por lo tanto, inalienables- de todos los seres humanos. Sin embargo, no hemos caído en la plena conciencia de que el derecho a la información también lo es; estar informados con certeza implica el derecho de los humanos a saber y eso nutre nuestra capacidad de decidir y obrar en conciencia”. Así defiende el periodista Dardo Gómez el derecho a la información en su último artículo en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
Toda la información es pública y su veracidad, exigible
LA obligación de ofrecer información de calidad, que exige el Derecho a la Información y la Comunicación, no discrimina entre medios públicos, privados comerciales o comunitarios. La responsabilidad social de informar con veracidad y pluralidad es común a todos los medios.
DEBO mostrar mi satisfacción por la inquietud que varias de las plataformas políticas de reciente formación están demostrando por el derecho a la información de la ciudadanía y por su decidida actitud de proponer normas legales para garantizar el ejercicio de ese derecho. Lo que, además, está empujando a algunas formaciones tradicionales a hacer algunas progresiones en sus programas electorales. Aunque sin demasiado entusiasmo.
INCLUSO una de nuestras autonomías, la catalana, dispone en su Estatuto la exigencia a la autoridad gubernamental de ofrecer esa garantía y ya ha sido admitido en su parlamento una propuesta para instar a la Generalitat a que se ponga manos a la tarea.
EN todos los casos, observo que esas propuestas vienen alentadas por organizaciones y colectivos ciudadanos que están muy preocupados por el acelerado deterioro que la calidad de la información está sufriendo en España.
ESTO no es una mera impresión; mientras las empresas periodísticas, algunas organizaciones profesionales y muchos periodistas miran para otro lado o se tapan los oídos, repetidos informes propios e internacionales nos están demostrando cómo la mayoría de nuestros medios, públicos y privados, no paran de caer en cuanto a sus niveles de rigor y honestidad.
Todos ellos, tanto los de propiedad pública como los de accionariado comercial, no tienen el menor pudor de poner sus contenidos al servicio de los intereses ya de algún gobierno, de las empresas que los respaldan o de sus accionistas.
INTERESES que pueden ser legítimos, pero que solo deberían manifestarse en sus editoriales o en las columnas de opinión pero nunca difundirse como si fuera información.
YA era hora que, por lo menos, una parte de la ciudadanía se pusiera las pilas y comenzara a reclamar lo que es suyo, la información; que para serlo de verdad debe ser veraz, plural, contrastada y completa sobre los hechos de relevancia pública.
Sí, pero hay alguna confusión
AUNQUE junto con las aleluya por este despertar de la ciudadanía, debo señalar que persiste alguna importante confusión sobre lo que debemos reclamar y a quién.
EN distintos foros sobre este tema observo que muchos ciudadanos ponen el acento -casi un único acento- en la obligación de los medios de titularidad pública de cumplir con los preceptos de la información de calidad.
ASIMISMO, algunos columnistas bien intencionados suelen señalar que esa obligación incumplida es más exigible en los medios públicos porque se sufragan con nuestros impuestos.
CREO que unos y otros se quedan a mitad del camino; lo que yo atribuyo, por un lado al hecho de no haber entendido plenamente que estamos hablando de un derecho humano y ciudadano y, por otro lado, a la infección neoliberal que hace suponer que las inversiones privadas dan “patente de corso” para saltarse las libertades fundamentales o nos induce a desvariar sobre algo tan grave.
CREO que una sencilla comparación con otros derechos fundamentales como pueden ser el de la sanidad o la educación serviría para aclarar esta situación equívoca. Creo que nadie admitiría que la sanidad pública o la escuela pública debe curar mejor o enseñar mejor que la privada.
NI tampoco entenderíamos que los médicos de la sanidad privada ejercieran su misión sin cumplir el juramento hipocrático o que los educadores de los institutos privados se dedicarán a perjudicar la formación de nuestros hijos.
La información también es un derecho
ME atrevo a pensar que la inmensa mayoría de la ciudadanía calificaríamos con los más gruesos descalificativos a cualquier profesional de la salud o la enseñanza que aceptara esos inmorales supuestos imaginados.
TODOS tenemos incorporado que la salud y la enseñanza son derechos fundamentales -por lo tanto, inalienables- de todos los seres humanos.
SIN embargo, no hemos caído en la plena conciencia de que el derecho a la información también lo es; estar informados con certeza implica el derecho de los humanos a saber y eso nutre nuestra capacidad de decidir y obrar en conciencia. Una conciencia que necesita alimentarse de información.
IMAGINEMOS, por un momento, que hay personas a las que hemos confiado obtener esa información vital para nuestro desarrollo social e individual y que ellas han asumido el compromiso de suministrárnosla con lealtad; es decir, sin engañar ni traicionar la confianza que hemos depositado en ellos para que nos ofrezcan ese servicio.
VOLVAMOS a imaginar, por otro momento, que esas personas se dedican a esconder las razones de las cosas o a no indagar para conocerlas y que, por negligencia o intereses mezquinos, de manera habitual tergiversan los hechos o nos los ocultan. Es seguro que les aplicaríamos los mismos descalificativos que aplicaríamos a los médicos o a los maestros corruptos.
PUES bien, no tenemos necesidad de imaginar tanto; estamos hablando de los periodistas, de los medios de comunicación y del derecho de todos a recibir la información que tienen la obligación de darnos con lealtad.
Es nuestra y de propiedad pública
EL derecho a la información -incluso en el páramo legal que a este respecto es España- está reconocido como fundamental por nuestra Constitución de 1978, que reconoce y protege el derecho “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. En apretada síntesis, que la información es de nuestra propiedad, la ciudadanía es su dueña.
LOS medios que recogen y difunden esa información podrán ser de titularidad pública o de propiedad privada; pero la información siempre es nuestra y, por lo mismo, siempre es de propiedad pública.
AUNQUE las empresas quieran escurrir el bulto de su responsabilidad y quieran negar su obligada función social; aquí no importa quién pone el dinero porque todos deben estar al servicio de la información pública y por consecuencia tenemos todo el derecho a exigirles que cumplan su función con la debida lealtad.
LAS exigencias de una necesaria libertad de prensa o de ausencia de cualquier tipo de censura sobre la información es una protección que la sociedad exige para los medios; su existencia se debe a la necesidad de que esos medios tengan una específica protección para garantizarnos a nosotros, la ciudadanía, que están en condiciones de cumplir con la máxima calidad posible la función que la sociedad les ha confiado: Informarnos con rigor y veracidad.
Libertad de prensa para todos
EN cuanto a la libertad de prensa, esta tiene un plus que afecta directamente al derecho a la comunicación de la ciudadanía. Ella implica a la libertad de todo ser humano a generar información y a difundirla a través de la herramienta que considere más conveniente.
PRECISAMENTE, el fabuloso desarrollo de las herramientas digitales y de las redes de comunicación hacen hoy más viable que nunca la vigencia de una libertad de prensa auténtica. Es por esto que los grandes propietarios de la comunicación y los poderes fácticos próximos a ellosazuzan asus servidores en la administración y en los parlamentos para que promulguen leyes represoras de la libertad de información.
TAMBIÉN hay periodistas que, presos de la confusión que les produce la aparición de un periodismo que no encaja en los estereotipos en que muchos nos hemos formado, maltratan a los que ellos consideran los “friki” de la información y se envuelven en un gremialismo que ya valdría haberlo utilizado con mejores fines.
SIN embargo, quienes acceden a la maravillosa oportunidad de generar nuevos medios de comunicación, sin depender de las pesadas estructuras de antaño, deben entender que a ellos también les alcanzan “las generales de la ley” y que las normas democráticas que puedan llegar a elaborarse también deberán incluirlos a ellos como parte de la función pública de informar. Salvo que solo quieran opinar…
POR todo eso, entiendo que las nuevas plataformas políticas que aspiran a esbozar un marco normativo que garantice el derecho a la información y comunicación de la ciudadanía no pueden caer en el error de promover la existencia de distintos niveles de exigencias, en cuanto a la veracidad o pluralidad de la información, basándose en el mezquino argumento de quién se juega los cuartos.
LA información siempre es pública, y el ejercicio del derecho a ser informado no discrimina por la titularidad de la propiedad de los medios.
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