OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

20/11/14. Opinión. “La Defensora del Pueblo da por bueno un informe inexacto de la Dirección General de la Policía y concluye que los informadores deben identificarse con un chaleco blanco, sin derecho a protesta si son golpeados cuando no lo llevan”. El periodista Dardo Gómez critica en este artículo en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la última actuación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, relativa a un acto con profesionales de la información.

Interior golpea; la ‘defensora’ nos remata

COMO de muchos es sabido, el pasado 29 de marzo en las manifestaciones en la Plaza de Neptuno de Madrid algunos miembros de las fuerzas antidisturbios pusieron especial diligencia en el control de los informadores; el material gráfico disponible muestra claramente la violencia con que se prodigaron en ese empeño. A raíz de esas acciones, la asociación gallega ‘Movemento polos Dereitos Civís’ pidió la intervención de la Defensora del Pueblo.

NADA hacía esperar que la respuesta de la oficina de la señora Soledad Becerril sería capaz de superar en torpeza a los apalizadores de aquellos informadores.

EN efecto, con la firma de Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, respondía a los demandantes -el pasado 23 de octubre- que había sido informada por la Dirección General de la Policía de que los profesionales de los medios de comunicación que cubren este tipo de manifestaciones, en virtud del convenio de colaboración suscrito por ese ministerio con la Federación de Asociación de Periodistas de España, deben portar “en todo momento, a modo de chaleco, un peto de color blanco con la inscripción prensa, al objeto de poder ser identificados en actuaciones policiales que se desarrollan en entornos de gran confusión y agitación”.

No dan ni una…

LA desidia de los funcionarios de “la defensora” no les permitió hacerse con el texto del convenio mencionado; de haberlo hecho, hubieran podido comprobar que esa aseveración de Interior es falsa y que el uso de esa prenda, según han pactado los firmantes del convenio, es totalmente voluntario.

POR lo tanto, está claro que no puede ser exigido por autoridad alguna y, menos aún, cuando a esa prenda solo pueden acceder los asociados de esa organización privada que ha suscrito el convenio y que, por lo mismo, solo desde la insania se puede pretender su uso obligatorio por el resto de los informadores.

PERO la desinformación de estos amanuenses adquiere niveles de vergüenza cuando en la misma respuesta y sin encomendarse a talento alguno, se aferran a ese informe de Interior que sostiene que el citado convenio ha sido “suscrito entre la autoridad policial y los representantes de este sector de cara a una debida identificación”.

ES evidente que en esa oficina desconocen que la organización firmante solo puede representar a sus asociados, que es solo una organización de las varias existentes y que gran parte de la profesión periodística no pertenece a ninguna de ellas. Por lo cual, en absoluto hay organización única que se pueda arrogar esa representación.

SIN embargo, ahí no paran los despropósitos de la oficina de la señora Becerril.

Y porrazo al canto…

AMPARADA en los equivocados argumentos mencionados esta defensoría de los derechos de la ciudadanía se ha atrevido a exculpar la violencia policial y cargar la responsabilidad sobre los apaleados.

EN su desvarío, sostiene que “en las imágenes se puede observar a determinadas personas que en el momento de producirse la intervención policial, no portan prenda alguna alusiva a su condición de informador. El incumplimiento de este tipo de recomendaciones por los propios profesionales implicados les coloca en una situación de riesgo en este tipo de situaciones, por lo que no cabe entender que haya existido una actuación policial incorrecta si no se adoptan las medidas pertinentes acordadas mediante el citado Convenio…”.

ES decir, que el mencionado riesgo para los informadores no está en la concurrencia a esos “entornos de gran confusión y agitación” sino en aproximarse a las fuerzas del orden con la imprudencia de hacerlo sin el chalequito blanco.

DADO que no se señala que estos informadores provocaran altercado ni falta alguna; debemos deducir que para la señora Ferrer i Casals si la policía aporrea a un informador sin motivo alguno, la responsabilidad es del apaleado por no haberse calzado la antojadiza prenda. Una auténtica barbaridad.

AUNQUE reiteradas sentencias judiciales hayan expuesto que todo ciudadano tiene el pleno derecho de registrar y difundir imágenes de actos públicos, incluyendo las actuaciones de las fuerzas de seguridad, los “defensores” consideran que no portar esta prenda blanca es un atentado de tal magnitud que, por si mismo, autoriza a esas fuerzas a ejercer una violencia injustificable en los países civilizados.

ES cierto que puede haber contribuido a la confusión de la defensoría el ignorar que en España no existe acreditación profesional alguna y que quien quiera hacer creer lo contrario, miente.

Un informe más que claro

ENTRE la información que la Defensora del Pueblo podría haber consultado, para cumplir fielmente su cometido, figura el comunicado sobre los hechos acaecidos ese 29 de marzo difundido por la Representante sobre Libertad de Medios de la OSCE, Dunja Mijatovi.

EN él, esa representante del organismo internacional manifiesta su profunda preocupación por la violencia e intimidación ejercida por parte de la policía contra periodistas que cubrían las manifestaciones de ese día y que, según medios y asociaciones profesionales, se identificaron claramente como tales.

ASÍ lo recoge el informe “Retrocesos en materia de libertad de expresión en España” que la Federación de Sindicatos de Periodistas y la Red de Medios Comunitarios elaboraran de forma conjunto y en el que se señala que, en estos casos, los más afectados “son periodistas ‘freelance’ y fotoperiodistas pertenecientes a medios independientes, que a pesar de identificarse como prensa, llevar visibles sus distintivos y equipos de captación de imagen reciben agresiones o coacciones con el objeto de evitar que registren lo que está sucediendo y no pueda difundirse posteriormente”.

PRECISAMENTE, muchos de estos informadores no pertenecen a organización profesional alguna y, por lo mismo, no tienen posibilidad -si lo quisieran- de acceder al chaleco que, según expresan los firmantes del convenio, es de uso voluntario.

Para echarse a temblar

“ELDefensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas”, según el mismo se define en su web.

ES para echarse a temblar, no se si de miedo o indignación, que la actual defensora avale hechos como los señalados que atentan de forma incuestionable contra esos sagrados derechos y libertades.

ES igualmente preocupante que el dictamen que firma la adjunta segunda del Defensor del Pueblo venga a hacer la pinza con la “ley Mordaza” que proyecta el ministro Fernández Díaz y que, según ha trascendido, sus colegas pretenden enmendar para peor introduciendo entre las instalaciones a preservar las de la RTVE; a preservar, claro está, del riesgo de las protestas de sus periodistas ante la manipulación informativa.

AUNQUE también resulta inquietante -por lo menos, me inquieta a mi- que solo una organización de periodistas y un par de medios (que me consten) se hayan hecho eco de tamaña temeridad de la señora Becerril.

EL Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) -que va marcando rumbo en esta materia- lo ha denunciado abiertamente en un comunicado que culmina diciendo: “Si una institución como la del Defensor del Pueblo asume que los profesionales de la información deben ir identificados para estar ubicados ‘au dessus de la mêlée’ y ahorrarse determinadas vicisitudes, habrá que convenir con Willian Shakespeare en que los barcos donde están más seguros es en los puertos, pero no se hicieron para eso”. Clarísimo y doloroso.

AVISO para navegantes: Cuidado con qué se firma y con quién; que las interpretaciones las carga el diablo…

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