OPINIÓN. ¿Me quieren oír? Por Dardo Gómez
Periodista

02/03/15. Opinión. “Podemos ha abierto el melón de la regulación de los medios de comunicación y parece haber abierto la caja de los truenos de los escribas de confianza, siempre tenaces en negar lo evidente. Pero… Pablo Iglesias tampoco termina de acertar”. El periodista Dardo Gómez analiza las últimas propuestas de la joven formación de Iglesias en materia de comunicación en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

Tú también… Pablo Iglesias

LA nueva formación Podemos ha hecho público que quiere crear una autoridad reguladora que supervise el cumplimiento de las leyes relativas al sector audiovisual y que tenga como objetivo velar "por que se garanticen la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural y los derechos de la audiencia".

MUY concretamente, lo que propone, hasta ahora, es “Equilibrar el panorama de medios públicos y privados para evitar la presencia de grandes poderes financieros y el duopolio existente en su control y en las plataformas de gestión y difusión de los contenidos, físicos o digitales”.

PARA lo que estima necesario “Crear una autoridad reguladora independiente que supervise el cumplimiento de las leyes relativas al sector audiovisual y que afectan a los diversos agentes implicados (servicios públicos, medios privados y comunitarios). Este Consejo del Audiovisual, independiente de los gobiernos y de los operadores, deberá velar por que se garanticen la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural y los derechos de la audiencia.

ESTO no me lo he inventando ni tampoco estoy interpretando como suelen hacer a nuestros habitualmente desinformados tertulianos; éstas son algunas de las medidas que se incluyen en el documento elaborado por el Círculo de Cultura, y que la formación que lidera Pablo Iglesias someterá a debate con diferentes entidades y actores del mundo de la cultura y la comunicación de cara a definir las políticas públicas de la cultura y la comunicación que incluirán en su programa electoral.

ASÍ mismo, aunque no sea en el mismo espacio, en el programa a las elecciones al Parlamento Europeo, la misma formación en su punto 2.6 plantea la “separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos, garantizando así la independencia de todos los medios de información de los diferentes gobiernos y grandes grupos empresariales,” y que proponía la “Creación de una agencia de noticias europea independiente de estricto control democrático y ciudadano”; además de que “Ninguna empresa o grupo podrá ostentar más del 15% del total de un ámbito comunicacional, sea prensa, radio, televisión, internet o el sector editorial.”

Cuidado que viene el coco…

ESTO es lo que hay, ya que hasta ahora no hay mayores detalles de cómo quedaría plasmado esto en el futuro programa de esta agrupación. Es decir que todo lo que se está diciendo en los medios españoles es simple especulación y, en algunos casos, descarada manipulación informativa.

SIN embargo, estos breves apuntes han sido suficientes para desatar el pánico entre los escribas de confianza de la AEDE por la presunta amenaza de cercenar las libertades de prensa y expresión y de controlar el ejercicio del periodismo en España.

NO sé hasta qué punto pueden estar fundados esos temores; pero lo que me produce mayor preocupación es que el ataque a esas indefinidas propuestas de regulación se hagan desde el supuesto de que en España existe algún respeto a la veracidad informativa, a la independencia de los informadores y de que el derecho a la información de la ciudadanía fuera atendido por los grandes medios de comunicación de nuestro país.

ES como si estuviéramos ante un estado de ignorancia corporativa o de empecinamiento de querer negar lo evidente o, simplemente, que la mayoría de los informadores no quieren reconocer en público las miserias que admiten cuando están acodados con sus colegas en la barra del bar.

CREO que es de obligación recuperar los datos del ‘Informe anual de la profesión periodística 2014’, elaborado por la APM en base a las respuesta de 2.167 periodistas miembros de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), del Colegio de Periodistas de Cataluña (CPC) y del Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC). Los datos de ese informe son demoledores; la confianza de la ciudadanía española en los medios, en una escala de 1 a 10, no supera el 5,3; y motivan ese déficit “en los intereses políticos de los periodistas y de los medios, en la falta de independencia de ambos y en los intereses económicos de las empresas de medios”.

LOS propios periodistas, en la misma escala, dan un 4,3 al respeto por su independencia profesional y ponen “el amarillismo, el sensacionalismo, el periodismo como espectáculo”, tanto como los intereses políticos y económicos de los grupos editoriales, entre las razones de su propia desconfianza en los medios para los cuales trabajan.

SOLO estos datos ya deberían obligar a la reflexión sobre la necesidad de que algo se debería cambiar en las prácticas de los medios de nuestro espacio mediático.

El negacionismo de los escribas

ES igualmente sorprendente que los defensores del “status quo” mediático español parezcan estar desinformados sobre los análisis que en los últimos tiempos se han estado elaborando en Europa respecto de la necesaria responsabilidad social de los medios y al criterio generalizado de que estos no cumplen con sus deberes para con la ciudadanía.

POR mencionar uno de los últimos, que ha sido cuidadosamente ocultado por los grandes medios españoles, cito el informe “Protección de la libertad de prensa en Europa” que ha sido aprobado el pasado 12 de enero por los trescientos miembros la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa (Parliamentary Assembly of the Council of Europe - PACE).

ESTE informe había sido aprobado previamente por la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios el 4 de diciembre del año pasado, y pone sobre la mesa los riesgos ciertos que amenazan la pervivencia de la libertad de información en el continente europeo.

EL documento analiza todas las variables, desde la existencia de regímenes represores -el español también anda por allí aunque entre los de menor intensidad- hasta las medidas que considera recomendables adoptar para preservar el derecho a la información de los europeos.

Entre ellas, la PACE considera como una amenaza a esos fines la concentración de medios y solicita medidas de los gobiernos europeos “para regular los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad” de esos medios.

EL documento avanza más que las “inquietantes” propuestas de Podemos y recoge la propuesta planteada por el diputado europeo Gvozden Srećko Flego para la creación de una “Tarjeta de Identidad de Medios” que obligaría a las empresas de comunicación a proporcionar información sobre sus propietarios, “incluyendo los llamados dueños sombra que contribuyen sustancialmente a sus ingresos, como los grandes anunciantes o los donantes”.

ESTE documento ha sido recibido con satisfacción por la Federación Europea de Periodistas (FEP), filial de la Federación Internacional de Peridistas (FIP) que había hecho sus aportes al informe, al igual que otras organizaciones europeas de Derechos Humanos. Es decir, organizaciones internacionales que siempre se han destacado por la defensa de las libertades.

Pero, también Iglesias pincha…

EL diputado europeo Pablo Iglesias creo que está informado al respecto y que lleva buena intención; pero como dicen “de buenas intenciones está trillado el camino del infierno”. Muchas veces esas buenas intenciones naufragan en el marasmo de las fórmulas gastadas que nunca dieron solución o en el afán de mirar hacia adentro en lugar de abrirse a la amplitud del horizonte.

ANTE los requerimientos de los que se han mostrado espantados por sus propuestas, el líder de Podemos ha adelantado que hallaría las fórmulas adecuadas para esa regulación mediante la consulta a los trabajadores de la información. “A los periodistas, tanto a los que están asociados como a los que no, habría que convocarlos a un proceso amplio de discusión en el que dijeran cuál es el modelo para garantizar que se asegura la libertad de expresión”, ha dicho y avanzó que “Tendría que ser una ley redactada por periodistas. Ojo, no redactada por los medios de comunicación para los que trabajan los periodistas”.

NO se a qué viene lo de los asociados, que poco tiene que ver con el tema, pero no avanza con buen pie el señor Iglesias…

CREO que este político y su equipo deberían partir del entendimiento de que el Derecho a la información y la Comunicación es un derecho universal, y creo que no es necesario recordarles que esto quiere decir de toda la ciudadanía.

POR lo tanto, a los periodistas y los medios, cabe reconocerles que cumplen una tarea esencial en la información, pero no se debe olvidar que esa tarea la están es ejerciendo por delegación de la ciudadanía a la que deberían estar obligados a rendir cuentas de su ejercicio responsable.

NO son los periodistas los que deben decidir cómo debe regularse un derecho de la ciudadanía; lo que toca es demandar a esa ciudadanía y a sus organizaciones cívicas cuáles son las garantías que ellas consideran necesarias para ver protegidos esos derechos; precisamente, de los posibles desmanes de los periodistas y de los medios.

LOS periodistas responsables y los medios escrupulosos no deberían penar por esto; ya que la ley debería estar dirigida a dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para protegerse de los peores “de los nuestros”.

ALGUIEN debería recordar al señor Iglesias que durante años en este país se ha confiado la custodia de esos derechos a los propietarios de los medios de comunicación; es decir, que hemos puesto al zorro a cuidar el gallinero.

EN la práctica, esto ha significado una dejación de responsabilidades, de desidia cívica y hasta de prevaricación de las que han pecado desde los políticos a las organizaciones de los periodistas y en la que han caído la mayoría de los propios profesionales de la información.

Mejor, preguntar a los que saben

UNO regulación de los medios de comunicación no tiene otro destino que caminar hacia una ley amplia de la comunicación y esta es una medida de tan tremenda transversalidad social que exige un estudio multidisciplinar. Algo muy por encima del colectivo periodístico.

POR supuesto que una ley de esas honduras debe contar con ellos en la consulta y que ellos serán, tangencialmente, parte de los grandes beneficiados en el ejercicio de su profesión. Los periodistas serán un interlocutor más a consultar pero de ninguna manera los únicos y, si me apura, ni siquiera los más relevantes.

QUE no caiga el equipo de Podemos en las gastadas redes de la misma farsa. La función del estado moderno, reconocida en todos los grandes foros de la comunicación, es garantizar a la ciudadanía, respecto de los medios de comunicación y de los comunicadores, la recepción de información de calidad. Ya hay varias experiencias prácticas al respecto en distintas latitudes que deberían ser estudiadas y ver como se pueden adaptar a nuestro espacio.

UNIVERSIDADES de casi todo el mundo están aportando en los últimos quince años sesudos documentos generados por prestigiosos investigadores, y la Corte Europea de Derechos Humanos. Tanto como la interamericana, nos aportan resoluciones más que fundadas sobre lo mismo.

POR si no hubiera donde buscar referencias, expertos de organismos internacionales como el Parlamento Europea están aportando en los últimos años recomendaciones respaldadas por serios estudios que, por conocidas razones, siguen siendo desoídas por los políticos.

CREO que a una formación poblada de catedráticos no habría que recordarle el valor de recurrir a los que saben; igual, las cosas nos empiezan a salir mejor.

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