OPINIÓN. ¡Qué mundo éste! Por Alberto Montero
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

12/11/10. Opinión. Alberto Montero censura en esta colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la sentencia emitida esta misma semana por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se prohíbe hacer públicos los nombres de los particulares...

OPINIÓN. ¡Qué mundo éste! Por Alberto Montero
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

12/11/10. Opinión. Alberto Montero censura en esta colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la sentencia emitida esta misma semana por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se prohíbe hacer públicos los nombres de los particulares (grandes terratenientes) que se beneficien de las ayudas comunitarias a la agricultura. “¿Cómo nos enteraremos de que siguen siendo las grandes familias de la nobleza europea las que acaparan la mayor parte de las ayudas a la agricultura que se financian con los impuestos de todos nosotros?”, se pregunta el profesor de la Universidad de Málaga (UMA).

Ayudas agrícolas europeas: los nuevos fondos reservados

VIVIMOS en una Unión Europea que cada vez se distancia más del común de los ciudadanos y se postra de hinojos ante los intereses de los grandes poderes fácticos, sean éstos de la naturaleza que sean: financieros, comerciales, industriales o, incluso, terratenientes.

EL Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dar a conocer una sentencia en la que anula parcialmente dos reglamentos europeos que obligaban a la publicación de los datos de los beneficiarios de las ayudas agrícolas de la Unión Europea, en concreto, las percibidas a cuenta del Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

EN opinión del Tribunal, la difusión de los beneficiarios de esas ayudas así como de los montantes específicos “constituye una lesión del derecho al respeto de la vida privada y a la protección de datos”. Dicho lo cual, se quedan tan anchos.

PUESTOS a evaluar derechos en conflicto, tal vez debieran haber considerado que el derecho a la protección de datos de un ciudadano o una empresa que demanda una ayuda pública no debiera estar por encima del derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con los impuestos que pagamos y a quiénes van destinadas las ayudas que con ellos se financian. ¿O es que el derecho a la transparencia presupuestaria que debe regir el uso del dinero público es menos relevante que el derecho de una persona que se beneficia de una ayuda pública a que los demás no lo sepamos? ¿En virtud de qué criterio se han convertido ahora los fondos de la PAC en una suerte de fondos reservados sobre los que Europa puede disponer sin que los europeos sepamos a quiénes se les destina?

PARECE que se olvida que quien solicita una subvención o una ayuda lo está haciendo voluntariamente, poniendo en manos de la administración pública sus datos y solicitando, para fines particulares -que en algunos casos confluyen con intereses generales, pero en otro no-, fondos públicos, financiados entre todos y de cuyo destino todos tenemos derecho a recibir cuentas. Evidentemente, no exigimos que se publique el domicilio o el número de teléfono del perceptor, pero sí es más que exigible que sepamos quién es y cuál es el monto de las ayudas que recibe. Al menos eso.

¿CÓMO nos enteraremos ahora, por ejemplo, de que en 2008 la casa de Alba recibió más de 2 millones de euros de esas ayudas, la reina de Inglaterra más de medio millón o el Príncipe Carlos más de 200 mil euros? ¿Cómo podremos saber ahora que en 2005 los seis primeros perceptores españoles de ayudas recibieron casi 12 millones de euros, esto es, una subvención de casi 5.500 euros diarios? ¿Cómo nos enteraremos que siguen siendo las grandes familias de la nobleza europea las que acaparan la mayor parte de las ayudas a la agricultura que se financian con los impuestos de todos nosotros?

SI alguien tiene dudas de lo que digo, que le eche un vistazo al listado de ayudas publicado por la organización Farmsubsidy en la que aparecen los beneficiarios de esas ayudas y se encontrará con más de una sorpresa.

Y es que sacrificar el principio de la transparencia presupuestaria en aras del respeto a la protección de datos para no hacer públicos los montos de las ayudas que reciben los grandes terratenientes europeos sienta un peligroso precedente: el de que las ayudas públicas de la Política Agraria Común -que no olvidemos que consumen casi la mitad del presupuesto comunitario- se conviertan, aún más, en una caja negra sobre la que los ciudadanos carecerán de mecanismos de control.

UNAS ayudas que ya de por sí presentan un elevado grado de oscurantismo y en donde los casos de corrupción y nepotismo han sido recurrentes en los últimos tiempos. Y no puede ser de otra manera cuando las mismas no se rigen por principios perfectamente delimitados y son ayudas que se conceden sin una finalidad precisa, sin unos objetivos claros y contrastables, sin un seguimiento de su destino ni una exigencia de resultados concretos.

SOBRE la base de medidas como ésta se avanza en la configuración de una sociedad que es capaz de sacrificar principios democráticos básicos, erosionando las bases de diversas formas de control ciudadano sobre la actuación de los poderes públicos y promoviendo que la corrupción encuentre un caldo de cultivo adecuado en los entornos del poder.

Y luego se extrañan de la desafección popular hacia Europa, ¡pues anda que no se la trabajan bien con cada día que pasa!