La asamblea de Ecologistas en Acción Andalucía, celebrada el pasado fin de semana, ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se rechaza de forma rotunda el reciente Decreto Ley aprobado por la Junta, que supone la cuarta amnistía a las viviendas ilegales en Andalucía, y da vía libre para recurrirlo

OPINIÓN. El buen ciudadano. Por Rafael Yus Ramos
Coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

04/10/19. Opinión. El coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA), Rafael Yus, reflexiona en su nueva colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre el Decreto-Ley 3/2019 aprobado por la Junta de Andalucía para la regularización de las viviendas construidas ilegalmente “los políticos que han gobernado la Junta de Andalucía han estado y siguen estando...

...al servicio de los especuladores y de los constructores ilegales”.

Una irresponsable amnistía a los delincuentes urbanísticos que establecerá una doble vía inconstitucional para la construcción de viviendas de forma desigual

Con fecha 25/9/2919, el gobierno andaluz se estrenó en el ámbito urbanístico con una nueva iniciativa para la regularización de las viviendas construidas ilegalmente, con un nuevo y más liberal Decreto-Ley 3/2019, en el que se adoptan medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ante este hecho, la Asamblea de Ecologistas en Acción Andalucía, celebrada el pasado fin de semana en Punta Umbría, ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se rechaza de forma rotunda el citado Decreto-Ley 3/2019 aprobado por la Junta de Andalucía, que supone la cuarta amnistía a las viviendas ilegales en Andalucía, y da vía libre para recurrirlo.

En el texto de dicha resolución se indica que el Gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía abrió las puertas a la regularización de viviendas ilegales en 2012, cuando aprobó un Decreto que pretendía la "regularización" de las más de 300.000 viviendas ilegales que hay en Andalucía, permitiendo dotarlas de servicios mínimos, y blindándolas contra la acción de la disciplina urbanística. En 2015, el PSOE modificó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para poder legalizar también las urbanizaciones ilegales, haciéndolas prescriptibles. Paralelamente, el gobierno de Rajoy amnistiaba a las viviendas ilegales construidas en Dominio Público Marítimo-Terrestre, con una modificación de la Ley de Costas.

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía (PP-Cs) aprueba ahora un nuevo cambio de la LOUA y, también, del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), para la "regularización" de viviendas ilegales, concediéndoles  prácticamente los mismos derechos que las que se han construido legalmente... y con escasas obligaciones.

Este nuevo Decreto-Ley incluye novedades muy peligrosas, que provocarán la total impunidad del urbanismo ilegal, y un efecto llamada sin precedentes. El Decreto-Ley permite la "regularización" de prácticamente todas las viviendas ilegales. Se introduce la figura de un Plan Especial que determinará la fórmula de regularización, que aprobarán los mismos ayuntamientos que han permitido estas miles de viviendas ilegales. Incluso se podrán "regularizar" viviendas construidas de forma ilegal en suelos  destinados a dotaciones públicas o en terrenos inundables, eso sí, se le pedirá a los propietarios de estas viviendas que "suscriban una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables". Los ayuntamientos podrán reducir las cesiones de suelos para equipamientos o zonas verdes. Otra novedad que provoca la máxima alarma es que se permitirá la regularización de viviendas ilegales en suelo de especial protección, si se "acredita la inexistencia de los valores que determinaron la protección de dichos terrenos"; todo un estímulo desde la ley para incumplirla.

La aplicación del Decreto-Ley se extiende a edificaciones ilegales en suelo urbano no consolidado y urbanizable; es decir, aquellas urbanizaciones ilegales que están en trámite de legalización en los PGOUs podrán dotarse de servicios sin haberse aprobado los planes parciales o los proyectos de urbanización, lo que provocará la paralización de este planeamiento por los mayores costes que conlleva.

El colmo del despropósito es la modificación de la normativa sobre disciplina urbanística. Se permite aplicar una "equivalencia" a las sanciones que, según la normativa actual, debe terminar con la demolición de lo ilegalmente construido.

La Asamblea de Ecologistas en Acción de Andalucía denuncia que los políticos que han gobernado la Junta de Andalucía han estado y siguen estando al servicio de los especuladores y de los constructores ilegales. La primera norma que ha aprobado el gobierno PP-Cs es para favorecer el urbanismo ilegal, en vez de aprobar normas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna; en lugar de potenciar la disciplina urbanística; en lugar de mejorar la movilidad sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; en lugar de mejorar las dotaciones públicas..

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