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09/02/16. Opinión. La periodista Ana Ortega publicó este domingo en el Confidencial Andaluz un extenso análisis que relataba, en datos, las materias más legisladas durante los 33 consejos de Gobierno que se han realizado en lo que va la legislatura de Susana Díaz al mando de la Junta andaluza. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, en virtud del acuerdo alcanzado con este joven medio...

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Los 33 Consejos de Gobierno de Susana Díaz en 33 semanas

MÁS de 237 días – 33 semanas – lleva Susana Díaz al frente del gobierno andaluz desde que tomó posesión el 14 de junio de 2015. Son ya muchos los Consejos de Gobierno que la presidenta y su equipo han llevado a cabo. Normalmente, cada martes. Normalmente, 4 cada mes. A veces, 7. Excepto en agosto, que las vacaciones hicieron que solo se celebraran únicamente en las dos primeras semanas del mes. En concreto, son 33 los consejos que los socialistas han protagonizado desde que se sentaran en el gobierno en la actual Legislatura. El primero comenzó el 19 de junio de 2015. Desde entonces, son muchas las decisiones que se han tomado en el seno de las diversas Consejerías que componen la Junta de Andalucía. 226 decisiones han firmado los consejeros titulares.


Resumen Consejos y materias

EL primero de ellos, el 19 de junio de 2015, tuvo como eje estrella la aprobación de dos anteproyectos para reforzar la medida contra los desahucios. Estos son la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda en Andalucía (que ya fue tramitada al Parlamento Andaluz pero decayó con el período electoral y posterior largo proceso de investidura) y el de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía. Entre estas medidas destacan la protección a las personas afectadas y la permanencia de ellas en sus viviendas, atacar los abusos financieros en relación con las hipotecas (obligación de informar detalladamente cuando haya tipos de intereses o la existencias de cláusulas de suelo y techo) y mejora del sistema de información y asesoramiento de los perjudicados ante casos de desahucios, especialmente a colectivos en situación de emergencia social y económica.

ESTAS normas también incluyen como novedades el ejercicio del derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por parte de la Junta y la creación de un tribunal específico de arbitraje para facilitar soluciones extrajudiciales. Con estas medidas, dice Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, “se ha dado un paso importante, ya que la Junta es muy sensible con el drama que viven los andaluces”.


Desahucios

SIN embargo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de diciembre de 2015 muestran como Andalucía es la comunidad autónoma con más ejecuciones hipotecarias certificadas del año, 5.019 fincas de un total de 19.403, seguida de la Comunidad Valenciana (3.718) y Cataluña (3.207). Si se desgranan por tipo de finca, la comunidad andaluza ha ejecutado 2.984 viviendas, de las cuales 1.968 son catalogadas como viviendas de personas físicas y 1.016 de personas jurídicas. Cierto es que la cifra de ejecuciones por impago han sido reducidas, siendo 8.436 fincas en el trimestre anterior analizado. Aun así, el número de familias que se han quedado sin vivienda por la falta de recursos sigue siendo muy elevado. A esto se suma que en agosto del pasado año la partida de ayudas al alquiler para los desahuciados más desfavorecidos fue suspendida según el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, “por dotación presupuestaria insuficiente”. Esta medida fue aprobada, ocho meses antes, en diciembre de 2014 por parte de la entonces consejera de Fomento Elena Cortés (IU). En la provincia sevillana, los datos del segundo trimestre del último año señalan que se han procedido 844 acciones hipotecarias, 230 menos que en el trimestre anterior pero 475 más que en el primer trimestre de 2008 cuando se considera el estallido de la crisis económica.

OTROS consejos de gobierno mencionables en el histórico de sesiones que han tenido lugar desde que Susana Díaz se encuentra al frente de la Junta de Andalucía tiene que ver con el ámbito de la educación. Un ejemplo lo tenemos en la sesión celebrada el 14 de julio del pasado año cuando se aprobó la oferta de titulaciones y los precios públicos de las matrículas universitarias para el curso 2015/2016. La Junta presume de que la congelación de los precios para grados por segundo año consecutivo (12,62 euros el crédito) y el descenso de un 16,5% para los másteres.

NUEVAS exenciones de pago las encontramos en víctimas de violencia de género o en estudiantes con Premio Extraordinario de fin de grado, los cuales tendrán matrícula gratuita en el primer curso de otra titulación  de carácter oficial. Finalmente, otra medida novedosa es la fragmentación en más pagos de las tasas universitarias. De esta forma, a los cinco pagos adoptados en el curso 2014/2015 se suman tres más. La luz verde a esta decisión proviene de Antonio Ramírez de Arellano López, exrector de la Universidad de Sevilla y consejero de Economía y Conocimiento de la Junta. Hasta hace poco, solo se permitían dos pagos para los estudiantes (tres si se figuraba como becario al que se le rechazaba la ayuda). Con esta popular medida, más de 30.000 estudiantes se han acogido a estas nuevas divisiones de pago. En cuanto a la oferta de titulaciones, se acordó la incorporación de cinco nuevos títulos oficiales de grado, 63 de máster y 4 de doctorado. Estos programas se reparten entre todas las universidades públicas andaluzas, incluida la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Pablo de Olavide (UPO) y en el centro privado sevillano Universidad Loyola Andalucía.

OTRO acuerdo alcanzado en materia educativa es el destino de tres millones de euros para becas de idiomas. Teniendo en cuenta la necesaria acreditación del nivel europeo B1 para la consecución de una titulación oficial. Otra motivación para esta medida viene con los informes y encuestas europeos que instituciones como Comisión Europea (2012) o la Universidad de Cambridge (2014) estiman en relación con el nivel que los españoles poseen de otros idiomas. En el caso del inglés, el barómetro de la prestigiosa universidad británica afirma que la comunidad andaluza es la segunda peor en competencia lingüística (84% de los expertos consideran un nivel bajo o muy bajo), tan solo superada por Murcia (81%). Al hilo de las ayudas, la Junta otorgará becas vinculadas a matrícula y formación para igualar a aquellos alumnos con menos recursos que no pueden afrontar estos gastos y, por tanto, no pueden finalizar sus estudios. Los requisitos fundamentales para acogerse a estas ayudas son la exigencia de cursar Grado o Máster y ser beneficiario del Plan General de Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (desde el 19 de enero se rebaja el requisito a haber sido beneficiario algún año de Grado, no en el actual cursado como originariamente se demandaba).

Transparencia

LA sesión del 4 de agosto del año anterior trajo consigo el rechazo a una propuesta formulada por Podemos Andalucía sobre el texto de la Ley de Cuentas Claras y Abiertas para la Administración Pública Andaluza. Mediante esta propuesta, el grupo parlamentario liderado por Teresa Rodríguez solicitaba una divulgación de datos detallados de cargos y abonos relativas a las cuentas de la Junta, entidades locales y otras instituciones públicas, la identificación de terceros (físicos y jurídicos) que mantienen relación la Administración autonómica y de los conceptos de las operaciones que figura en los movimientos. Esta iniciativa legislativa fue propuesta tres meses antes. En su día, Rodríguez consideró que “si esta ley estuviera en vigor, casos como el de los ERE, Bankia o Púnica “no podrían ocurrir”. Poco antes, el Consejo de gobierno del 21 de julio aprobaba un decreto regulador de las  consejerías que componen la Junta en materia de transparencia, con objeto de promover la publicidad activa de cada unidad y el acceso y solicitud del ciudadano a información pública (a través del Portal de Transparencia).

ESTE rechazo está fundamentado, según el Ejecutivo andaluz, por el sobrecoste que esta acción tendría, tanto en la labor previa de revisión como en el aumento de personal necesario para realizarla. El final de esto fue contundente: los votos positivos de Podemos e IU no pudieron hacer nada contra la negativa del PSOE y la abstención del PP y de Ciudadanos. Que el gobierno andaluz recuerde que la información fundamental sobre los movimientos de la Tesorería General de acceso libre se encuentre en la Consejería de Hacienda y Administración Pública parece no ser suficiente para frenar los crecientes casos de corrupción que se vive en este país.

TAMPOCO que no exista una Ley de Transparencia, necesaria en toda sociedad democrática, para que los ciudadanos tengan la libertad de conocer las acciones de toda personalidad pública. El Índice de Percepción de la Corrupción de 2015, elaborado por la ONG Transparencia Internacional sitúa a España en los 58 puntos, lo que se traduce en el puesto 36 de un total de 168 países analizados, por debajo de otros como Hong Kong (18), Qatar (22), Emiratos Árabes Unidos (23), Botswana (28) o Israel (32). Si se compara con el entorno de la Unión, sólo nueve de los veintiocho países aparecen en la tabla por debajo de España, entre los que destacan Italia, Grecia, Rumanía o Hungría. Preocupantes datos que sirven a personas e instituciones para enriquecerse y vulnerar los valores éticos en los que debería asentarse el sistema parlamentario que domina en España.

Renta básica

OTRO rechazo por parte del Gobierno andaluz publicado en el Consejo del 14 de julio es el de la tramitación de la Renta Básica para la Inclusión en Andalucía. Motivada por el hecho de que se trata de una materia en la que están trabajando, la Junta se negó a promover esta propuesta de varios ayuntamientos de la comunidad presentada por Plataforma Ciudadana. De esta forma, el Ejecutivo asegura que antes de que finalice el período de sesiones del año en curso (junio de 2016), presentará ante el Parlamento un anteproyecto que establezcan”medidas para asegurar condiciones de vida dignas a todas las personas en riesgo de exclusión social”. Esta medida, de carácter urgente teniendo en cuenta la situación en la que viven numerosas familias andaluzas, ha sido prorrogada tras el agotamiento de dos sesiones en diciembre de 2014, con la legislatura anterior. La disolución del anterior Parlamento, que debían dictar un informe que nunca llegó, y la creación de este nuevo no ha favorecido avances en la garantía legistativa (propuesta principalmente por IU en la anterior legislatura) de una prestación económica que sustituya al actual Ingreso Mínimo de Solidaridad. Este salario social está cifrado en un 62% del Salario Mínimo Interprofesional en la comunidad andaluza, equivalente a 402, 13 euros.

UNA de las resoluciones del Consejo de Gobierno de Susana Díaz ha sido el de la inyección de 25 millones para el Fondo Social de RTVA. Previsto en el presupuesto de 2015, la Junta aprueba este aporte “contrato-programa suscrito entre el Gobierno andaluz y el ente audiovisual público para 2013-2015”. Estos contrato-programa establecen compensaciones para la corporación pública por la gestión y prestación del servicio público de radio y televisión y de servicios digitales. Esto y la presentación del presupuesto del ente (164.394.38 millones) para 2016 fueron muy criticados por los grupos parlamentarios de la oposición, quienes argumentaban el inmovilismo en la concesión de la presupuestación (164,2 millones en el ejercicio anterior) y en la mala gestión del modelo. Estos se desgranan así: unos 112 millones de provisión de la Junta, 21,2 de ingresos por publicidad y 27,8 de déficit. El subdirector general de la corporación, Joaquín Durán, ha defendido que son “realistas, austeros y equilibrados”. RTVA también ha sido protagonista en los Consejos de Gobierno desde la etapa de Díaz con la fusiónentre Canal Sur Radio S.A. y Canal Sur TV S.A. y la promesa por parte del gobierno de no producirse despidos.  “La operación permitirá racionalizar y simplificar las estructuras y el funcionamiento de estas dos entidades filiales de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), garantizando a la vez el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores”.


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