¿Los colegios profesionales no deben ser independientes? Lara  permite que los abogados de Porras y Pomares presenten en el Colegio de Abogados de la capital un dictamen jurídico que encargaron a una catedrática de la Universidad de Almería donde concluye que los concejales “no están imputados formalmente” (?)

En la web del Colegio de Abogados se lee que “la autora considera que Pomares, Porras y Cardador no están imputados formalmente y, por tanto, no les serían de aplicación las medidas previstas en el acuerdo PP-Ciudadanos de separación de los cargos públicos o funciones públicas que representan”

Tras la reforma acometida con la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el término ‘imputado’ se sustituyó por ‘investigado’

En las 16 páginas del documento que se presenta en la institución que dirige Lara la catedrática de Derecho Procesal Carmen Senés “analiza el auto del que resultan ‘investigados’ [antes ‘imputados’] los concejales Pomares y Porras, así como el gerente de Urbanismo, José Cardador, y su relación con el pacto suscrito por el PP y Cs”. Pacto que rompió Cs el pasado 18 de febrero

18/03/19. Opinión. El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, organiza un acto partidista en favor de los concejales populares Teresa Porras y Francisco Pomares con sus abogados defensores en el ‘caso Villas del Arenal’ (AQUÍ). “Cuándo se adquiere la condición de imputado formalmente en el proceso penal español”, así se titula el dictamen jurídico (AQUÍ) que encargan los abogados de...

...Porras y Pomares a Carmen Senés, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Almería. Ambos ediles así como el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Cardador, declararán como investigados (lo que hasta 2015 se denominaba imputados) después de que el juez que instruye la causa recibiera una denuncia del fiscal (fue el de Medio Ambiente aunque ahora el caso ha pasado a la Fiscalía Anticorrupción) contra los tres cargos públicos por presuntos delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

¿LOS colegios profesionales no deben ser independientes? Lara permite que los abogados de Porras, Pomares y Cardador, el letrado José Carlos Aguilera y el abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga (UMA) Antonio Caba, presenten en el Colegio de Abogados de la capital un dictamen jurídico que encargaron a una catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Almería (UAL), Carmen Senés, donde esta concluye que los concejales “no están imputados formalmente” (?). Fue el pasado 6 de marzo según se recoge en la página web de la institución (AQUÍ).

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, junto a los abogados José Carlos Aguilera y Antonio Caba. Imagen: La Opinión.

EN una rueda de prensa en la que Lara intervino junto con los letrados defensores de los ediles y Cardador, habló de “la necesidad de evitar la constante judicialización de la política” y subrayó que “por encima de todo es necesario preservar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos, ya que sobre ella se asientan los principios de cualquier estado social, democrático y de derecho”.

TRAS la reforma acometida con la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el término ‘imputado’ se sustituyó por ‘investigado’. Hasta ese entonces, en lo que se denomina fase inicial, en la instrucción del proceso (investigación), cuando el fiscal denunciaba a una persona por existir indicios de que presuntamente había cometido un delito, ya se empleaba el término ‘imputado’. Un término que se sustituyó por el de ‘investigado’.

EN las 16 páginas del documento que se presenta en la institución que dirige Lara la catedrática de Derecho Procesal Carmen Senés “analiza el auto del que resultan ‘investigados’ [antes imputados] los concejales Pomares y Porras, así como el gerente de Urbanismo, José Cardador, y su relación con el pacto suscrito por el PP y Cs en el que se comprometen a separar de las instituciones a los cargos públicos que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”. Pacto que rompió Cs el pasado 18 de febrero al conocerse la denuncia que practicó el fiscal contra Porras, Pomares y Cardador y tras plantear un ultimátum al alcalde De la Torre. Si no los cesaba como concejales, el pacto entre ambas formaciones se rompería, y así fue.

SEGÚN recoge la página web del Colegio de Abogados, “la autora considera que Pomares, Porras y Cardador no están imputados formalmente y, por tanto, no les serían de aplicación las medidas previstas en el acuerdo PP-Ciudadanos de separación de los cargos públicos o funciones públicas que representan”.

NO es hasta el penúltimo párrafo del comunicado elaborado por la institución cuando se indica que “los letrados Aguilera y Caba ejercen la defensa letrada de Pomares, Porras y Cardador en el procedimiento de diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Málaga, y han requerido la elaboración de este dictamen a la catedrática Carmen Senés Motilla”.

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