EL OBSERVADOR publica el borrador del proyecto de decreto Ley de medidas para la supuesta mejora de la actividad económica de Andalucía. En él la Junta aprovecha para modificar todas las leyes que le parecen bien, como ha hecho el consejero de Presidencia Bendodo con la que afecta a sus amigos

Las modificaciones a la ley son un atentado a la comunicación pública, que desaparece para dejar a las empresas privadas todo el control del espacio radioeléctrico andaluz. La COPE, que gestiona ilegalmente emisoras municipales públicas desde hace años, al entrar en vigor el cambio hecho en la Ley, serán legales

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), que heredó de Bendodo el cargo cuando se fue de consejero a Sevilla, no podrá ser acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos con el cambio en la Ley. Desde hace años, la radio pública de Rincón de la Victoria, de donde es alcalde, está en manos privadas ilegalmente

Las justificaciones que se dan en el borrador del decreto ley, y que se pueden leer en esta información, para modificar la Ley Audiovisual de Andalucía son una sarta de medias verdades, mentiras y lugares comunes engarzadas unas con otras de cualquier forma para justificar que se cambie una ley, la actual, que protege el espacio púbico andaluz, por otra en la que se le da gratuitamente al sector privado para que se lucre

11/03/20. Opinión. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, prometió solemnemente hace unas semanas en el Parlamento andaluz actuar contra las ilegalidades que se están cometiendo en materia radiofónica en toda Andalucía. Y lo ha hecho. Eso sí, en vez de perseguir y castigar a los infractores, ha modificado la Ley Audiovisual andaluza para darle cobijo legal...

...a todas las ilegalidades de su amigos. Ya pueden hacer lo que quieran. El pasado lunes, el consejo de Gobierno de la Junta y Bendodo aprobaron una serie de modificaciones de la ley audiovisual camufladas entre la serie de medidas que dicen haber aprobado para que la comunidad “mejore su economía”. En el caso de Bendodo podría especificarse para que “mejore la economía de sus amigos”. Según mantienen desde San Telmo, “la reforma legal incluye a prácticamente todo el Gobierno con el fin de mejorar la actividad productiva y simplificar la tramitación”.  Estas modificaciones de la ley afectan directamente al sector audiovisual, aunque no tenga nada que ver con la mejora de la actividad productiva de los andaluces, a no ser que se refiera muy concretamente a las actividades productivas de sus amigos. EL OBSERVADOR ofrece completo el borrador del proyecto AQUÍ y la parte específica dedicada al cambio de la ley audiovisual andaluza AQUÍ. Una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía este lunes día 9 de marzo, que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual. Precisamente, esta última medida repercute directamente en las emisoras y empresas de comunicación que esta revista viene señalando desde hace meses como infractoras de la ley, así como a ayuntamientos que, hasta este lunes, se están saltado la Ley en beneficio propio.


Como publicó esta revista hace unos días (AQUÍ), el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Tarragona declaraba ilegal ceder la “gestión íntegra” de una emisora municipal a empresas privadas, aunque sea “sometida a cierto control” (AQUÍ). Lo que dejaba en evidencia que Francisco Salado (PP), presidente de la Diputación de Málaga que heredó del consejero Bendodo, mantiene una emisora ilegal en el pueblo del que es alcalde, Rincón de la Victoria. Radio Victoria es municipal y la cedió a la empresa privada Grupo Mundo para que la explotara.

¿Qué sucede realmente con esta modificación? Según se detalla en la propia página web de la Junta de Andalucía (AQUÍ), “por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se ha llevado a cabo una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía, que responde a la necesidad de favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector de la comunicación audiovisual. Así, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local”.

¿Qué significa esto? Antes, ante una privatización de lo público por parte de los Ayuntamientos, éstos podían ser acusados de malversación de fondos y prevaricación. Ahora, de pronto, se van a ver perdonados por una medida que toma el gobierno andaluz, que viene a regularizar este delito. A partir de ahora cualquier Consistorio puede externalizar el servicio de su radio pública local, bien sea a un particular amante del mundo radiofónico o a un gran grupo mediático como pueda ser COPE o Atresmedia, por poner un ejemplo.

Pese a que hasta ahora esto fuese ilegal, son varios los ayuntamientos andaluces que se han saltado a la torera esta normativa y que ahora se verán amparados con la modificación de Bendodo. Según el trabajo de campo del Grupo de investigación Laboratorio.de Comunicación y Cultura COMandalucía de la Universidad de Málaga, el Partido Popular tiene externalizadas actualmente 14 emisoras públicas locales; el PSOE 14 radios; y una emisora un partido de carácter municipal. “En general, casi una treintena de ayuntamientos no solo externalizan la gestión de sus radios públicas locales, lo hacen también a través de su programación. Este es el caso de Radio Estepona (107.2 FM) en Málaga, donde la mayor parte de la franja horaria corresponde a Cadena COPE”, ofreciendo “más de la mitad de sus contenidos provenientes de la parrilla de dicha cadena” (AQUÍ).


Tal y como se detalla en este estudio anteriormente mencionado, en conjunto, de las 27 emisoras privatizadas en toda la comunidad autónoma andaluza, “25 lo son debido a la cesión de la gestión y dos por vulneración de sus compromisos de programación al conectar con cadenas privadas o externalizar parte de su programación”. Es decir, se ha regulado a beneficio de ellos y no de la ciudadanía, quien verá mermado su derecho a tener información local a través de la radio pública de su barriada o municipio.

El mapa audiovisual andaluz tiene concedida más de 300 licencias a ayuntamientos, tal y como señala el grupo de trabajo de la UMA, de las cuales, conforme a Ley, no están operativas más de 116, o bien han sido externalizadas. Por lo que ahora el sector privado tendría acceso a estas 300 licencias públicas, que se suman a las 200 concedidas a empresas privadas. Además, cabe señalar que serán los propios consistorios quienes cedan este espacio radioeléctrico a las empresas o particulares que ellos decidan, rompiendo una política pública.

Por lo que si no le son rentables, terminarán aniquilando las únicas emisoras que estaban trabajando el territorio local. Desde COMandalucía, tienen detectadas más de 600 colectivos sin ánimo de lucro y 2.000 voluntarios que desempeñan una labor fundamental en cuanto a la información municipal, a los que ahora les podrán negar la palabra, desperdiciándose la cultura que se gesta en estas radios públicas locales. Así que quien termina perdiendo es la ciudadanía, porque donde antes había medios pensando para el bien común, ahora estarán los que piensan en el bien privado.

Además, esta modificación también recoge que “se elimina la exigencia de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial”, por lo que se podría trasladar el estudio radiofónico a otro municipio o simplemente no tenerlo, lo que facilita que se esté conectado con las emisoras centrales de Madrid las 24 horas para emitir la programación nacional en detrimento de la local como hasta ahora se exigía. Con una total falta de vergüenza hacia la ciudadanía que carecerá totálmente de una referencia local, Bendodo hará desaparecer la radio local de los vecinos.

Bendodo también elimina con esta ley “la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación que no dispongan del correspondiente título habilitante”. Esto quiere decir que Bendodo legaliza la publicidad incluida la institucional de la propia Junta, emitida a través de las emisoras piratas, que son las que no tienen ‘título hablitante’ o licencia para emitir. Algo asombroso. Legalizar la difusión de material publicitario pagado con dinero público por soportes piratas.

¿Qué pasos vienen ahora? Esta modificación ahora va al Parlamento, después a las Comisiones Parlamentarias y, por último, al Pleno, donde se deberá votar y donde hay mayoría por parte del Gobierno de coalición. Cabría la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional ya que pisa la Ley Audiovisual de 2010, en la que se defiende que los medios públicos deben garantizar el servicio público. Si se privatiza como pretenden hacer en Andalucía, se deja de prestar este servicio. Por lo que esta modificación se puede calificar de anticonstitucional.

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