La modificación aún debe ser aprobada en Pleno pero tienen mayoría si Ciudadanos y Vox la respaldan. “Lo hacen a través de un Decreto Ley para evitar enmiendas de los parlamentarios”, critica Francisco Conejo del PSOE

Ismael Sánchez de AA tilda de “despropósito” que Bendodo “haya usado la sede parlamentaria para informar de que se iba a cumplir la Ley cuando, realmente, estaba trabajando para modificar la misma y favorecer a estos grupos de comunicación que venimos denunciando”

La Junta, en una explicación pillada por los pelos, dice que esta alteración de la normativa “responde a la necesidad de favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector de la comunicación audiovisual. Así, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local”, cuando lo que se querido proteger siempre es que los ‘medios públicos’ estén en ‘manos públicas’

12/03/20. Opinión. Desde hace un par de meses, esta revista y el locutor José Antonio Abellán vienen denunciando las irregularidades que el Grupo COPE está cometiendo en Andalucía. Desde emisoras ilegales (AQUÍ), hasta el incumplimiento del convenio que tienen con la Junta en el que se establece la plantilla que debe haber en cada una de estas (AQUÍ). Además, cabe recordar que la directora general...

...de Comunicación de la Junta de Andalucía, Marta Olea, emitió una carta oficial a Abellán en la que aseguraba que se habían cerrado emisoras ilegales de la COPE, pero tras varias comprobaciones por parte del comunicador y de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, estas emisoras continuaban emitiendo (AQUÍ). Es por ello que tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía decidieron llevar el caso a sede parlamentaria, primero a Pleno (AQUÍ) y luego a la Comisión de Presidencia (AQUÍ).

Precisamente, en la Comisión, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, prometió actuar contra las ilegalidades que se estaban cometiendo en materia radiofónica en todo el territorio andaluz. Y tanto que lo ha hecho. Eso sí, en vez de perseguir y castigar a los infractores, ha modificado la Ley Audiovisual para que sean legales y campen a sus anchas. Como siempre, a costa de la ciudadanía y del servicio público de estas emisoras. Este lunes, el Gobierno autonómico ha lanzado 27 supuestas normas y cien medidas de “mejora para favorecer la economía”. Según mantienen desde San Telmo, “la reforma legal incluye a prácticamente todo el Gobierno con el fin de mejorar la actividad productiva y simplificar la tramitación”. Una de estas modificaciones afecta directamente al sector audiovisual. Bendodo la promueve y tiene como destinatarios sus amigos.

Un decreto que no ha sentado nada bien a nadei del mundo de la comunicación y mucho menos a otras formaciones políticas como PSOE-A o Adelante Andalucía, quienes han expresado a esta revista su descontento con las formas y el contenido de este “decretazo” del gobierno de las derechas andaluzas, con el que, según palabras del socialista Francisco Conejo, “dentro de las modificaciones legales planteadas han incluido cuestiones de calado que no tienen nada que ver con la agilización de trámites de la Administración”, como la propia Junta de Andalucía aseguraba (AQUÍ).


“Con la excusa de agilizar los trámites de la administración, el gobierno de las derechas en Andalucía quiere modificar 27 normas (21 leyes y 6 decreto) sin diálogo ni con los sectores afectados ni con la oposición”, critica Conejo, quien pide al presidente, Juanma Moreno, que “retire este nuevo decretazo y lo consensúe de verdad”, porque es “su obligación”. “Quieren aprobar por la puerta de atrás modificaciones sustanciales de leyes como la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía”, señala a esta revista el parlamentario socialista, que recuerda que esta Ley fue “impulsada por el anterior gobierno socialista, consensuada con el sector audiovisual y con la participación de los grupos parlamentarios del momento, que vino a impulsar y regular el sector audiovisual de Andalucía”.

Este decreto dado a conocer y que se aprobará en cuanto se pueda, entra de lleno en esa la Ley Audiovisual (AQUÍ), proponiendo una modificación que supuestamente “responde a la necesidad de favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector de la comunicación audiovisual. Así, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local”, es decir, que ahora los ayuntamientos se van a ver perdonados por una medida que toma la Junta, que viene a regularizar lo que era un delito hasta ahora. Dar a un privado una radio municipal. Si esto sale adelante, cualquier Consistorio puede externalizar el servicio de su radio pública local, bien sea a un particular amante del mundo radiofónico o a un gran grupo mediático como pueda ser COPE o Atresmedia, por poner un ejemplo.

“Estos años se ha defendido en Andalucía y en el sector audiovisual la diferenciación medios públicos y privados y se defendía que los públicos tuviesen una gestión directa por las administraciones, que no se pudiesen privatizar y permitir que una empresa privada gestionara uno de ellos, ya que este debe dar un servicio al ciudadano”, ha recordado Conejo, quien explica que ahora “el Gobierno lo que hace es permitir que se pueda hacer una gestión indirecta y que se pueda privatizar las licencias de radio municipales”. “También van a abrir la posibilidad de que puedan emitir contenido de emisoras nacionales, por lo que se prescindiría de la información local que es lo que la ciudadanos deberían tener. ¿Qué sentido tiene que un Ayuntamiento tenga una emisora de ámbito nacional? Finalmente, estas emisoras en manos privadas tiene un ánimo de lucro, tienen línea editorial y publicidad. No garantizan un servicio público ni pluralidad”.

Por otro lado, “el Gobierno andaluz quiere amparar que se pueda realizar publicidad en emisoras sin título habilitante [sin licencia, ilegales], amparando las irregulares que se venían produciendo. Eso no es agilizar trámites administrativos, sino amparar. Las modificaciones que se están planteando en este decreto es de un cambio radical en la Ley Audiovisual, es cambiar el fondo de la Ley y el modelo del sector audiovisual”. Por lo que los socialistas entienden que “están cambiando radicalmente la legislación andaluza donde tienen intereses, defendiendo los intereses de unos pocos en detrimento del interés general de los andaluces. Lo vemos con otras leyes también. Son reformas claramente ideológicas”.

Desde Adelante Andalucía se han quedado “asombrados” pues cuando Bendodo habló de “hacer cumplir la ley a rajatabla, entendíamos que pretendía dar cumplimiento a la Ley Audiovisual, que es reciente. Sin embargo cuando hablaba de eso se refería a modificar la Ley para seguir beneficiando a sus amigos. Nos parece absolutamente intolerable, una tomadura de pelo”, critica el parlamentario Ismael Sánchez, que califica que este último movimiento de la Junta se ha llevado a cabo con “oscurantismo, nocturnidad, alevosía, sin nada de transparencia y sin contar con la participación de nadie, nada más que una parte del sector privado”.


“A nosotros esto nos parece muy grave, lo que se tendría que haber hecho es desarrollar la Ley Audiovisual y no una modificación. Ha sido vendida para mejorar trámites burocráticos pero, en el fondo, esta reforma viene a convertir la Ley Audiovisual en un claro ejemplo de que se viene a favorecer a personas o a grupos que tienen muy buena relación con el Gobierno” denuncia Sánchez, quien reconoce que “se ha hecho todo lo contrario” a lo que esperaban tras las declaraciones de Bendodo en el Pleno y en el Consejo de Presidencia, al final han optado por dar “soporte legal, no solo para que puedan seguir actuando, sino ir mucho más allá”.

Desde Adelante Andalucía han puesto en manos de su gabinete jurídico el caso, para así tomar “las medidas necesarias en base a los informes jurídicos que nos aporten los letrados. Entendemos que es, cuanto menos, extraño el método que han seguido. Deprisa y a la carrera”, ha señalado Sánchez. Mientras que el PSOE está a la espera de que se publique en el BOJA el decreto para “leer la letra pequeña” y empezar a tomar las medidas oportunas, porque, por el momento, “el Gobierno no nos ha facilitado el decreto ni conocemos ningún informe que avale la legalidad de este”.

Eso sí, Conejo ha denunciado que el Gobierno andaluz haya presentado la modificación a través de un Decreto Ley, un método empleado para “motivos de urgencia”, ya que el trámite que se debería haber seguido requiere de la participación del Parlamento, donde se podrían añadir enmiendas a la proposición de ley, así como se tendría que ofrecer un plazo para que la ciudadanía fuese partícipe. ¿Quién avala la urgencia para hacerlo por un Decreto Ley? La única justificación es que quieren evitar esa participación, evitar esos informes y hacer las modificaciones con la menor participación posible. Evitar el control”.

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