Tanto el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) como el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía emiten dos comunicados muy duros contra el deseo de Bendodo de repartir las emisoras y televisiones públicas entre amigos y empresas privadas

El sindicato: “El decretazo del Gobierno andaluz sobre el audiovisual provocará un grave deterioro del sistema local de medios públicos. Traerá al audiovisual local andaluz negocio privado, desregulación y piratería, a costa de desprofesionalización y precariedad”

El Colegio: “La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta por el gobierno andaluz pone en peligro los cimientos de la información como servicio público”. “El Colegio de Periodista de Andalucía, a la espera de conocer el texto definitivo, confía en que el Ejecutivo dé marcha atrás en estas pretensiones que lejos de favorecer al sector lo debilita y precariza aún más”

El sindicato y el Colegio también se oponen a la intención del consejero de que cualquiera pueda montar una emisora dónde quiera y como quiera y emitir lo que le dé la gana, para lo que suprime en la nueva ley todas las medidas de control que existen en la actual Ley Audiovisual. Bendodo acepta hasta las emisoras piratas y ve bien que emitan publicidad institucional

13/03/20. Opinión. El mundo de la comunicación de Andalucía se encuentra en pie de guerra contra el proyecto del consejero de Presidencia Elías Bendodo de cambiar a dedo, por decreto Ley, la Ley Audiovisual de Andalucía para favorecer a sus amigos y a las empresas privadas suprimiendo los controles existentes en la actual norma en vigor. Con la excusa de las 100 medidas para imprimir...

...más ritmo a la economía andaluza, que la Junta va a aprobar en breve en el Parlamento con su mayoría absoluta, los diferentes partidos que componen el gobierno andaluz han ‘metido’ en ese ‘decretazo’ que van a aprobar sin pasar por ninguna discusión en comisión, los cambios en las leyes en vigor que a cada consejero le vienen bien para el objetivo político que deseen. Al de presidencia, Elías Bendodo, le viene bien suprimir todos los controles que actualmente están en vigor en la Ley Audivisual andaluza para poder entregar a sí las emisoras municipales a sus amigos privados de la cadena COPE y de otros grupos de comunicación como el Grupo Mundo en Málaga. Informa EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

Desde hace un par de meses, esta revista y el locutor José Antonio Abellán vienen denunciando las irregularidades que el Grupo COPE está cometiendo en Andalucía. Desde emisoras ilegales (AQUÍ), hasta el incumplimiento del convenio que tienen con la Junta en el que se establece la plantilla que debe haber en cada una de estas (AQUÍ). Además, cabe recordar que la directora general de Comunicación de la Junta de Andalucía, Marta Olea, emitió una carta oficial a Abellán en la que aseguraba que se habían cerrado emisoras ilegales de la COPE, pero tras varias comprobaciones por parte del comunicador y de EL OBSERVADOR estas emisoras continuaban emitiendo (AQUÍ). Es por ello que tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía decidieron llevar el caso a sede parlamentaria, primero a Pleno (AQUÍ) y luego a la Comisión de Presidencia (AQUÍ).

Precisamente, en la Comisión, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, prometió actuar contra las ilegalidades que se estaban cometiendo en materia radiofónica en todo el territorio andaluz. Y tanto que lo ha hecho. Eso sí, en vez de perseguir y castigar a los infractores, ha modificado la Ley Audiovisual para que sean legales y campen a sus anchas. Como siempre, a costa de la ciudadanía y del servicio público de estas emisoras. Este lunes, el Gobierno autonómico ha lanzado 27 supuestas normas y cien medidas de “mejora para favorecer la economía”. Según mantienen desde San Telmo, “la reforma legal incluye a prácticamente todo el Gobierno con el fin de mejorar la actividad productiva y simplificar la tramitación”. Una de estas modificaciones afecta directamente al sector audiovisual. Bendodo la promueve y tiene como destinatarios sus amigos.

Comunicados del Sindicato de Periodistas de Andalucía y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía

Tanto el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) como el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía han emitido dos comunicados muy duros contra este deseo de Bendodo de repartir las emisoras y televisiones públicas entre amigos y grandes empresas y contra su intención de que cualquiera pueda montar una emisora y emitir lo que le dé la gana, para lo que suprime en la nueva ley las medidas de control que hay en la actual Ley Audiovisual

El sindicato resume: “El decretazo del Gobierno andaluz sobre el audiovisual provocará un grave deterioro del sistema local de medios públicos. Traerá al audiovisual local andaluz negocio privado, desregulación  y piratería, a costa de desprofesionalización y precariedad”. El Colegio también: “La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta por el gobierno andaluz pone en peligro los cimientos de la información como servicio público”

A continuación pueden leerse los dos comunicados. El primero es el del Sindicato de Periodistas de Andalucía

El decretazo del Gobierno andaluz sobre el audiovisual provocará un grave deterioro del sistema local de medios público

Traerá al audiovisual local andaluz negocio privado, desregulación y piratería, a costa de desprofesionalización y precariedad

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) quiere llamar la atención sobre las graves consecuencias que para el servicio público de comunicación local supondrá el anunciado Decreto Ley de Mejora de la Actividad Productiva, y que supondrá la modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía en aspectos básicos. Un decreto que permitirá la privatización de las emisoras locales públicas, dará alas a la piratería en las ondas y traerá desprofesionalización y precariedad al sector, privando a la ciudadanía del acceso a unos medios de comunicación que ahora son de todos.
 

Privatización y concentración de medios

En primer lugar, la privatización de la gestión de las emisoras municipales supondrá convertir en negocio privado algo que ahora es de todos, privando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales de uno de los pocos espacios de que ahora dispone para la participación.

Por otro lado, la eliminación de la exigencia de tener estudios operativos en el ámbito territorial abre la puerta a que cualquier emisor, desde cualquier punto de la geografía, pueda utilizar la frecuencia de la radio municipal, aún sin tener estudios ni personal trabajando en el municipio y permitirá utilizar las frecuencias como meros repetidores de señal. Esto va claramente en detrimento del empleo y los contenidos locales.
 
Degradación del Consejo Audiovisual de Andalucía

El decreto anunciado por el Gobierno andaluz  prevé asimismo reducir el papel (prescindiendo de sus informes para determinados asuntos) del Consejo Audiovisual de Andalucía, que tiene entre sus objetivos la ordenación del sistema, garantizar la libre concurrencia y evitar la concentración de medios. El Consejo Audiovisual de Andalucía es uno de los dos que existen en España, junto con el de Cataluña, y viene siendo ejemplar en sus actuaciones. España carece de Consejo Audiovisual estatal, lo cual es una anomalía en Europa.
 
Emisiones ilegales y piratería

Uno de los aspectos más sangrantes de este anunciado decreto es la autorización a las empresas para que puedan emitir publicidad  en las emisoras aunque éstas no tengan título habilitante. Esto es, hablando en plata, abrir al puerta a la consolidación de las emisiones piratas. Algo poco edificante partiendo de una administración pública.

Esto al margen de otras cuestiones que plantea como la posibilidad del "negocio jurídico", es decir la compraventa de licencias privadas, que han sido concedidas mediante concesión administrativa. En línea contraria a lo que sería deseable: que quien no vaya a llevar a cabo el proyecto que le han concedido lo devuelva para que vuelva a salir a concurso público.
 
Concentración de medios

Todo ello, en suma, viene a contribuir a la concentración de medios en pocos operadores, en detrimento de la información local. También perjudicará a la ciudadanía, que verá restringido su derecho a la participación y la elaboración de contenidos informativos. Se somete así el servicio público de información a las pautas del mercado, bajo el criterio prioritario del beneficio económico.
Según datos de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía (EMA), de las más de 300 concesiones municipales que la Junta de Andalucía tiene otorgadas en la actualidad, 123 están operativas y 171 cerradas y 29 en situación de ilegalidad. Según el Laboratorio de Comunicación y Cultura (ComAndalucía) de la Universidad de Málaga, en el territorio andaluz hay 216 frecuencias comerciales: el 50% está en manos de PRISA, el 17,5 pertenece a COPE y el 18,5 a Atresmedia.
Dado el panorama actual y puestos a modificar la ley, habría sido deseable que se hiciera para potenciar la independencia profesional mediante consejos profesionales, y para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
 
PP y Ciudadanos contradicen lo que aprobaron hace un año

Un decreto ley así era de esperar de Vox, pero no del Partido Popular y de Ciudadanos, que hace poco más de un año aprobaron por unanimidad con el acuerdo de todos los grupos políticos la Ley Audiovisual de Andalucía, situando a nuestra Comunidad a la vanguardia legislativa de España en la materia. Ley que además fue elaborada en un largo proceso de cuatro años con la participación de medio centenar de entidades del tejido social andaluz, entre ellas el SPA. Un trabajo que ahora se pretende eliminar en gran parte de un plumazo, sin consultar y por vía de urgencia mediante decreto ley. Desde el SPA pedimos a ambos partidos de gobierno que recapaciten y den marcha atrás en este proyecto que consideramos negativo para Andalucía.

La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta por el gobierno andaluz pone en peligro los cimientos de la información como servicio público

A continuación puede leerse el comunicado del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. También se puede leer la información en su soporte original, en la web del Colegio AQUÍ.

La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta por el gobierno andaluz pone en peligro los cimientos de la información como servicio público

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía exige al gobierno andaluz diálogo para abordar la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía tras haber tenido acceso al borrador del decreto-ley “de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía” aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes; un texto en el que, junto a otras normas, se incorporan, sin consulta alguna, modificaciones de gran calado tanto en la vigente Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía como en la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.


De manera concreta, el ejecutivo andaluz pretende eliminar de un plumazo elementos claves de la Ley Audiovisual con la que se pretendían garantizar un servicio público audiovisual de calidad para toda la ciudadanía, especialmente en el ámbito local, con la excusa de favorecer la actividad económica del sector y despejar las supuestas trabas burocráticas. Así, prevé eliminar “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley”. Esta reforma, además de tener un difícil encaje en el artículo 210.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, permitirá a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público que ya no habrá de ser de gestión directa, para el que se les ha otorgado una concesión. Desde el Colegio Profesional de Periodistas entendemos que esta medida vendrá a precarizar aún más el sector al desentenderse la administración local de la observación de criterios básicos para la prestación del servicio como la profesionalización de los mismos, especialmente los contenidos informativos, y el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas. Sobre todo porque según justifica el propio gobierno en el texto, “de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica”, lo que nos lleva a pensar en el empeoramiento de las condiciones en que vaya a prestar el servicio tanto en calidad como en condiciones de trabajo. Igualmente, las corporaciones locales evitarán el control de la administración al no tener que renovar la concesión y demostrar el cumplimiento de los requisitos de forma periódica con lo que podría darse el caso de mantener un servicio sin por ejemplo estar al corriente del pago de nóminas u otras obligaciones en materia de seguridad y empleo, circunstancias que incluso con explotaciones directas como las actuales se han producido en determinados municipios. Además, la reforma pretende que pueda ahora nuevamente contratar publicidad con emisoras “piratas” o sin licencia. Que un gobierno favorezca la economía irregular y el trabajo al margen de la norma no puede responder a ningún principio de flexibilidad de mercado y podría asemejarse a permitir que un centro sanitario o una farmacia operase sin la correspondiente autorización administrativa, generando además situaciones de competencia desleal entre quienes cumplen la ley y quienes no. Consideramos igualmente que, a falta de conocer el texto definitivo de la ley, el decreto podría ser contrario a derecho toda vez que incluso hay sentencias (SJCA 416/2019) que condenan la cesión íntegra de la gestión de una emisora municipal por entender que la “concesión del espectro radioelectrónico es un bien intransmisible que solo puede ser gestionado directamente”. En cualquier caso, esta medida hará mucho más difícil la lucha contra la ocupación del dominio público radioeléctrico y las emisiones ilegales.

Fin al proyecto del Estatuto de la Información

Siguiendo con las reformas, el Gobierno ni siquiera va a permitir la posibilidad de debatir sobre el Estatuto de la Información que la vigente Ley de Audiovisual recogía para su desarrollo en la disposición adicional cuarta y con el que se pretendía dotar a los profesionales de la información de un marco de garantías y seguridad adicionales a semejanza del Estatuto del artista para quien el Partido Popular sí consideró adecuada su regulación. Amparándose en una supuesta contradicción con las tendencias europeas y nacionales, sin mayores argumentos o datos que respalden este motivo, el proyecto cierra el camino a cualquier posibilidad de desarrollo de este Estatuto con el que se pretendía, entre otras cosas, describir la figura del “informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador” con la participación de los colegios profesionales representantes de tales sujetos. Una vez más se demuestra la falta de interés por dar independencia a los profesionales de la información frente a las numerosísimas injerencias que se producen en la actualidad y el permanente intrusismo que padece el sector, dejando libertad a quienes día a día amenazan el derecho a la información de la ciudadanía presionando y conculcando el ejercicio profesional del periodismo, vetando a periodistas, insultando y agrediendo de forma verbal a los y las informadores, y dejando en definitiva mayor margen a la censura y a la presión sobre los profesionales de la información.

Favorecer no es lo mismo que garantizar

Continuando con los cambios que se pretenden introducir, el decreto ley pretende eliminar también la garantía de realización de los espacios informativos en los medios locales por profesionales de la información. El sutil cambio de la palabra “garantizar” por “favorecer” no hace sino contribuir a la desprofesionalización de un servicio público esencial para una comunidad como es el acceso a una información que cumpla con los criterios básicos del periodismo, fomentando nuevamente el intrusismo y dejando al albur de los intereses de cada corporación y su línea política de cada momento la gestión de un servicio básico para el desarrollo de una sociedad libre y democrática.

El pluralismo externo y la libre concurrencia se resienten

Desde que la Ley de la televisión privada quedó derogada en 2010, la normativa estatal no establece limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores locales de radio y televisión, dejando abierta de algún modo la posibilidad de que una sola persona posea todas las licencias de televisión en Andalucía. Este vacío normativo, además de no garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una comunicación audiovisual plural y de favorecer situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, entre otras cosas empobrece la información, obstaculiza el fomento del sector audiovisual y la promoción de las singularidades y tradiciones locales.

Amparándose en este vacío normativo, el decreto-ley modifica algunas funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía en lo que respecta a la emisión de informes preceptivos. Consideramos que desregular e ir vaciando paulatinamente de contenido las competencias de esta institución de autogobierno no es la manera de garantizar el pluralismo externo y la libre concurrencia. La fórmula debería ser precisamente la contraria: dotar de mayores competencias a un organismo regulador independiente que vele por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.

El Colegio de Periodista de Andalucía, a la espera de conocer el texto definitivo, confía en que el Ejecutivo dé marcha atrás en estas pretensiones que lejos de favorecer al sector lo debilita y precariza aún más y queda a disposición de los impulsores para facilitar cambios que conduzcan al incremento de la calidad de la información y el refuerzo de los servicios públicos de comunicación audiovisual en Andalucía.