Desde La Marea, El Salto, InfoLibre, CTXT y Carne Cruda entienden que “no puede ser que se haya convertido una herramienta democrática, que es la información a la ciudadanía, en una forma de control, o de favorecimiento de ciertas ideologías”

01/06/23. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La semana pasada cinco medios de comunicación con sede en Madrid, La Marea, El Salto, InfoLibre, CTXT y Carne Cruda, denunciaron públicamente la discriminación que están cometiendo José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, en...

...el reparto de la publicidad institucional. La idea se les ocurrió, tal y como han confirmado a esta revista, tras leer la noticia sobre las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenan al Ayuntamiento y a la Diputación de Málaga a indemnizar a EL OBSERVADOR por discriminación en el reparto de la publicidad institucional (AQUÍ).

El TSJA se ha mostrado muy claro en las sentencias que condenan a ambas administraciones, el reparto de publicidad institucional debe ser equitativo, transparente e igualitario, evitando conductas discriminatorias y garantizando la libertad e independencia de los medios de comunicación. El Tribunal asegura que la administración pública debe actuar con objetividad y cumplir con la legalidad en sus decisiones, evitando la arbitrariedad.

Sin embargo parece que los dirigentes del Partido Popular, que gobiernan tanto en Málaga como en Madrid, no están de acuerdo y prefieren decidir por ellos mismos qué medios merecen recibir su dinero, olvidando que es dinero de los contribuyentes y que no se puede excluir a un medio de comunicación del reparto de publicidad institucional, ya que esto afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad, según ha sentenciado del TSJA.

De esta manera, tras estas históricas sentencias que han condenado tanto al Ayuntamiento de Málaga como a la Diputación Provincial a indemnizar a esta revista, otros medios de comunicación que están en la misma situación que EL OBSERVADOR se están animando a denunciar a las administraciones públicas que los ignoran en el reparto de publicidad institucional.

Los primeros han sido cinco medios cuya sede está en Madrid, La Marea, El Salto, InfoLibre, CTXT y Carne Cruda, y que han visto como durante las legislaturas de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, ambos del Partido Popular, no han recibido ni un solo euro de publicidad institucional.


EL OBSERVADOR ha hablado con Daniel Domínguez, subdirector de La Marea, y Yago Álvarez, coordinador de Economía de El Salto, que explican que “llevamos años denunciando públicamente como, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, insertan publicidad institucional en medios que tienen poca audiencia, mucha menos que nosotros, o en medios que si tienen una audiencia respetable pero a los que les dan una cantidad desproporcionada de dinero”.

Lo que no se les había ocurrido era denunciar a la administración por discriminación en el reparto de la publicidad. “La idea surgió un día hablando con Dani”, confirma Álvarez, “hacía un par de días que había salido vuestra noticia, y nosotros estamos en la misma situación, nunca nos han puesto publicidad institucional ni del Ayuntamiento Madrid ni de la Comunidad”.

Lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con un abogado, que les ha recomendado hacer pública la situación, “a ver si las asociaciones y colectivos de periodistas nos apoyan”, algo que ya han hecho desde el Sindicato de Periodistas de Madrid.

A continuación piensan presentar sendos requerimientos de cesación de la actuación en vía de hecho en las dos administraciones, para que retomen la neutralidad en su actuación. “Y ya depende de lo que nos respondan. Pero si siguen discriminándonos los denunciaremos igual que habéis hecho vosotros”, aseguran.

Tanto Domínguez como Álvarez tienen claro que el reparto de publicidad institucional no es un arma que puedan usar los políticos para controlar a los medios de comunicación, y hacen suyas las palabras de Javier Gallego, de Carne Cruda: “No puede ser que se haya convertido una herramienta democrática, que es la información a la ciudadanía, en una forma de control, o de favorecimiento de ciertas ideologías”.

La historia

En una carta que han remitido cinco medios madrileños a la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE), a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y al Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) para que se posicionen, denuncian “lo que consideramos un atropello y un atentado a la pluralidad que viola tanto la Constitución como la Ley de Publicidad Institucional”.

Así, desde La Marea, El Salto, CTXT, InfoLibre y Carne Cruda exigen “a las dos principales administraciones madrileñas una gestión del dinero público que atienda a criterios de equidad y neutralidad frente a la actual arbitrariedad” (AQUÍ), ya que entienden que están sufriendo “discriminación ideológica, un uso arbitrario de la publicidad institucional y del dinero público por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid”

Estos medios lamentan que “a pesar del incremento en las partidas de gasto en publicidad institucional acometido por ambas administraciones en los últimos años, nuestros medios han sido totalmente apartados, en lo que denunciamos que es una discriminación ideológica por parte del Partido Popular a aquellos medios críticos con su gestión y molestos para sus intereses”.

Y es que aseguran que desde que comenzó la legislatura “no han recibido ni una sola inserción publicitaria por parte de estas dos administraciones a pesar de tener su sede en la región y de contar con una larga trayectoria y un considerable impacto, visitas diarias y tirada”.

Además mantienen que “el gobierno local de José Luis Martínez Almeida y el autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso han favorecido económicamente a medios de comunicación con similares audiencias y líneas editoriales afines al Partido Popular.


Asimismo, ambas administraciones reparten a dedo el presupuesto publicitario entre medios absolutamente minoritarios que, en ciertos casos, ni siquiera cuentan con presencia en redes sociales, redacción, trabajadores…”.

En la carta incluso se nombra a cuatro medios de similar o menor relevancia pero que si han recibido dinero de las administraciones gobernadas por el PP. “Cuatro de los casos que demuestran la utilización caprichosa, ideológica y totalmente discriminatoria de los recursos públicos por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para beneficiar a ciertos medios mientras se castiga a otros considerados críticos con ambas administraciones y el partido que las gobierna”, afirman.

De esta manera, para los cinco medios “queda evidenciado que ambas administraciones del Partido Popular utilizan las instituciones y la partida de publicidad institucional de manera arbitraria e ideológica, en la que los medios firmantes de esta carta son claramente excluidos y discriminados”.

Los medios presentarán en los próximos días “ante las dos administraciones sendos requerimientos de cesación de la actuación en «vía de hecho» señalando la discriminación en la adjudicación de la publicidad institucional, instándoles a contratar campañas con los cinco medios como corresponde a su acreditada audiencia y alcance como medios de información, y para que retomen la neutralidad en su actuación”.

En caso “de no recibir una contestación satisfactoria y de no cesar la discriminación que llevamos años sufriendo, El Salto, La Marea, Infolibre, CTXT y Carne Cruda llevarán a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a los tribunales”, aseguran.

El precedente de EL OBSERVADOR

Recordamos que en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor de EL OBSERVADOR, y que condenan al Ayuntamiento y a la Diputación de Málaga (AQUÍ), se pone de manifiesto que ambas instituciones hacen un “uso abusivo de la contratación menor para adjudicar la publicidad institucional”, repartiendo el dinero entre los medios de comunicación que ellos estiman e ignorando a aquellos que son críticos con su gestión. Para el tribunal es "la línea editorial de opinión de la revista EL OBSERVADOR la que ha llevado a su discriminación".


Los máximos responsables de la discriminación publicitaria sufrida por EL OBSERVADOR son, por un lado el alcalde Francisco de la Torre y su director general de Comunicación, Jesús Espino. Por parte de la Diputación la discriminación comienza cuando era presidente Elías Bendodo (número 3 del PP a nivel nacional en la actualidad), y Marta Olea era directora de Comunicación de la Diputación (actualmente es directora general de Comunicación de la Junta), y continúa ahora con Francisco Salado como presidente y Javier Gómez Rueda como director general de Comunicación.

La denuncia

Desde que empezó a editarse esta revista hace más de 35 años nunca ha recibido publicidad institucional por parte del Ayuntamiento o de la Diputación de Málaga del Partido Popular. En el año 2017 EL OBSERVADOR presentó sendas denuncias contra ambas administraciones por discriminación, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sentencia por partida doble que no se puede excluir a un medio de comunicación del reparto de publicidad institucional, ya que esto afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad.


Para el Tribunal, este reparto de publicidad institucional debe ser equitativo, transparente e igualitario, evitando conductas discriminatorias y garantizando la libertad e independencia de los medios de comunicación. El Tribunal asegura que la administración pública debe actuar con objetividad y cumplir con la legalidad en sus decisiones, evitando la arbitrariedad.

Estas sentencias señalan que la vulneración de los criterios de transparencia, igualdad, objetividad, publicidad y libre concurrencia en el reparto de esta publicidad “pone en peligro la independencia e incluso la supervivencia de los medios de comunicación social”, y van a poder utilizarse por parte de otros medios de comunicación nacionales que se sientan discriminados por las administraciones públicas, para que inicien acciones legales con el fin de reclamar sus derechos a la información, a la igualdad y a la no discriminación en la asignación de publicidad.

Sentencia Ayuntamiento

EL OBSERVADOR denunció al Ayuntamiento de Málaga en el año 2017 por la discriminación sufrida durante 35 años al no haber recibido publicidad institucional y, tras varias sentencias y recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia nº 5913/2022 de 22 de diciembre (AQUÍ), ha condenado al consistorio que dirige Francisco de la Torre a cesar en sus prácticas discriminatorias, “así como a indemnizar a la recurrente por los daños y perjuicios ocasionados por tal conducta”, además de la imposición de las costas de primera instancia.


En la sentencia se destaca que la asignación de publicidad institucional debe ser equitativa, transparente e igualitaria, evitando conductas discriminatorias y garantizando la libertad e independencia de los medios de comunicación, indicando que la administración pública debe actuar con objetividad y cumplir con la legalidad en sus decisiones, evitando la arbitrariedad.

También se indica en el fallo que existe una Ley en Andalucía que regula la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas y que establece principios como la libre concurrencia, transparencia, eficacia y rentabilidad en la asignación de recursos económicos en la contratación de publicidad institucional.

Según el Tribunal, el Ayuntamiento ha utilizado sistemáticamente la contratación menor, sin permitir la participación de otros contratistas y sin proporcionar información adecuada, lo que ha afectado directamente a EL OBSERVADOR al excluirlos de la contratación de publicidad institucional. En el dictamen se confirma que no se ha seguido un procedimiento de libre concurrencia y que no se ha demostrado la existencia de motivos razonables para excluir a esta revista de la adjudicación de dichos contratos.


La sentencia sostiene que la discrecionalidad de ciertas decisiones administrativas no excusan al consistorio malagueño de demostrar que sus decisiones son legítimas y no contrarias a los derechos fundamentales, mencionando que las actuaciones de exclusión sistemática de EL OBSERVADOR constituyen una "vía de hecho" que vulnera principios constitucionales como igualdad, no discriminación, derecho a la información y transparencia, cuando la Administración debe actuar con objetividad y plena sumisión a la legalidad, sin arbitrariedad.

Sentencia Diputación

Por su parte EL OBSERVADOR denunció también a la Diputación de Málaga en el año 2017 por el mismo motivo que al Ayuntamiento de la ciudad, por no haberle ni siquiera tenido en cuenta a la hora de repartir la publicidad institucional. La última sentencia emitida por el TSJA, número 5247/2022 (AQUÍ), declara constitutiva de vía de hecho la actuación de la Diputación y se le condena a cesar en la discriminación y a indemnizar a esta revista. También se le imponen las costas de primera instancia a la institución.


En la sentencia se recuerda que la publicidad institucional es una forma de comunicación pública entre los poderes públicos y los ciudadanos a través de los medios de comunicación, y por lo tanto, está sujeta a principios constitucionales como la igualdad, la no discriminación, la transparencia y la libertad de los medios de comunicación.

Así, según el dictamen, la Administración pública debe actuar con objetividad, sumisión a la legalidad y sin arbitrariedad en la asignación de publicidad institucional, y una eventual vulneración del principio de igualdad o de prohibición de discriminación por razones ideológicas, de tendencia o de opinión debe ser acreditada con elementos que indiquen una conexión entre la tendencia editorial del medio de comunicación y el trato diferenciado en la asignación de publicidad.

También indica que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado en ocasiones anteriores que considera discriminatorio excluir a un medio de comunicación del reparto de publicidad institucional, ya que esto afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad institucional.

En este caso concreto, la sentencia estima que la Diputación malagueña ha utilizado la contratación menor de forma sistemática para la asignación de contratos de publicidad institucional, contraviniendo los principios de libre concurrencia, transparencia, eficacia y rentabilidad establecidos en la Ley 6/2005 reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.


En este sentido, la sentencia recoge que entre el año 2012 y el 2019 la Diputación ha celebrado 4.592 contratos menores en publicidad institucional, siendo el gasto total durante esos años de más de 10 millones de euros.

El tribunal sostiene que la negativa de la administración constituye un funcionamiento anormal del servicio público y ha causado un perjuicio económicamente evaluable a EL OBSERVADOR, lo que obliga a la Diputación a indemnizarla, notificando a las partes que pueden interponer recurso de casación en un plazo de 30 días.

Reacciones

EL OBSERVADOR ha recogido algunas de las reacciones (AQUÍ) ante estas sentencias, que “marcan un antes y un después”, tal y como asegura Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, que entiende que “esta discriminación que vienen haciendo muchas instituciones, es una práctica habitual en toda España desgraciadamente, es un intento de silenciar a los medios críticos y también una forma de controlar a la prensa y de ‘orientar’ la línea editorial de cadenas y de medios ya consolidados”.


Pepe Fernández, director de Confidencial Andaluz, lamenta que “estas sentencias a quien dejan al descubierto, aparte de la ilegalidad de comportamientos políticos, es a los medios y profesionales partícipes de una merienda que en realidad va contra el derecho a la información de los ciudadanos”.

Por su parte Remedios Ramos, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento malagueño, reclama “más transparencia en los contratos públicos de publicidad institucional” y denuncia que el uso de “contratos menores es un recurso de contratación que debería ser excepcional. El que se utilicen generalizadamente ya representa un fraude de Ley y constituye un abuso, ya que sustituyen a los procedimientos de libre concurrencia”.

Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, entiende que a su asociación “no le corresponde entrar ni valorar litigios de empresas”, aunque exigimos siempre transparencia en todo aquello que beneficie al buen funcionamiento de los medios de comunicación y, consecuentemente, a sus profesionales, especialmente en el ámbito público”.