Han encontrado ilegalidades en el 73% de los expedientes de ‘Contratación normalizada’, en el 84% de ‘Contratación menor’ y en el 70% de ‘Otros gastos’, según el digital El Libre

La interventora del SAS emitió un dictamen desfavorable en el ‘Informe de cumplimiento de la legalidad’ de la Plataforma Logística Sanitaria, a cargo de Vázquez


22/06/23. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. El deslumbrante fichaje de Elías Bendodo para número dos de la lista del PP al Congreso por Málaga, María del Mar Vázquez, cada día que pasa parece que brilla un poco menos. Si ya informamos acerca de su pasado socialista (AQUÍ), ahora es el digital ‘El Libre’, mediante un exhaustivo artículo...

...del periodista Luis Escribano (AQUÍ), el que pone el foco en la carrera de Vázquez como gestora en la sanidad pública andaluza, donde todos los puestos que ha ocupado “son fruto del dedazo”.

Tal y como explica Escribano en su artículo, María del Mar Vázquez ha tenido un pobre desempeño como directora gerente del Hospital Regional de Málaga y responsable de la contratación de la Plataforma Logística Sanitaria (PLS) de Málaga, hasta tal punto que la interventora provincial del SAS ha emitido un dictamen desfavorable en el ‘Informe anual de cumplimiento de legalidad’ de distintas áreas de gasto de la PLS en el ejercicio 2020, a la vista de las graves ilegalidades detectadas.

Además, la interventora ni siquiera examina todos los documentos y facturas en su control, sino que seleccionó una ínfima muestra de expedientes utilizando técnicas de muestreo en aplicación de las vigentes normas de auditoría, por lo que el número de ilegalidades podría ser mayor.


Y es que en ‘Contratación normalizada’ (expedientes de contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros, servicios, colaboración entre el sector público y el sector privado y concesión de obra pública) de 53.184 expedientes, sólo se han revisado 175 (un 0,33%), y se encontraron ilegalidades en 129 expedientes (un 73,71%).

En ‘Contratación menor’ de 174.833 documentos contables, se han revisado 159 (un 0,09%), y se encontraron ilegalidades en 135 (un 84,91%). Y en ‘Otros gastos’ de 7.807 documentos contables, se han revisado 77 (0,99%), y se encontraron ilegalidades en 54 documentos (un 70,13%).

Escribano detalla que María del Mar Vázquez fue nombrada gerente el 13 de diciembre de 2019, pero “su nombramiento no ha salido publicado en el BOJA, dado que no posee la condición de funcionaria estatutaria”, por lo que “todos los puestos directivos que ha ocupado en la sanidad pública andaluza son fruto del dedazo, suscribiendo contratos de alta dirección con arreglo a la legislación laboral”.

El periodista recuerda que “estos dedazos en los nombramientos de directivos en el SAS fueron denunciados multitud de veces por la Asociación Justicia por la Sanidad, tanto con gobiernos del PSOE como del PP”.

A continuación puede leer el artículo de Luis Escribano para El Libre, o leerlo en su fuente original AQUÍ.

La gestión de María del Mar Vázquez, número 2 de la lista al Congreso del PP por Málaga, ha sido reprobada por la Intervención del SAS

Por Luis Escribano

En el presente artículo se acredita, con datos oficiales obtenidos por la Asociación Justicia por la Sanidad, la muy deficiente gestión de María del Mar Vázquez Jiménez como directora gerente del Hospital Regional de Málaga y responsable de la contratación de la Plataforma Logística Sanitaria -PLS- de Málaga (ahora Central Provincial de Compras de Málaga)

A pesar de todo, el PP la ha presentado en el puesto número 2 en la lista de candidatos al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales, detrás de Elías Bendodo. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga y presidenta del PP provincial, Patricia Navarro, la presentó el 14 de junio como «una gran profesional con una gran capacidad de gestión que, sin duda, tiene mucho que aportar«, según consta en las noticias publicadas esos días en numerosos diarios.

El 13 de diciembre de 2019, el entonces director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, hoy viceconsejero de Salud, anunció ante las Juntas Facultativas y de Enfermería del Hospital Regional Universitario de Málaga, que la nueva gerente del centro hospitalario era María del Mar Vázquez Jiménez.

Su nombramiento no ha salido publicado en el BOJA, dado que no posee la condición de funcionaria estatutaria; es decir, no tiene superadas las necesarias pruebas selectivas para ello. Por tanto, todos los puestos directivos que ha ocupado en la sanidad pública andaluza son fruto del dedazo, suscribiendo contratos de alta dirección con arreglo a la legislación laboral. Estos dedazos en los nombramientos de directivos en el SAS fueron denunciados multitud de veces por la Asociación Justicia por la Sanidad, tanto con gobiernos del PSOE como del PP. El dedazo es utilizado por los partidos políticos para crear y engordar el currículo de todos sus sumisos y obedientes allegados, que después usan una y otra vez para justificar los posteriores y mejores nombramientos o la carrera política.



El pasado 19 de junio, el periodista Curro Troya iniciaba la publicación de un hilo en la red de Twitter sobre dicha candidata del PP, cuya lectura recomiendo, en la que se informa de la relación de la candidata con el PSOE. Dicha candidata ha eliminado su cuenta de Twitter para borrar sus huellas.

En este país, arrimarse al calor del poder es típico de los trepas sin moral ni pudor alguno, y que les da igual apoyar hoy unas ideas y mañana las contrarias con tal de vivir a costa del erario del Estado y el dedazo. Obviamente, a los partidos les interesa gente con este perfil, porque se garantizan su sumisión y obediencia, que es lo que necesitan los partidos para perpetuar el régimen partidocrático.

Su pésima gestión ha quedado retratada por la interventora provincial del SAS

La interventora provincial de Málaga, a la vista de las graves ilegalidades detectadas, ha emitido su dictamen desfavorable en el Informe anual de cumplimiento de legalidad de distintas áreas de gasto de la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga-H. U. Regional de Málaga del SAS, referido al ejercicio 2020. Dicho Informe fue suscrito el pasado 28 de noviembre de 2022, dos años después de cerrarse el ejercicio.


Para fiscalizar el gasto público de la PLS de Málaga, la interventora seleccionó una ínfima muestra de expedientes. La selección de esta muestra supuestamente representativa se obtuvo, según señala el informe, utilizando técnicas de muestreo en aplicación de las vigentes normas de auditoría. Se parte de todos aquellos expedientes de gasto tramitados por dicha PLS que consten en el sistema de contabilidad pública GIRO de la Junta de Andalucía.

Debe señalarse que no todo consta en el GIRO. De hecho, se excluyen del control de la Intervención las facturas y otros documentos probatorios equivalentes, inscritos y grabados en el Registro de Facturas, imputadas a la cuenta financiera 413 «acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto» (conocidas coloquialmente como «facturas en el cajón»), cuyas cuantías han alcanzado en Andalucía importes tan elevados como 895 millones de euros (2019), 354 millones de euros (2020) y 736 millones de euros (en 2021), según la Cámara de Cuentas de Andalucía. ¿Qué habrá en esta documentación que no se fiscaliza por la Intervención?

Por tanto, se desconoce a qué se refiere Patricia Navarro al afirmar que María del Mar Vázquez tiene «una gran capacidad de gestión» y «que, sin duda, tiene mucho que aportar». ¿Se está refiriendo a la corrupción en la sanidad pública andaluza? María del Mar Vázquez era la responsable de la contratación (tenía delegada la competencia del director gerente del SAS) y de otros expedientes de gasto a los que se refiere el citado informe anual.

Resulta obvio que el informe de la interventora provincial del SAS reprueba la gestión de la citada ex directora gerente, máxima responsable de la PLS. Sin embargo, con la designación de María del Mar Vázquez, el PP ha premiado su incompetencia, lo natural en este régimen partidocrático.



Debe resaltarse que los incumplimientos legales en materia de contratación tienen claros efectos negativos sobre el gasto público y su eficiencia (provoca gastos indebidos o innecesarios) y, en determinados casos, suelen constituir indicios de actuaciones corruptas.

El informe se ha efectuado en colaboración con el personal adscrito a la Intervención Provincial del SAS. Es decir, no hay personal propio de la Intervención, sino el asignado a dedo por quienes deben ser controlados. ¿Existe mayor aberración que el poder político sea controlado por los que nombra arbitrariamente el mismo poder? A pesar de todo, incluida la no aportación a la interventora de todos los documentos, el dictamen de la Intervención ha sido desfavorable.

Estos son los datos de la ínfima muestra de expedientes fiscalizados, así como del grado de incumplimientos legales:

  • Contratación normalizada (expedientes de contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros, servicios, colaboración entre el sector público y el sector privado y concesión de obra pública): de 53.184 expedientes, sólo se han revisado 175 (un 0,33%). Se encontraron ilegalidades en 129 de los 175 expedientes (un 73,71%).
  • Contratación menor: de 174.833 documentos contables, sólo se han revisado 159 (un 0,09%). Se encontraron ilegalidades en 135 de los 159 documentos (un 84,91%).
  • Otros gastos: de 7.807 documentos contables, sólo se han revisado 77 (0,99%). Se encontraron ilegalidades en 54 de los 77 documentos (un 70,13%).

La interventora provincial reitera en todos su informes anuales una serie de recomendaciones a la Dirección Gerencia del Hospital Regional de Málaga para corregir las «deficiencias» detectadas (un eufemismo de «ilegalidades»), advirtiendo que «la falta de adopción de las medidas concretas de corrección para subsanar las deficiencias observadas en las recomendaciones derivadas de los incumplimientos identificados en los apartados de salvedades de especial relevancia, así como la no tramitación de los reintegros que puedan proceder de las mismas, podrá dar lugar a la emisión de un informe de actuación conforme a lo previsto en la Instrucción nº4/2017, de la Intervención General de la Junta de Andalucía».

En 2018, 2019 y 2020, el dictamen de la Intervención Provincial de Málaga ha sido desfavorable. Sin embargo, no consta que la Intervención de la Junta de Andalucía haya emitido algún informe de actuación. El autor del presente artículo ya ha dejado apuntada indiciariamente en anteriores artículos una posible semejanza entre lo ocurrido en el caso ERE y el gasto sanitario en Andalucía, con una posible trama política y otras administrativas, y que afecta a gastos anuales milmillonarios.

Relación de los incumplimientos legales detectados en la gestión del gasto por el órgano de contratación, cuya responsable era la ex Directora Gerente del Hospital Regional de Málaga

En resumen, estos son los incumplimientos legales de especial relevancia detectados por la interventora provincial en la ínfima muestra objeto de fiscalización:

1º) Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de determinados bienes y servicios:

  • Ampliando la vigencia de determinados contratos mediante prórrogas no previstas o posibles por la legislación contractual.
  • Fraccionando el objeto de los contratos.
  • No justificando en contratos menores la no alteración del objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación.

2º) Se han adquirido bienes sin reserva de crédito o documento que legalmente le sustituya.
Por ejemplo, se han detectado seis expedientes en los que el informe de la Dirección General de Presupuestos sólo se refiere a 10 mensualidades sin incluir la totalidad de la prórroga del contrato, por lo que no queda presupuestariamente cubierto todo el periodo de duración de la prórroga.

3º) No se ha justificado la calificación del contrato de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia (previsto en el artículo 131.4 de la Ley de Contratos del Sector Público).

4º) El órgano de contratación no ha aportado la documentación necesaria para comprobar el expediente en todos sus extremos.
La interventora indica que, en varios expedientes de contratación, falta documentación (informes de la asesoría jurídica, acreditación de la exclusividad, informes o autorizaciones, memoria justificativa, etcétera) o la documentación aportada contiene errores u omisiones (precios, cantidades, partida presupuestaria…).
Este hecho de la falta de documentación ha sido constatado por la Asociación Justicia por la Sanidad en las querellas judiciales presentadas en contratos del SAS, y coincide con la artimaña típica que utilizan los corruptos para evitar ser investigados y condenados por presuntos delitos o infracciones administrativas (desaparecen documentos para que no puedan probarse los hechos que fundamentan las posibles infracciones penales, contables o administrativas, aunque declaran ante los jueces que existían). En plena era de la Administración electrónica, ¿no resulta irrisorio y grave que desaparezcan documentos administrativos?
En 14 expedientes de acuerdos marco no se aportan los contratos derivados/basados. Asimismo, en nueve expedientes de contratación tramitados por procedimiento negociado sin publicidad, cuatro de servicios y cinco de suministros, la documentación aportada no garantiza el correcto uso de dicho procedimiento.

5º) Existen errores significativos en la elección del procedimiento y la fase de Intervención al tramitar los documentos contables.

6º) En todos los contratos de emergencia que se han fiscalizado se ha constatado que las declaraciones de emergencia emitidas no recogían la justificación motivada que exige la legislación.
En ningún expediente objeto del control se formalizó el correspondiente contrato con el/los adjudicatarios, a pesar de que las entregas de bienes o prestaciones de servicios se repetían en el tiempo. Además, en numerosos expedientes tampoco se ha respetado el plazo del mes para el inicio de la ejecución de las prestaciones, como obliga la ley.


Sin embargo, como ya acreditó este diario, la consejera de Salud mintió al respecto en la Comisión de Salud del Parlamento, al manifestar que todos los contratos de emergencia habían cumplido escrupulosamente con la legislación de contratos. Por ello, la Asociación Justicia por la Sanidad solicitó su dimisión o cese inmediato. Y ahí sigue, sin ser cesada y mantenida por el presidente Juanma Moreno, un acto de corrupción o abuso de poder de tantos que se cometen en este régimen partidocrático.

7º) Se han formalizado prórrogas sin reserva previa de crédito adecuado y suficiente.
Ha ocurrido con convenios de colaboración firmados entre el SAS y cinco ayuntamientos de la provincia, para la cesión, conservación y mantenimiento de otros tantos consultorios de salud, que se llevaron a cabo sin que existiera cobertura presupuestaria que los amparara.
Igualmente, con la Fundación Josep Carreras. El último convenio firmado fue con fecha de 07 de abril de 2014 y tenía una vigencia de cinco años, hasta el 06 de abril de 2019. Desde esta fecha hasta el 24 de junio de 2021, en que se firma un nuevo convenio, del cual no consta que esté informado por Asesoría Jurídica, no existe prórroga alguna, lo que nos lleva a concluir que, durante el año 2020, se han tramitado expedientes de gasto sin cobertura legal.
No obstante, la interventora advierte que, con la documentación aportada por el SAS, no ha sido posible comprobar los expedientes en todos sus extremos.

8º) Se ha constatado en todas las áreas de este informe que el procedimiento y fase de intervención, que figuran en numerosos documentos objeto de comprobación, no se corresponden con la naturaleza del gasto.
Este incumplimiento legal origina la distorsión de la información contenida en el Sistema GIRO (sistema contable de la Junta de Andalucía), así como la inobservancia de los trámites administrativos que se exigen en el procedimiento.
Dicho error podría desvirtuar significativamente los datos contenidos en los registros contables y trasladados, en su caso, al Registro de Contratos, así como aquellos que se deberían hacer públicos en virtud de la ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

9º) Se han detectado incumplimientos relativos a las normas que rigen las obligaciones de facturación.
Una de las incidencias más numerosas es la falta de desglose adecuado en la base imponible, al no incluir los descuentos legales procedentes, no concretar la descripción de las operaciones de la obra, servicio o suministro realizado y si la operación está, en su caso, exenta del IVA.

10º) Inadecuada tramitación de los expedientes de la Fundación Progreso y Salud.
Durante el ejercicio 2020, la Plataforma de contratación ha tramitado diversas facturas como contrato menor de servicios, que corresponden a trabajos realizados por dicha Fundación de servicios relativos a solicitudes y evaluaciones de acreditación profesional, cuando procedería su tramitación mediante expediente de gasto derivado de encargo a medio propio.

11º) Se han detectado en un gran número de expedientes errores a la hora de consignar en los documentos contables las fechas de inicio y vencimiento del cómputo del período legal de abono.

12º) Incongruencia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los convenios firmados con la Agencia Pública Empresarial Costa del Sol.

13º) Falta de determinación del régimen de justificación de los convenios firmados con la Fundación pública FIMABIS.

14º) Con relación a actividades docentes, se ha constatado que, en tres de los expedientes auditados, falta el documento con el nombramiento del docente.
En otro de los expedientes analizados se abonan gastos de matrícula de una actividad de formación a la Fundación San Telmo, en lugar de proceder a su reembolso a la persona interesada.

15º) No consta la publicación de varios convenios en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía en el momento correspondiente (Fundación Internacional Josep Carreras, cinco expedientes; convenios con ayuntamientos, 10 expedientes; convenios con Fimabis, 13 expedientes).

A pesar de todo lo anterior, seguirá habiendo fanáticos y sectarios partidistas que les dará igual, y seguirán votando con las vísceras o esperando la regalía de turno sabiendo que no eligen representantes, sino a candidatos elegidos por los jefes de los partidos a los cuales se deberán si quieren vivir de lo público, anteponiendo siempre los intereses de los jefes de los partidos a los de la nación o pueblo español, dado que no tienen nada que perder sabiendo que, hagan lo que hagan, tendrán el apoyo de dichos fanáticos que los seguirán votando ciegamente. Lo dicho en anteriores artículos: España está llena de bandidos y estúpidos, en los partidos y fuera de los mismos.