En una reunión urgente y extraordinaria, en pleno mes de agosto, el Consejo de Administración decide por mayoría prorrogar el negocio a Muelle Uno, por un total de más de 57 años de vigencia

Llama la atención que, por primera vez, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se reúne un mes de agosto, de forma urgente y extraordinaria, para decidir sobre un único punto del orden día: la prórroga de la concesión al Muelle Uno

05/09/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La reciente decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga (APM) de prorrogar la concesión del centro comercial Muelle Uno hasta 2062 (caducaba en 2040), adoptada apresuradamente antes de la entrada en vigor de una nueva legislación más restrictiva, puede suponer...

...una pérdida superior a los 13 millones de euros para las arcas públicas del Puerto. La medida ha sido duramente criticada por su falta de transparencia, dudas legales y por la aparente premura en su aprobación, lo que pone en entredicho la coherencia y el interés público en la gestión portuaria.

Según fuentes portuarias consultadas por EL OBSERVADOR, estas prisas de Carlos Rubio, en la convocatoria de reunión del órgano de decisión del Puerto, y según declaraciones del mismo, responden a un cambio legislativo en la normativa que regula las concesiones portuarias. La publicación de una nueva Ley 2/2024 de 1 de Agosto, (AQUÍ) que viene a modificar la Ley de Puertos, suponía que de no abordarse esa decisión antes del día 22 de Agosto, fecha de entrada en vigor de la misma, se producirían “perjuicios” a los intereses del concesionario de Muelle Uno.


“Sorpresivamente”, tras la decisión adoptada, los consejeros, obligados a defender los intereses públicos del puerto, trasladan el verdadero perjuicio de su decisión, al ente público Autoridad Portuaria, y a entre otros, sus intereses económicos.

El Consejo se reunió el 14 de agosto, 8 días antes de que entraran en vigor las nuevas, y más restrictivas condiciones, para otorgar prórroga de concesiones del suelo público portuario.

El adelantar, en 8 días, la decisión de prorrogar el negocio (AQUÍ) a Muelle Uno, le supone a las arcas públicas del Puerto una pérdida superior a los 13 millones de euros. Cantidad que ahorran los socios de la concesionaria Muelle Uno. Según esta información, (AQUÍ) Unicaja Banco es el principal accionista del centro comercial Muelle Uno. En concreto, las cuentas anuales de la compañía reflejan que Acinipo (su división inmobiliaria) es la propietaria del 39,74% de la sociedad, junto a los accionistas Myramar y Edipsa.

Además, en esta controvertida sesión celebrada el pasado día 14, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga (APM) ha aprobado una prórroga excepcional de la concesión del centro comercial Muelle Uno, extendiendo su explotación hasta finales de 2062. Esta decisión, que ha contado con un único voto en contra de entre los consejeros participantes, y con ausencias significativas de miembros como la Abogada Jefe del Estado y el representante de Puertos del Estado, ha desatado una tormenta de críticas y cuestionamientos sobre la conveniencia para el interés público y la legalidad de la decisión adoptada. Esta votación se ha producido tras la propuesta presentada por Carlos Rubio, y con informe favorable del recién incorporado, de nuevo, director del puerto.


Este acuerdo de la mayoría del Consejo, es cuestionado desde múltiples frentes por, entre otros, los siguientes motivos:

- Plazo excesivo y contribución económica insuficiente.

La prórroga aprobada extiende el plazo total de la concesión a casi 58 años, un periodo que muchos expertos consideran "excesivo y potencialmente perjudicial para la competencia y el desarrollo futuro del puerto".

Aunque la aportación económica de 9,9 millones de euros “ofrecida” por Muelle Uno supera ligeramente el mínimo legal requerido, esta cifra ha sido calificada de "claramente insuficiente" por diversos sectores. Cabe destacar que esta contribución representa apenas el 8% del plan de inversiones 2024-2028 de la Autoridad Portuaria, estimado en unos 124 millones de euros. Esto plantea serias dudas sobre si realmente se está maximizando el beneficio público de esta concesión a largo plazo.

- Dudoso interés público portuario.

La justificación del interés público portuario, requisito crucial para otorgar una prórroga excepcional según el artículo 82.2. de la Ley de Puertos, se presenta como altamente cuestionable en este caso. Siendo el objeto de la concesión un centro comercial, su relación directa con actividades portuarias esenciales es, cuanto menos, tenue.

La ley menciona específicamente la mejora de la posición competitiva de los puertos y la intermodalidad en el transporte de mercancías como criterios para estas prórrogas excepcionales. Sin embargo, no se ha evidenciado cómo un “centro comercial” contribuye significativamente a estos objetivos más allá de la mera aportación económica.

- Oportunismo legal y dudas jurídicas.

Como ya se ha indicado anteriormente, la decisión se ha tomado en vísperas de la entrada en vigor de una modificación legal que establece requisitos más estrictos para este tipo de prórrogas.

Este timing ha sido interpretado por muchos como un intento de eludir las nuevas exigencias legales, rozando potencialmente la arbitrariedad administrativa o incluso el fraude de ley. 

Además, la existencia de una disposición transitoria en la nueva ley, que afecta directamente a los expedientes en tramitación, arroja serias dudas sobre la seguridad jurídica de todo el procedimiento.


La APM argumenta actuar basándose en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pero la realidad es que la disposición transitoria invalida este argumento, obligando legalmente a adaptar la tramitación a los nuevos requisitos una vez que la nueva ley entró en vigor el pasado día 22.

- Un precedente preocupante

Esta decisión contrasta fuertemente con posturas anteriores de la propia APM. En 2015, una solicitud similar de prórroga fue rechazada por no cumplir con las exigencias de la Ley de Puertos, según un informe de la Abogacía del Estado. El cambio de criterio, sin una justificación clara y convincente, genera preocupación sobre la coherencia y transparencia en la toma de decisiones de la entidad.

Reacciones y llamado a la reconsideración

Según informaciones recibidas en esta redacción el Consejero que no votó a favor fue el representante sindical de UGT, que votó en contra. Se abstuvieron el representante de CCOO, y uno de los representantes de la Administración del Estado.

El representante de UGT presentó ese mismo día un detallado voto particular donde expone las múltiples irregularidades y preocupaciones sobre esta decisión, solicitando posponer la decisión hasta la entrada en vigor de la nueva legislación. En este documento, el representante sindical insta a la APM a:

1. Reconsiderar drásticamente la duración de la prórroga.
2. Negociar una contribución económica sustancialmente mayor de acuerdo con la nueva ley.
3. Incluir compromisos concretos en materia laboral, de inversiones y mejora de servicios.
4. Realizar un análisis más profundo sobre el verdadero interés público portuario a largo plazo.

Esta controvertida decisión de la APM pone de manifiesto las tensiones entre el desarrollo comercial y los intereses portuarios y laborales en Málaga. La falta de transparencia en el proceso, las dudas legales y la aparente prisa por aprobar la prórroga antes del cambio legislativo han generado un clima de desconfianza y crítica.

Queda por ver si las dudas legales planteadas y el riesgo de posibles impugnaciones llevarán a una reconsideración del acuerdo o si la APM mantendrá su postura, abriendo potencialmente la puerta a futuros conflictos legales y políticos en torno a esta polémica decisión.