Las asociaciones Valle Natural Río Grande y AloraSol convocan reuniones con los afectados: “La Utilidad Pública ni se explica, ni hay por dónde cogerla, porque el interés no es general, sino privado”

10/10/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Más de 300 malagueños descubrieron el mes pasado que sus tierras van a ser expropiadas por un fondo de inversión extranjero para la instalación de mega platas fotovoltaicas, con la excusa de que es un proyecto de ‘Utilidad Pública’. Las asociaciones Valle Natural Río Grande y AloraSol han convocado...

...dos reuniones con los afectados, hoy jueves en Coín y mañana viernes en Álora, para que su abogado resuelva dudas y explique cómo se pueden oponer contra la Utilidad Pública.

El pasado mes de septiembre del 2024 aparecieron publicados en el BOE los nombres y apellidos de cientos de malagueños, vecinos de Coín, Álora, Alozaina, Cártama, Casarabonela y Pizarra, cuyas tierras pretenden ser expropiadas forzosamente por un fondo de inversión extranjero, Verbund, para instalar macro plantas fotovoltaicas.


Desde las asociaciones Valle Natural Río Grande y AloraSol indican que “en concreto, ha sido solicitada la “Utilidad Pública y ocupación urgente” de los macroproyectos Natera, Orla Solar (I y II) y Faballones. Amparada en una ley que data del 16 diciembre de 1954 y de la que se aprovechan estos fondos de inversión sin escrúpulos ni respeto por la propiedad privada o pública”.

El fondo de inversión austriaco, Verbund, comenzó en 2018 “a crear una red de empresas con una dirección en Madrid, y con un capital de 3.000 euros, que le servirían más tarde, como tarjeta de presentación a los vecinos de la Jara y el Guadalhorce, a los que ofreció precontratos de arrendamiento de sus terrenos”.

Y es que “durante el año de la pandemia, el 2020, cuando todos temíamos por nuestra salud y las recomendaciones eran de quedarnos en nuestras casas, corredores y representantes de estas empresas, se reunían con los vecinos propietarios (con la añadida desconsideración de que algunos además son de edad mayor) para incitarles a la firma de contratos, sin más información que la que ellos mismos elaboraban, para la instalación de placas fotovoltaicas en sus fincas, creando por añadidura, un conflicto vecinal basado en la desinformación”.

Para las asociaciones en ese momento “nadie podía saber las repercusiones de estas instalaciones de polígonos industriales en el medio de campos de cultivo y de sus líneas kilométricas de alta tensión, porque nadie había informado a la ciudadanía. Ni la Administración, ni los medios, ni los ayuntamientos”.

Pero ya en el año 2021, varias asociaciones de vecinos, sin ánimo de lucro y apartidistas, entre las que se encuentran la Asociación Valle Natural Río Grande y AloraSol, “desde el voluntariado intentan rellenar el vacío creado por la falta, tanto de participación ciudadana como de transparencia en la información”.

Las asociaciones entienden que “la pérdida de biodiversidad, patrimonio natural, formas de vida rural, aumento de temperatura y consecuente incidencia en el clima local y la acaparación de aguas, la contaminación y su reciclaje, son solo algunas de las afectaciones que no nos cuentan en la propaganda que incesantemente se paga en los medios para convencernos de las bondades de las ‘macrorenovables’”.


De esta manera, aseguran que “nuestro preciado turismo rural, pasando por el Parque Nacional Sierra de las Nieves hasta el mismo Caminito del Rey y su entorno, se verán gravemente afectados por proyectos en municipios colindantes”.

Durante estos cuatro años las asociaciones han “convocado charlas informativas, presentado alegaciones y recursos en la Administración competente en tiempo y forma, elaborado mapas actualizados día a día tras revisar el BOE y el BOJA (La Ruta de la Placa) y puesto a disposición de alcaldías herramientas para defender sus municipios de la soberanía que han perdido (Plan Especial)”.

Ahora siguen ofreciendo “la necesaria información a propietarios para defender sus terrenos de la terrible aplicación de la Ley de Utilidad Pública de 1955, por la que a un fondo de inversión privado se le permite expropiar a un particular”.

Desde las asociaciones sostienen que “la Utilidad Pública ni se explica, ni hay por dónde cogerla, porque el interés no es general, sino privado: el de un fondo de inversión austriaco en este caso, Verbund, que pretende llenar los campos de cultivo, arrancando árboles si es necesario, para llenarlo con un mar de placas, que solo redundará en el beneficio de ellos, pero nunca en el de los pueblos, ni en una rebaja de la factura de la electricidad, ni en ninguna reducción de las emisiones de CO2, que estos fondos de inversión utilizan como moneda de cambio”.

Por esto, han convocado dos reuniones, esta tarde en Coín (Venta las Palmeras, 19:30) y mañana viernes en Álora (Casa Cultura Barriada El Puente, 19:00), con los vecinos afectados directamente, para que su abogado resuelva dudas y explique cómo se pueden oponer contra la Utilidad Pública.

Además, hacen un llamamiento a todos los vecinos en general, ya que “estos macroproyectos de paneles fotovoltaicos y eólicos, subvencionados en su gran mayoría por los fondos europeos Next Generation, aunque ahora bendecidos por la Administración de turno, serán la deuda de mañana para todos”.