Las obras requerirían una inversión inicial de 181,5 millones de euros en ejecución directa, más un 13% adicional en costes técnicos y un 21% de IVA, lo que eleva el coste total a más de 248 millones de euros

19/12/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. El convenio de colaboración firmado el martes entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga para la reforma integral del estadio de La Rosaleda, en el marco de la candidatura al Mundial de Fútbol 2030, ha despertado las críticas de muchos malagueños...

Y es que las administraciones calculan que serán necesarios más de 248 millones de euros para llevar a cabo la reforma del campo de fútbol, con el objetivo de adecuarlo a las especificaciones técnicas requeridas por la FIFA para acoger partidos oficiales del máximo nivel internacional.

Según detalla el documento firmado, la reforma incluirá la ampliación del aforo, que pasará de 30.044 a 45.000 localidades, intervenciones en el cauce del río Guadalmedina y la construcción de un aparcamiento subterráneo, entre otras acciones. Estas obras requerirían una inversión inicial de 181,5 millones de euros en ejecución directa, más un 13% adicional en costes técnicos y un 21% de IVA, lo que eleva el coste total a más de 248 millones de euros.


La cifra, ya de por sí mareante, podría incrementarse aún más debido a “necesidades sobrevenidas”, según advierte el convenio. Esto genera preocupación sobre posibles sobrecostes, un problema recurrente en grandes proyectos financiados con fondos públicos.

El gobierno andaluz justifica esta inversión como una “oportunidad histórica” para situar a Málaga en el escaparate internacional, pero el coste social de priorizar este tipo de proyectos es evidente. En una comunidad autónoma donde los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, se encuentran con constantes recortes y saturación, destinar estos recursos a un estadio de fútbol parece desconectado de las verdaderas necesidades de la población.


“La Rosaleda podría ser un símbolo de desarrollo o de despilfarro, pero lo que es seguro es que no es una prioridad. Tenemos hospitales sin camas suficientes, centros educativos masificados y un transporte público obsoleto. En este contexto, resulta difícil justificar esta obra”, lamenta un vecino de la zona.

El convenio también refleja que las administraciones consideran conveniente la dotación de un Fondo de Financiación dotado de 705.000 euros para estudios previos, análisis de viabilidad, propuestas arquitectónicas y documentación audiovisual. Entre las partidas más llamativas se encuentran 168.788 euros destinados a evaluar si la explotación del estadio podría ser gestionada por privados.

Otro punto controvertido es la reubicación del Instituto Guadalmedina, que ocupa una parcela cercana al estadio. Aunque el convenio menciona la posibilidad de trasladarlo a otra ubicación, no especifica los plazos ni los costes asociados. La comunidad educativa teme que esto afecte a los estudiantes y profesores, quienes podrían sufrir interrupciones en su actividad académica.


Según este vecino, se trata de “un gasto multimillonario para un estadio de fútbol, mientras los alumnos de este instituto tendrán que adaptarse a condiciones inciertas. Es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos prevalecen sobre los educativos”.

Infraestructuras públicas, beneficios privados

Para este vecino, otro aspecto inquietante es “el interés por explorar modelos de gestión privada del estadio una vez remodelado”. Y es que, si bien el proyecto se financia con recursos públicos, el convenio deja abierta la puerta a que empresas privadas se encarguen de la explotación, lo que podría trasladar los beneficios a manos ajenas al erario público. “Parece otro ejemplo de socializar los costes y privatizar las ganancias. La ciudadanía paga la factura y las empresas se llevan el premio”, indica.

El debate sobre la reforma de La Rosaleda pone de manifiesto una vez más la disparidad entre las prioridades institucionales y las demandas ciudadanas. Mientras las administraciones defienden el proyecto como una inversión en el futuro de Málaga, muchos lo ven como un despilfarro que beneficiará a unos pocos en detrimento de la mayoría.