Ayer, en la web de transparencia de la Diputación de Málaga, se podía ver que, curiosamente, los últimos 9 contratos menores que aparecen corresponden a publicidad contratada a dedo con el diario Sur sólo en el mes de febrero, por una cantidad total de 29.300,14 euros (IVA incluido)

EL OBSERVADOR denunció a la Diputación y al Ayuntamiento de Málaga por discriminación publicitaria. El TSJA condenó a las dos instituciones a indemnizar a esta revista y, tras el recurso de las dos administraciones, el Tribunal Supremo volvió a dar la razón a EL OBSERVADOR e hizo firme la sentencia

11/03/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Al entrar ayer en la web de transparencia de la Diputación de Málaga se podía ver que, curiosamente, los últimos 9 contratos menores que aparecen corresponden a publicidad contratada con el diario Sur, por una cantidad total de 29.300,14 euros (IVA incluido). Pero esta es solo la punta del iceberg, ya que en los últimos cuatro años,...

...sin contar el actual, la entidad que preside Francisco Salado (PP) se ha gastado más de un millón de euros en publicidad en Sur mediante 275 contratos menores, algo que sabe que es ilegal.

La distribución de fondos públicos para financiar campañas publicitarias siempre ha sido un tema de debate, sobre todo cuando se trata de la asignación de recursos a medios de comunicación. En el caso de la Diputación de Málaga, llama la atención que en febrero de este año la institución ha gastado un total de 29.300,14 euros (IVA incluido) en publicidad contratada con el diario Sur, a través de 9 contratos menores (AQUÍ).

Estos contratos se distribuyen entre diversas campañas y anuncios institucionales, algunos de ellos de carácter recurrente, como la promoción de actividades culturales o la difusión de programas de sensibilización medioambiental, como se puede comprobar en la siguiente imagen.


Pero lo más llamativo es que en los últimos años, la Diputación ha recurrido de forma sistemática a los contratos menores con diario Sur. Así, en 2021 fueron 73 contratos menores por un total de 254.136,18 euros; en 2022, 80 contratos menores por 260.260,86 euros; en 2023, 69 contratos menores por 272.508,06 euros; y en 2024, 53 contratos menores por 220.525,37 euros.

En total, en los últimos cuatro años sin contar el actual, la Diputación de Málaga ha invertido más de un millón de euros en publicidad en este medio, utilizando 275 contratos menores, sin que exista competencia ni un proceso transparente para adjudicar estos fondos.

Francisco Salado (Izq) y Elías Bendodo, presidente y ex presidente respectivamente de la Diputación de Málaga

El uso de contratación menor, que es una forma de adjudicación de contratos sin un proceso público de licitación, es precisamente lo que genera más inquietudes. Estos contratos menores están diseñados para agilizar la contratación en ciertos casos de bajo monto, pero su abuso puede llevar a la falta de competencia y, por consiguiente, a la exclusión de otros medios, especialmente los más pequeños, de la distribución de estos fondos.

De esta manera no se entiende que la Diputación de Málaga destine sumas millonarias de dinero público a un solo medio, aunque Sur sea el más conocido de la provincia, pero la magnitud de los contratos y la concentración en un único medio lo que hace es generar sospechas sobre posibles favoritismos.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga

En este sentido, es relevante destacar que Sur es conocido por su cercanía con los intereses políticos del Partido Popular, lo que hace que muchos ciudadanos se pregunten si realmente este gasto se justifica en términos de pluralidad informativa. En lugar de promover una distribución equitativa de la publicidad institucional entre diversos medios, la Diputación parece garantizar un flujo constante de dinero público hacia Sur, de manera que los medios más pequeños, o aquellos con líneas editoriales críticas con el PP, quedan relegados.

El caso de El Observador.
Ejemplo nacional para luchar contra la discriminación

Desde que empezó a editarse esta revista hace más de 35 años nunca ha recibido publicidad institucional por parte del Ayuntamiento o de la Diputación de Málaga del Partido Popular. En el año 2017 EL OBSERVADOR presentó sendas denuncias contra ambas administraciones por discriminación publicitaria y en junio de 2023 el TSJA sentenció por partida doble que no se puede excluir a un medio de comunicación del reparto de publicidad institucional, ya que esto afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad (AQUÍ), y el Supremo confirmó la firmeza de la sentencia en la que se indicaba que la participación de la publicidad en multitud de contratos menores a dedo es ilegal, como hace la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, ambas instituciones gobernadas por el PP.


Para el Tribunal, este reparto de publicidad institucional debe ser equitativo, transparente e igualitario, evitando conductas discriminatorias y garantizando la libertad e independencia de los medios de comunicación. El Tribunal asegura que la administración pública debe actuar con objetividad y cumplir con la legalidad en sus decisiones, evitando la arbitrariedad y la discriminación por la línea editorial que mantengan los medios, como ocurre con EL OBSERVADOR.

Estas sentencias señalan que la vulneración de los criterios de transparencia, igualdad, objetividad, publicidad y libre concurrencia en el reparto de esta publicidad “pone en peligro la independencia e incluso la supervivencia de los medios de comunicación social”, y van a poder utilizarse por parte de otros medios de comunicación nacionales que se sientan discriminados por las administraciones públicas, para que inicien acciones legales con el fin de reclamar sus derechos a la información, a la igualdad y a la no discriminación en la asignación de publicidad.