La iniciativa ciudadana para derogar la Ley 18/2013 supera con creces el mínimo de 500.000 apoyos exigidos y se convierte en una de las ILP más respaldadas de la última década

08/04/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende revocar la Ley 18/2013, que protege a la tauromaquia como parte del patrimonio cultural de España, ha conseguido superar todos los filtros burocráticos y ha sido certificada oficialmente con 664.777 firmas válidas por la Oficina del Censo Electoral. El Congreso de los Diputados está ahora...

...obligado a debatir su contenido en un plazo máximo de seis meses, algo inédito en el movimiento por la protección animal en el país.

Presentada el pasado 17 de febrero con más de 715.000 firmas –709.292 en papel y 6.314 de forma digital–, esta ILP lleva el lema #NoEsMiCultura, en una clara alusión a lo que consideran una apropiación forzada del término “cultura” para justificar la violencia institucionalizada contra los animales. La validación de la cifra final, muy por encima del mínimo legal de 500.000, se ha obtenido mediante un muestreo estadístico riguroso, con una tasa de acierto del 93,65%.

Curiosamente, esta nueva iniciativa cuenta con más apoyos ciudadanos que la ILP taurina de 2012, que obtuvo 500.165 firmas y fue la que acabó consagrando legalmente la tauromaquia como patrimonio cultural, en un movimiento ampliamente criticado por sectores progresistas y animalistas. La diferencia es clara: ahora la sociedad se ha movilizado para exigir que se derogue ese blindaje, y lo ha hecho con mayor contundencia.


Según Aïda Gascón, portavoz de la Comisión Promotora y directora de AnimaNaturalis en España, “estas 664.777 firmas son un mandato ciudadano: exigimos que el Congreso derogue la Ley de Patrimonio Cultural que protege la tauromaquia y devuelva a las comunidades autónomas la libertad de decidir”. Una reivindicación que no es nueva, pero que cobra un nuevo peso político al estar avalada formalmente por los mecanismos del Estado.

Los datos oficiales respaldan esta demanda ciudadana. Según el propio Ministerio de Cultura, los festejos taurinos han caído un 62% en los últimos quince años, pasando de 2.684 en 2009 a apenas 1.021 en 2023. Además, solo el 6,3% de la población asistió a algún tipo de espectáculo taurino el último año, y de ellos, un 68% lo hizo con entradas gratuitas o subvencionadas. Es decir, se sostiene con dinero público y a menudo contra la voluntad de la mayoría.

Una encuesta de IPSOS de 2023 revela que el 77% de los españoles está a favor de prohibir la tauromaquia, cifra que se eleva al 82% entre los menores de 35 años. Lejos de ser un símbolo cultural vivo, la tauromaquia parece cada vez más una tradición agonizante, sostenida artificialmente por intereses económicos, políticos y ganaderos.

El debate no se limita a las fronteras del Estado español. Hace apenas unas semanas, Colombia aprobó la abolición de las corridas de toros. En México, se acumulan amparos judiciales que cuestionan la legalidad de estos espectáculos y, en algunas zonas como Ciudad de México o Michoacán, ya han sido prohibidos completamente.

La Comisión Promotora de la ILP celebra que España se sume, por fin, al debate internacional sobre los derechos animales y el uso de fondos públicos para perpetuar formas de violencia que, dicen, ya no representan a la mayoría social. Cristina Ibáñez, también portavoz del colectivo, subraya que “más de 2.000 voluntarios han recorrido todo el país recogiendo firmas, enfrentándose a trabas burocráticas constantes”. Un trabajo titánico que hoy se convierte en victoria ciudadana.

Tras el proceso de verificación por parte de la Oficina del Censo Electoral y su posterior traslado a la Junta Electoral Central, la iniciativa ha sido oficialmente remitida al Congreso. La Mesa de la Cámara deberá programar el debate en el pleno antes del mes de octubre de 2025.

Es, según sus promotores, una prueba de fuego para los partidos políticos, que deberán posicionarse ante una demanda social clara y creciente. Mientras tanto, la Comisión Promotora continúa con su campaña de concienciación, preparando movilizaciones y actos informativos para recordar a los diputados que estas 664.777 firmas no son solo números: son una exigencia democrática para poner fin a un modelo cultural sostenido con sangre y subvenciones.