El Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano asegura que el Estado “quiere imponer una conculcación clara de los derechos ciudadanos”

03/12/13. Opinión. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com se congratula de compartir un artículo del Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano (OMAU), un organismo dependiente del Ayuntamiento de Málaga que gobierna desde hace años el Partido Popular y que, por el contrario de lo que cabría esperar, se ha posicionado en contra de la nueva Ley Fernández, la ley polémica ley antiprotesta.

Lo hace compartiendo artículos de medios extranjeros.

POCAS veces ocurre que un Ayuntamiento gobernado por equis signo se atreva a contradecir la política oficial de dicho signo. En este caso, el Ayuntamiento de Málaga es capaz de postularse en el progresismo y enfrentarse al Ejecutivo central, que gobierna el mismo partido. Lo hace cuando el ministro Fernández promueve desde hace unos días una nueva ley antiprotesta que ya ha recibido varios nombres. El oficial, Ley de Seguridad Ciudadana. Los no oficiales: Ley Anti 15M, Ley Mordaza, o el que más se oye, Ley Fernández.

PUEDE consultar el artículo del OMAU del Ayuntamiento de Málaga en el que el consistorio queda en confrontación con la política oficial de su propio partido AQUÍ.



PUEDE leerlo a continuación:

Gobernanza y participación ciudadana: la deriva autoritaria

RICHARD Seymor publicó la semana pasada en The Guardian un interesante estudio (con niveles de empirismo) "desde Quebec hasta España, las leyes antiprotesta falsifican la democracia". En el conjunto de ciudades o países estudiados y, en maryo lugar, los que han padecido con mayor dolor las consecuencias de la depresión económica, se han o se están modificando la legislación de derechos de manifestación o expresión en aras de una supuesta mayor seguridad.

EN los años ochenta recuerda The Guardian, Margaret Thatcher ya empleo sistemas parecidos que rompieron el estado del bienestar británico al tiempo que se establecían recortes de los derechos civiles, dotando a la policía de capacidad sancionadora al margen de las instancias judiciales. Estas situaciones se están volviendo a repetir de nuevo en Quebec, Chicago, Portugal, Grecia, Hungría, Italia o España. Y principalmente afectan a los movimientos sociales que desarrollan su actividad al margen de los partidos políticos y han estado comprometidos con los desalojos y embargos de viviendas o con protestas ante el Congreso de los Diputados.

EN paralelo a una degradación importante de la calidad de vida de un porcentaje muy importante de los ciudadanos, de la ruptura de la cohesión social en el que el bienestar de unos pocos sigue mejorando anualmente, mientras la gran mayoría retrocede en renta familiar disponible (hechos también empíricos como muestran los datos escandalosos de los índices de Gini), el Estado quiere imponer una conculcación clara de los derechos ciudadanos. En los artículos adjuntos se muestran más opiniones al respecto.

FROM Quebec to Spain, anti-protest laws are threatening true democracy. Richard Seymor (ver AQUÍ)

ELOGIO de la dignidad (ver AQUÍ)

GUÍA práctica para manifestaciones bajo lanueva Ley de Seguridad Ciudadana (ver AQUÍ)

LOS expertos coinciden en que la ‘ley Fernández’ recorta garantías y derechos (ver AQUÍ)

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