“El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es –según se define en la web de la Seguridad Social- una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas”

OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por Antonio Somoza Barcenilla
Periodista

11/06/20. Opinión. El periodista Antonio Somoza escribe en esta Tribuna Abierta para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre el Ingreso Mínimo Vital: “La opción adoptada por el Gobierno queda muy lejos de las expectativas que se abrían con la defensa de la RBU como antídoto para combatir las desigualdades aceleradas que genera el actual sistema capitalista globalizado; pero si que es un primer paso...

...para dar un balón de oxígeno a los más golpeados por la crisis y para tratar de conseguir reducir la actual desigualdad de trato que reciben la ciudadanía más vulnerable en función de su lugar de residencia”.

Ingreso Mínimo Vital, un primer paso para asegurar un futuro para todos

“El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es –según se define en la web de la Seguridad Social- una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”.

Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo, en plena pandemia, es un derecho novedoso en el ámbito legislativo estatal de nuestro país, aunque no es un invento original en nuestro entorno; de hecho todas las comunidades autónomas y la mayoría de los países europeos ya disponen de regulaciones que van en esta misma dirección, aunque no en todos los casos se aplica con la misma intensidad y con las mismas normas. De hecho, hace ya tiempo que organismos básicos en la estructura capitalista, como el Fondo Monetario Internacional, defienden la necesidad imperiosa de establecer mecanismos de este tipo para suavizar los problemas de desigualdad que genera un modelo económico que, como en el juego del Monopoly, tiende a acumular cada vez más riqueza en menos manos…, una lógica que, sin ningún tipo de norma compensatoria, condena a la pobreza a un número cada vez mayor de personas.

La necesidad de este tipo de ayudas, bien como IMV, bien como Renta Básica Universal (RBU) o bien como cualquier otra fórmula intermedia es una opción político-económica que se comienza a plantear en torno al año 2.000, aunque previamente, algunos economistas y/o pensadores ya habían adelantado la necesidad de buscar soluciones que permitieran la subsistencia de las clases menos favorecidas de la sociedad. En estos últimos 20 años esa necesidad se ha ido haciendo cada vez más evidente y perentoria.

La progresiva e imparable robotización y automatización de los procesos productivos, unida al control privativo de las modernas tecnologías, de la digitalización y de la deslocalización de la producción generan cada vez más bolsas de paro y una creciente exclusión social y riesgo de pobreza en las sociedades occidentales. Y, además con muy pocas expectativas de que los puestos de trabajo que se pierden por los procesos tecnológicos y globalizadores puedan ser generados en otros ámbitos distintos.

En realidad, los problemas que se derivan de la apropiación de la tecnología por la clase dominante ya habían sido adelantados por Paul Lafargue en 1883, fecha en la que el yerno de Karl Marx publicó un folleto titulado “El derecho a la pereza”, en el que realiza una crítica radical al capitalismo, “cuyo desarrollo –pronosticaba su autor- desembocaría en una crisis de superproducción, causa de paro y miseria entre la clase trabajadora”. Lafargue propone alcanzar, mediante la generalización del uso de las máquinas y la reducción de la jornada laboral, el estadio de los derechos del bienestar con el que culminaría la revolución social y cuya sociedad puede consagrar su tiempo a las ciencias, el arte y la satisfacción de las necesidades humanas elementales. Lafargue, no cargaba contra la tecnología como hicieron los ludistas de principio del s.XIX que veían en las nuevas máquinas un enemigo que amenazaba sus puestos de trabajo. Muy al contrario, él defendía el uso de la maquinaria para todo lo que fuera útil, necesario y pudiera evitar a los seres humanos los trabajos penosos o degradantes; pero para ello era necesario una socialización de la ciencia y la tecnología para ponerla al servicio de todos los seres humanos y no para la acumulación de beneficios de las élites.

Lo que se temía y lo que intuía como gran esperanza Lafargue a finales del s.XIX se ha convertido en un realidad dual a principios del siglo XXI en un mundo globalizado. La productividad y la generación de riqueza se ha disparado a niveles nunca conocidos, a unos niveles que permitirían de hecho que toda la población mundial pudiera vivir dignamente trabajando muchas menos horas a la semana, pero como no ha cambiado nada en los fundamentos capitalistas -la estructura de la propiedad de los medios de producción sigue siendo la misma y la acumulación de beneficios sigue siendo el motor del sistema- nos encontramos en el peor escenario que contemplaba Lafargue: el paro y la pobreza afecta cada vez a capas más amplias de la población. Una situación que, paradójicamente, puede poner en jaque al propio sistema capitalista, porque será muy difícil que una población empobrecida pueda sostener todo el castillo de naipes que se ha construido sobre la base del consumo masivo de bienes y servicios.

La situación tras la pandemia

La situación de base, sobre la que se debatía antes de la declaración de la pandemia, se vio notablemente modificada con la llegada de la enfermedad y, sobre todo, con la constatación sobre los efectos que iba a tener sobre el empleo la crisis económica que se ha desatado en todos los países afectados por el virus. Unas consecuencias que tienen especial gravedad en aquellos casos que, como ocurre en España, dependen de sectores económicos como el turismo de masas, uno de los más afectados por las restricciones a la movilidad de personas, o la fabricación de automóviles, afectado gravemente también por los cambios que se prevén para dar una salida verde a la crisis.

Los despidos se dispararon, aunque en un primer momento se han amortiguado en parte gracias a la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); aunque a medio plazo muchos de los ahora acogidos a esta medida terminarán engrosando las cifras de paro, sobre todo si la pandemia vuelve a registrar un incremento o si demora mucho el descubrimiento de una vacuna y un tratamiento efectivo de la enfermedad.

En esta situación de emergencia el Gobierno tomó la decisión de aprobar una legislación que tratara de compensar esta situación y que asegurara un ingreso mínimo que permitiera sobrevivir con un cierto nivel de dignidad a todas las personas que van a ser más golpeadas por la crisis económica. De entre todas las alternativas que podía barajar el Gobierno, que oscilaban entre la situación previa de las rentas mínimas que ya aplicaban (de manera desigual) todas las comunidades autónomas (la menos ambiciosa), hasta la Renta Básica Universal (la más ambiciosa y costosa). Albino Prada, ensayista y miembro de Ecobas y de Attac, ha publicado  un artículo en InfoLibre, titulado Renta Básica e Ingreso Mínimo⁽¹⁾, en el que hace un análisis de las características y el coste de cada una de las alternativas que se han barajado en España.

Además de las dos ya mencionadas (la RBU y las rentas mínimas de la CC.AA.) que se sitúan en los extremos máximo y mínimo de cobertura y, por lo tanto, de gasto hay otras dos opciones que corresponden a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CC.OO. y UGT en 2017 y el dictamen que realizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre esta ILP. Las características básicas de las 4 opciones y del acuerdo adoptado por el Gobierno se recogen en este cuadro, elaborado por Albino Prada con datos recogidos de los documentos de las cuatro opciones previas.


La opción adoptada por el Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital, que se pondrá en marcha el próximo día 15 de junio, está mucho más próximo a las rentas mínimas vitales de las comunidades autónomas que de la RBU, tanto por el importe de la ayuda (50 euros más que en las ayudas autonómicas y 161 euros menos que lo solicitado en la RBU), como por el carácter condicionado de los colectivos que tendrán acceso a las ayudas (personal y universal en el caso de la RBU y determinado por los ingresos familiares en el caso del IMV). De hecho el IMV, además de mejorar ligeramente el importe de la percepción mínima lo que hace es extender el derecho a un mayor número de personas y tendrá una especial incidencia para las personas en riesgo de exclusión que viven en las autonomías que menos habían desarrollado el programa de rentas mínimas actuales.

Andalucía, por ejemplo, la comunidad más poblada de España, con 8.476.718 habitantes, atendió en 2018 a 40.870 perceptores con una cuantía de 419,52 euros; mientras que Navarra, con 656.487 habitantes atendía a 36.303 personas con ayudas de 610,89 euros y el País Vasco, con 2.189.310 habitantes sumaba 120.606 ayudas con un monto de 644,49 euros. Las diferencias en el porcentaje de población atendida es una cuestión de eficacia en el seguimiento de los casos de necesidad y el montante de las ayudas depende de decisiones políticas de cada una de las comunidades autónomas que opta por dar un destino u otro a sus recursos. El coste de la vida en cada una de las comunidades autónomas y la capacidad de recaudación de los territorios con normas forales, tienen mucha importancia, pero la voluntad política también tiene un peso importante a la hora de decidir el destino de los recursos. Los datos aportados están sacados (pag 79) del Informe de Rentas Mínimas de Insercción de 2018 que publicó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social⁽²⁾.

Segunda etapa hacia la RBU

La opción adoptada por el Gobierno queda muy lejos de las expectativas que se abrían con la defensa de la RBU como antídoto para combatir las desigualdades aceleradas que genera el actual sistema capitalista globalizado; pero si que es un primer paso para dar un balón de oxígeno a los más golpeados por la crisis y para tratar de conseguir reducir la actual desigualdad de trato que reciben la ciudadanía más vulnerable en función de su lugar de residencia. Es, además, un modelo que habrá que analizar una vez puesto en marcha para asegurarnos que el IMV no sea utilizado como un comodín por los empresarios para reducir aún más los salarios; una posibilidad que puede ser el mayor riesgo del modelo adoptado que vincula la percepción de la ayuda a la búsqueda de empleo. Pero es cierto que es una opción asumible en este estado de crisis ya que supone un gasto de 3.000 millones de euros, el doble de lo que se destina ahora mismo y muy lejos de los 60.000 millones de euros que se destinaron al rescate bancario durante la anterior crisis. No hay que olvidar que de esos 60.000 millones de euros, el Banco de España da por perdidos 42.000 millones, un montante que permitiría financiar el IMV durante 14 años.

Pero eso no quiere decir que tengamos que olvidarnos para siempre de la aprobación de una RBU. El IMV debería ser sólo la segunda etapa (la primera fueron las rentas mínimas de las CC.AA.) hacia una renta básica que, de no producirse modificaciones significativas en el modelo económico actual, debería ser el objetivo final. Ese tránsito, en palabras de Albino Prada “debiera marcar la agenda de nuestras capacidades de inteligencia colectiva en la próxima década”. Su puesta en marcha debe estar acompañada de una profunda reforma fiscal en España y Europa. Articular mecanismos para hacer realidad lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Constitución española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Hay mucho margen de actuación sobre todo con las rentas más altas, antes de aproximarse siquiera a ese alcance confiscatorio que establece como límite el texto constitucional. Y habrá que multiplicar el servicio de inspección para combatir el fraude y limitar las capacidades autonómicas para transformarse en oasis fiscales para los más ricos, como ha venido ocurriendo en la Comunidad de Madrid durante los últimos años.

A nivel europeo es urgente adoptar una política fiscal común para prohibir los oasis fiscales de Holanda, Luxemburgo e Irlanda por los que se pierden buena parte de los ingresos generados en nuestro país por compañías multinacionales. Por ejemplo, no puede ser que Netflix con más de seis millones de suscriptores en España, pagaran 3.200 euros de impuestos en nuestro país. Es recomendable ver el esclarecedor video subido por la Cadena Ser a YouTube⁽³⁾. Y el caso se repite con otras compañías, como es el caso de Amazon que, dado su perfil multisectorial, es la principal amenaza para la supervivencia del comercio de proximidad en nuestros pueblos y ciudades.

El colmo del escarnio es tener que escuchar a representantes políticos holandeses dar lecciones a los países del sur sobre eficiencia fiscal, olvidando que su país se está beneficiando directamente de esta competencia desleal en materia fiscal. Lo mismo que es inaceptable que políticos holandeses recriminen a los países del sur de Europa de los casos de corrupción política. A la ciudadanía del sur no nos tiene que recordar los nefastos efectos de la corrupción política, la sufrimos a diario en nuestras carnes. Sin embargo, ellos si que parecen olvidar que la corrupción tiene dos responsables: los que corrompen y los que se dejan comprar por los primeros. Los políticos holandeses sólo centran el foco en estos últimos, pero se olvidan de que muchos de los corruptores son grupos financieros del norte de Europa, incluidos de manera muy destacable de su propio país, que han sacado tajada de procesos de privatización de servicios sanitarios y residencias para ancianos⁽⁴⁾.

⁽¹⁾https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/06/07/renta_basica_ingreso_minimo_107362_2003.html
⁽²⁾ https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/RentasMinimas/Informe_2018.pdf
<sup>(3) https://www.youtube.com/watch?v=_p9wt235V-I
(4) https://revistaelobservador.com/opinion/51-tribuna-abierta/15578-apuntes-para-la-salida-de-esta-crisis-viii-no-se-vende-se-defiende

Entrevista a  Antonio Somoza en PTV sobre el ingreso mínimo vital:
https://www.youtube.com/watch?v=sXi4Smh_z8M&feature=youtu.be</sup>

Otros artículos de Antonio Somoza en Tribuna Abierta:
-19/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis (y X). Utopías, distopías y quimeras
-18/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis IX. Nuevo pacto verde
-13/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis VIII. ¡No se vende, se defiende!
-11/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis VII. La lengua de las mariposas
-11/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis VI. Tiempo de sementera
-08/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis V. ¿Qué inventen ellos?
-07/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis IV. Menos humos, más ideas
-06/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis III. Y, en Málaga… ¿qué?
-05/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis II. ¿Hay vida más allá del turismo?
-04/05/20 Apuntes para la salida de esta crisis I. Una gran oportunidad
-13/04/20 La omertá del ejecutivo andaluz
-31/03/20 De patriotas y guerracivilistas
-30/03/20 Un artículo contradictorio
-25/03/20 Manuel Castillo y la infamia