Un juzgado de Fuengirola da la razón a la asociación por “cumplir los requisitos que las leyes medioambientales proporcionan a entidades de este tipo”. Patri Lara, presidenta del colectivo, describe lo recorrido hasta que les reconocieron los derechos a los animalistas

OPINIÓN. Tribuna abierta. Por Patri Lara
Presidenta de la asociación Resistencia Animal Málaga

14/09/21. Opinión. Patri Lara, presidenta de la asociación animalista Resistencia Animal Málaga, describe en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com como han sido el primer colectivo en la provincia en conseguir el derecho de Justicia Gratuita en el entorno animal. Un hito para futuras asociaciones ambientalistas el que le hayan ‘ganado’ el juicio en un juzgado de Fuengirola...

...tanto al Colegio de Abogados de Málaga, que presume de animalista y luego deniega asistencia jurídica a las asociaciones, como a la Junta de Andalucía, que en su ámbito autonómico presume de lo mismo.

A partir de ahora, a las asociaciones sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos como finalidad la defensa del medio ambiente o la naturaleza, como tiene estipulado Resistencia Animal desde que se constituyó en 2016, “se les debe otorgar el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin más dilación que la de solicitarla en la Junta de Andalucía”.

El caso particular que nos ocupa se motivó porque la asociación fue demandada por una perrera de la provincia, la cual les atribuyó “la responsabilidad de haber cerrado sus instalaciones por diversos comentarios realizados acerca del servicio y cuidado acometido a los animales”. En caso de no tener acceso a la asistencia jurídica gratuita como ONG, “la Junta de Andalucía nos dejaría en total indefensión y ni podríamos defendernos, porque los procesos judiciales requieren de bastante solvencia económica, la cual intentamos mantener para salvar animales, no para defendernos en los juzgados de acusaciones de empresarios que se lucran de los animales dando un servicio bastante cuestionable”.

“Este éxito lo celebramos como una victoria contra una Junta de Andalucía que no puede hacer caso omiso a los acuerdos europeos afanándose en no compartirlos”, dice Lara.


El acceso a la ‘Justicia Gratuita’ para las organizaciones ambientales es aún una barrera en España

Tras un año recurriendo lo que la Junta de Andalucía nos negaba, hemos conseguido que un juzgado de Fuengirola nos dé la razón en un Auto donde el juzgador estima nuestro recurso reconociendo nuestra inclusión en el ámbito material de la Ley 1/1996, por cumplir los requisitos que las leyes medioambientales proporcionan a entidades como la nuestra. (AQUÍ).

En tanto que las asociaciones sin ánimo de lucro tengan en sus estatutos como finalidad la defensa del medio ambiente o la naturaleza, como tenemos estipulado desde que se constituyó nuestra asociación en el año 2016, se les debe otorgar el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin más dilación que la de solicitarla en la Junta de Andalucía. La ley 27/2006, de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que desarrolla el Convenio de Aarhus para dar acceso en litigios a la acción popular en temas de medio ambiente y que estas entidades, que normalmente poseen pocos recursos, tengan la oportunidad de defender el capital natural en toda su diversidad.

El acceso a la justicia gratuita por las organizaciones ambientales es aún una barrera en España. La asociación Resistencia Animal Málaga es la primera en la provincia en conseguir este derecho en el entorno animal, mientras que la Administración sigue negando la justicia gratuita a asociaciones en Málaga como Ciriana, en el caso contra el jeque Al-Thani, debido a la construcción de la escuela de fútbol sobre los humedales en los terrenos de Guadalmar- Arraijanal.


La controversia con Resistencia Animal Málaga nace en la respuesta que se recibe desde el Servicio Jurídico Provincial ofrecido por la Letrada de la Junta de Andalucía, negando el derecho en lo que respecta a no ser entidad de utilidad pública, ratificando la previa resolución igualmente denegatoria del Colegio de Abogados de Málaga, ambos basándose en el requisito de la ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, donde las asociaciones deben ser entidades de utilidad pública.

No obstante, la Letrada de la Junta de Andalucía viene a responder textualmente al recurso de nuestra asociación, entre otros, con el artículo 9.3 del Convenio de Aarhus de manera resumida, donde dice que “cada Parte… contemplará el establecimiento de mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el acceso a la justicia”, añadiendo ésta al final de la frase “pero no lo comparte”. Es alarmante que la Letrada venga a “no compartir” lo que dice el Convenio, en vez de acatar. Cumpliendo los requisitos que la citada ley advierte de obligatorios, como son llevar constituidos más de dos años y tener como finalidad la defensa medioambiental. En el caso de Ecologistas en Acción a lo largo del territorio español, se han obtenido demasiados resultados desestimando el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, con las mismas alegaciones. Esta situación ha provocado que el Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus advierta seriamente al Estado español con la posibilidad de ser suspendido de los derechos y privilegios especiales que le proporciona el Convenio o incluso de ser condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la reiterada y grave vulneración de un acuerdo internacional.


Nuestro caso particular es que hemos sido codemandados por una perrera de la provincia, la cual nos atribuye la responsabilidad de haber cerrado sus instalaciones por diversos comentarios realizados acerca del servicio y cuidado acometido a los animales, que según el representante de la perrera han sido motivo de daños contra el honor y por los cuales nos pide la suma de 18.000 euros. En caso de no tener acceso a la asistencia jurídica gratuita como ONG, la Junta de Andalucía nos dejaría en total indefensión y ni podríamos defendernos porque los procesos judiciales requieren de bastante solvencia económica, la cual intentamos mantener para salvar animales, no para defendernos en los juzgados de acusaciones de empresarios que se lucran de los animales dando un servicio bastante cuestionable.

Este éxito lo celebramos como una victoria contra una Junta de Andalucía que no puede hacer caso omiso a los acuerdos europeos afanándose en no compartirlos. Es bastante alarmante que la Junta de Andalucía tenga que ver cómo un juzgado resuelve una cuestión donde la Administración no tiene competencias más que para obedecer la ley, sin darle otra interpretación o estar de acuerdo. No sólo se ve obviada la ley posterior, del año 2006 frente a la de 1996, siendo la primera el desarrollo del acceso a la justicia gratuita en cuestiones medioambientales. Esta no es más que la respuesta de Europa ante el ofrecimiento desinteresado de las organizaciones ante la gran responsabilidad que tenemos todos en la preservación de los espacios naturales, defensa de la flora y de la fauna. El principio de un  empoderamiento para litigar por la naturaleza y los animales.

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