OPINIÓN. Desde las trincheras. Por Rafael Arredondo
Presidente del Colegio del Trabajo Social de Málaga

16/04/14. Opinión. Rafael Arredondo publica en su nueva columna en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sus impresiones acerca de la problemática de la vivienda en Andalucía y en España. Lo hace a raíz del conflicto de “alto nivel” que se ha vivido recientemente en el Gobierno andaluz, entre sus dos socios, PSOE e IU, a cuenta de un realojo en pisos del parque público de unas familias desalojadas de una corrala.

La vivienda, medio e instrumento de inclusión: un derecho

A estas alturas nadie puede poner en duda que la privación de una vivienda digna se ha de considerar como una de las manifestaciones más visibles de la pobreza y la exclusión social (Navarro, 2005), afectando a otros elementos colaterales como el absentismo escolar, la falta de salud física y psíquica, conflictos familiares, desempleo, etc. Todos ellos se sitúan como agravantes en cuanto a costes sociales que inciden en la vulnerabilidad para iniciar un proceso de exclusión social (Laparra, 2007).

EL que los ciudadanos dispongan de una vivienda digna como derecho es una responsabilidad de las administraciones públicas, tal y como recuerda el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”), el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (“El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”), o el tan aludido artículo 27 de nuestra Constitución (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”).

PERO esta obligación por parte de las administraciones viene siendo olvidada y no atendida. En el período de 1997 a 2012 se inició en España la construcción de 6.977.176 viviendas, más de cuatrocientas mil anuales. De ellas, el 86% fueron de promoción libre y tan sólo el 14% de promoción pública. Según el último censo de viviendas, España dispone de más de veinticinco millones de viviendas, de las que el 14% se encuentran vacías (3.443.365 viviendas).

NO solamente las administraciones dejaron de lado la función social de la vivienda al no promocionar éstas con carácter público, haciéndolas accesibles económicamente a la mayoría de la población, sino que la utilizaron como bien de inversión y de especulación obteniendo con ello grandes réditos económicos. Por poner un ejemplo por aquello de que estamos en Málaga, aunque podría ser extrapolado a cualquier otra provincia de parecidas características, el Ayuntamiento de la capital realizó una previsión de ingresos en su presupuesto del año 2006 en aquellos aspectos relacionados con la construcción de más de 211 millones de euros. Suponía el 22% del total del presupuesto. En los mismos conceptos, en el presupuesto del año 2013, estos ingresos se redujeron a tan sólo 14 millones, representando el 2% del total del presupuesto, lo que ha supuesto una disminución del 93% del año 2006 al año 2013.

ANTE esta situación, por todos conocida, la realidad en cuanto a desahucios que se viene viviendo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria sigue sin ser abordada con los medios y con la urgencia que se merece. Málaga se sitúa como la primera provincia andaluza con mayor número de lanzamientos (desahucios) realizados positivamente, llegando a superar los nueve mil en los últimos seis años. Más de treinta mil en el conjunto de Andalucía.

DE ahí que lo vivido recientemente en el Gobierno andaluz, donde se ha generado todo un conflicto al más alto nivel a la hora de dar solución a un problema que lleva años sin abordarse de manera contundente, hace que surjan muchas preguntas para las que a veces no se encuentran explicaciones.

LOS Trabajadores/as Sociales, como profesionales de referencia en los Servicios Sociales, deberíamos estar de manera constante alertando y exigiendo respuestas adecuadas a esta problemática, que sólo pasa por una solución: la existencia de viviendas suficientes.

ES inasumible que miles de personas se encuentren en una lista de espera que les incapacita a la hora de desarrollar un proyecto de vida, facilitar alojamiento a sus hijos o que les subyuguen a las puertas de procesos de exclusión. Es prioritario que se establezcan objetivos calendarizados donde se ponga fecha a esos cientos de miles de ciudadanos malagueños y andaluces que esperan una vivienda digna. Que la vivienda sea considerada de una vez por todas como un derecho de la ciudadanía y que, como tal sea un instrumento que venga a facilitar cuotas de bienestar social. Que su gestión se incorporase al Sistema Público de Servicios Sociales, superando los intereses especulativos y meramente económicos a los que hasta ahora se ha ceñido y, presumiblemente, quieren continuar ciñendo.

PUEDE leer aquí anteriores colaboraciones de Rafael Arredondo:
- 26/03/14 Salario Social en Andalucía
- 05/03/14 Ley de Servicios Sociales de Andalucía, veintiséis años después
- 24/01/14 Precariedad
- 30/12/13 Qué pasará con la prevención
- 27/11/13 Los derechos sociales más allá del juego de los mercados