“Para Benahavís esas tierras eran urbanas y, en Marbella, sin Plan General de Ordenación Urbana legalmente aprobado desde el año 1962 [sí 62], eran rústicos. Lo cual quiere decir que cualquier construcción allí existente es ilegal y, por tanto, carente de un valor real de mercado”

OPINIÓN. Bajo las alcantarillas
Por Manuel Fernández Valdivia. Empresario de San Pedro Alcántara

08/11/21. Opinión. El empresario Manuel Fernández Valdivia, en su habitual colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, escribe sobre los intentos de Ángeles Muñoz de ‘regalar’ unos terrenos de Marbella a Benahavís, curiosamente justo donde se encuentra su casa: “Afectan a la finca ‘El Colorado’, donde se ubica la casa de la alcaldesa marbellí, y pretenden la “legalización en situación de fuera de...

...ordenación, de las construcciones existentes en la franja discutida””.

Las manidas lindes entre Benahavís y San Pedro Alcántara

Ya sé que todos estamos más que hartos de este asunto, del que ríos de tinta han corrido y, les aseguro, que seguirán corriendo. Ya verán porqué.

Para no alargarme en la introducción, recordemos que desde que Ángeles Muñoz llegase políticamente a estas tierras, vía Ayuntamiento de Benahavís, su máximo interés ha sido convertir unos terrenos, parece que en tiempos propiedad de su ahora investigado marido, situados al norte de San Pedro Alcántara, y desde hace siglos pertenecientes al término municipal de Marbella. Tras haber sido concejala y teniente alcalde de éste Ayuntamiento, fue redactado un Plan General de Ordenación Urbana que invadía, casualmente, esos terrenos donde, para más inri, se encuentra su mansión, la cual desea vender por unos 12 millones de euros, habiendo sido tasada en una peculiar operación de crédito por un banco de Luxemburgo en 5 millones de euros allá por el año 2010.


Hasta aquí podríamos estar ante un error “involuntario” del redactor del susodicho plan urbano. Pero como muy bien ha apuntado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con esta “delimitación del término municipal de Marbella en su linde con Benahavís, que despoja al Municipio Marbellí de parte de su término” y que, por tanto, “el límite ahora fijado entra en contradicción con la linde histórica”, sobre todo, en la conocida finca “El Colorado”, lugar donde se ubica la “casa rosada” de la alcaldesa marbellí, con la pretensión de incluir “la legalización en situación de fuera de ordenación, de las construcciones existentes en la franja discutida”, ya que para Benahavís esas tierras eran urbanas y, en Marbella, sin Plan General de Ordenación Urbana legalmente aprobado desde el año 1962 [sí 62], eran rústicos. Lo cual quiere decir que cualquier construcción allí existente es ilegal y, por tanto, carente de un valor real de mercado. Seguro que entienden perfectamente por dónde van los tiros.

Pues bien, después de intentar reiteradamente mover las lindes hacia Benahavís, anularse el PGOU de 2010 en Marbella, unas cuatro o cinco sentencias en contra de replantear esas nuevas lindes e, incluso, recientemente ser anulado también el Plan Urbano de Benahavís, a la alcaldesa de Marbella, con nuestro dinero, no se le ocurre otra cosa que seguir pleiteando y recurriendo este asunto en los tribunales, no sin conseguir la inestimable ayuda de sus fieles escuderos de Opción Sampedreña que, por conseguir un sillón en el Ayuntamiento de Marbella, cual grupo de mercenarios, traicionaron al movimiento antideslindes “Ni un metro de Marbella para otra población”, al que inicialmente pertenecían, adhiriéndose a las teorías y pretensiones del Partido Popular de Marbella para, por la cara, regalar a Benahavís unos 196.000 metros cuadrados.


Hace un par de semanas, conocimos una nueva patada que, en este caso el Tribunal Supremo daba al Equipo de Gobierno popular, diciendo más o menos que ni se les ocurra aparecer por allí otra vez con las “manidas lindes”, ya que sus pretensiones, “en los términos en los que ha sido preparado el recurso, [carece] de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, dado el marcado casuismo que preside las cuestiones suscitadas, vinculadas a los aspectos circunstanciados del pleito.” No se aprecia, por parte del Ayuntamiento de Marbella, “fundamentación suficiente” para que el Supremo entre a valorar una cuestión hartamente vista por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga, imponiendo además “las costas procesales a la parte recurrente [el Ayuntamiento], cuyo limite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, se fija en 1.000 €, más IVA.” Otra gracia porque, como decía, toda esta batalla que beneficia solo a una persona, la estamos pagando entre todos los ciudadanos del municipio. No solo las costas, sino la ya supongo millonaria cuenta de los “importantes” despachos “profesionales” del derecho a los que Ángeles Muñoz se agarra como salvavidas ante un asunto que no tiene pies ni cabeza, dado que pretende modificar unas lindes históricas cartografiadas, amojonadas y fijadas [irónicamente] hace tres días, en 1873.

Por cierto, vaya papelón el de los supuestos servicios jurídicos municipales. Para escribir al dictado de la alcaldesa no hace falta una carrera universitaria. Les dice el TSJA respecto de la anulación del PGOU de 1986: “tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento urbanístico, el órgano competente para su tramitación, solicitará a la Consejería competente en materia de salud, de acuerdo con el Artículo 32.1.2.a. de la LOUA, el informe de evaluación de impacto en salud.” Visto que faltaba el conocido documento de impacto ambiental, en una primera revisión, esta memoria es exigida por la Junta de Andalucía, pero los señores letrados del Ayuntamiento, emitieron un “informe jurídico” en el que defendían no ser necesario aportar todos estos estudios al PGOU que se adaptaba, a lo que el Tribunal les corrige diciendo que, “frente al primer motivo de impugnación de la demanda, atinente a la falta de informe de evaluación de impacto sobre la salud, el Ayuntamiento de Marbella nada dijo en su escrito de contestación. Guardó silencio.” Ni se defendieron, a sabiendas de que la ley lo exige y, ellos, a conciencia, negaron tener que aportarlo.

Menos mal que no todos los jueces, magistrados y fiscales se venden, como estamos acostumbrados en Marbella. Eso sí, aun queda el comodín del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué sorpresa nos traerá la nueva redacción respecto de las lindes?

Por ahora, nada más Señoría, no hay más preguntas.

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